Bariloche, 25 de Noviembre de 2017
La Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho indígena (AADI) se dirige a los tres Poderes del Estado –y dentro de éstos a las instancias específicas relacionadas con los hechos de violencia acaecidos en la comunidad Lafken Winkul Mapu, a fin de manifestar una profunda preocupación, expresar un enérgico repudio y denunciar los hechos de violencia que son de público conocimiento, iniciados con el desalojo por fuerzas de seguridad –con orden del juez federal Villanueva- de la comunidad Mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, en la madrugada del jueves 23 de noviembre del corriente año, en la zona del lago Mascardi, en la provincia de Río Negro, y que hasta el momento se ha cobrado al menos la vida de un integrante de la comunidad y dejó numerosos heridos. Este desalojo intempestivo y violento se suma a los numerosos desalojos que sufren recurrentemente los pueblos indígenas en Argentina, y las víctimas que genera la violencia desatada por el Estado se van incrementando, generando un estado de situación cada vez más grave y complejo que vulnera todos los derechos humanos fundamentales vigentes.

Como Asociación que promueve los derechos indígenas y que acompaña a las comunidades indígenas en su lucha para que éstos efectivamente se cumplan y que el Estado los garantice -una obligación estatal, traducida en numerosa legislación internacional y nacional- condenamos la cada vez más frecuente utilización de la violencia estatal para lidiar con los conflictos que se presentan.

La demora estatal en dar una solución a dichos conflictos territoriales en todo el país obliga a las comunidades a optar por estrategias de recuperación que profundizan las tensiones entre Estado y pueblos indígenas, generando escenarios en donde la persecución, criminalización y hostigamiento de las comunidades por parte de las fuerzas de seguridad del Estado nacional y Estados provinciales se ha convertido en su respuesta privilegiada. Los así llamados “choques violentos” que van dejando heridos y muertos indígenas y no indígenas que se solidarizan con esa lucha –como fue el caso de Santiago Maldonado- pretenden profundizar el estereotipo del indígena violento y terrorista que ataca a fuerzas de seguridad que sólo se defienden, cuando la disparidad de recursos es evidentemente desigual y cuando la violencia estatal nunca puede ser justificada precisamente por su concentración notable de poder.

Exigimos a las autoridades estatales que detengan la violencia instalada en la zona, demandamos la apertura de espacios de diálogo a fin de encontrar en conjunto las mejores vías de superación de los conflictos (que no impliquen criminalización y persecución), a la vez que reclamamos el respecto por los derechos indígenas y el cumplimiento de las obligaciones estatales asumidas frente a los pueblos indígenas y por ende frente al pueblo mapuce.

Adhieren:
Asociación Pensamiento Penal – APP
CEPPAS – GAJAT
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen
INECIP
Maestría en Derechos Humanos – Universidad Nacional de Salta
Movimiento de Profesionales para los Pueblos – MPP