Ante el inminente tratamiento legislativo de la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, desde la Red Argentina para el Desarme (RAD) manifestamos la necesidad de crear instancias que permitan la participación de la sociedad civil en su implementación para aumentar la efectividad del plan.
El Programa Nacional fue creado hace más de 10 años en el marco de la declaración de emergencia en materia de armas de fuego, siendo prorrogado en numerosas oportunidades. Durante este tiempo, el plan se ha constituido como una exitosa política pública que logró la entrega de más de 175.000 armas de fuego y fue premiada por las propias Naciones Unidas en el año 2013 por su enorme valor para cumplir con los objetivos de controlar la proliferación de armas de fuego y prevenir riesgos relacionados. Asimismo, es un caso excepcional por superar las diferencias partidarias y convertirse en una verdadera política de Estado, teniendo en cuenta el constante y unánime apoyo brindado a lo largo de los años por todos los sectores políticos.
Sin embargo, no podemos dejar de resaltar que los resultados del plan no han sido constantes a lo largo de estos 10 años. Esos vaivenes en la cantidad de armas recibidas fueron coincidentes con el mayor o menor espacio que el Estado le brindaba a las organizaciones de la sociedad civil en la ejecución del Programa.
Haciendo una mirada retrospectiva, podemos concluir que existieron dos grandes etapas dentro de la historia del plan. El primer período, entre julio de 2007 y diciembre de 2008, se caracterizó por la fuerte presencia de la sociedad civil en la elaboración, diseño, puesta en marcha y participación en los puestos de recepción. Gracias a ese trabajo conjunto, el promedio de armas recibidas fue de 128 por día.
Pese a esos buenos resultados, en las siguientes etapas la sociedad civil fue relegada en la ejecución del plan. Esto se debió, entre otras razones, a que algunos funcionarios consideraron que si el Estado era quién financiaba el Programa, debía ser también quien lo ejecutara de manera exclusiva. Tras esa decisión, la recepción disminuyó a un promedio de entre 30 y 40 armas por día.
Esta enorme diferencia nos permite resaltar la necesidad de volver a diseñar y fortalecer al trabajo en conjunto entre el Estado y la Sociedad Civil. La discusión del proyecto de prórroga del Programa es una excelente oportunidad para hacer efectiva la participación de la comunidad a través de un órgano ya existente, el consejo consultivo, u otro tipo de instancia formal de articulación que siente bases sólidas para fortalecer ese trabajo conjunto.
Sin embargo, que la premura por la prórroga no impida institucionalizar por ley la participación activa de la sociedad civil. Para tener en consideración, si bien el Programa está vigente desde el 1º de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017, la implementación de éste no se inició sino hasta el 1º de junio de este año. Desde la Red deseamos que las próximas prórrogas del Programa garanticen las mejores condiciones para un buen resultado de esta política. Para esto, el Congreso tiene un rol fundamental permitiendo la posibilidad de la prórroga y también extremando el control sobre la implementación de la política.
De ese modo, la participación de la sociedad civil, que ha dado muestras de sus buenos resultados sin costo alguno para el Estado, dejará de depender de manera exclusiva de la buena voluntad de los funcionarios que temporariamente deban llevar adelante el Programa. En última instancia, cada arma que el Estado deja de recibir es una posibilidad más de lesiones o muertes en la sociedad.