A la desjerarquización del Ministerio de Mujeres, género y diversidades, se suma ahora la decisión gubernamental de cerrar la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, un acto alarmante de retroceso en el compromiso nacional con la igualdad y la erradicación de la violencia. Este drástico paso refleja un claro menosprecio de la lucha feminista y de las víctimas de violencia de genero.

La disolución de este organismo es una afrenta directa a los derechos fundamentales de las mujeres y las personas LGBTI+. Como bien han señalado lxs trabajadorxs estatales, por primera vez desde 1992, cuando se creó el entonces Consejo Nacional de la Mujer, deja de existir una entidad gubernamental responsable de coordinar estas políticas. 

El cierre de la institución implica la pérdida de una estructura institucional crucial, dejándola sin dirección ni recursos económicos o humanos para la motorización de programas o leyes esenciales en la prevención e intervención directa ante situaciones de violencia.

Se compromete de esta manera la capacidad estatal para abordar eficazmente la prevención y el combate de la violencia de género violando obligaciones estatales asumidas en múltiples instrumentos internacionales. A modo de ejemplo, la recomendación N°35 de la CEDAW, convención implementada por el estado nacional a través de la Ley 23.179 de la Nación establece dentro de sus obligaciones para el estado nacional, en su punto 22, la obligación de “contar con un marco jurídico y de servicios jurídicos efectivo y accesible para hacer frente a todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer cometidas por agentes estatales”.

Es inaceptable que en un contexto donde según la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación se comete un femicidio cada 35 horas, el gobierno opte por desmantelar los avances logrados en materia de políticas de género. No es posible fortalecer una política de persecución de la violencia y de respuestas desde un poder ejecutivo que se desentiende de sus responsabilidades, degradando institucional y presupuestariamente la agenda de género.

Nos solidarizamos con todas las personas afectadas por esta medida y exigimos una rectificación inmediata por parte del gobierno. La lucha contra la violencia de género debe ser una prioridad incuestionable de cualquier democracia.