Por Hernán Lascano para el diario La Capital
La semana pasada arrancó un juicio oral en los Tribunales provinciales que confronta a dos hombres desesperados. Uno es el marido de una mujer asesinada en Alberdi hace dos años cuando bajaba del auto en la puerta de su casa. El otro es el acusado. Cada parte llega con su historia: el fiscal se sostiene en el esposo desconsolado que refiere sin dudas que el hombre juzgado es quien le disparó a su mujer; el defensor se basa en el argumento empecinado del acusado que jura no haber estado nunca ahí. En la cornisa del llanto, ambos dicen que les arruinaron la vida. Uno porque fue despojado de la mujer que amaba, el otro porque hace dos años que está en el infierno, lejos de su mujer y su hija, por algo que jura no haber hecho.
La fiereza con que cada uno defiende su convicción colma de estupor el proceso en torno de la pregunta crucial. ¿Está allí el homicida? En la rueda de reconocimiento de personas el viudo, al identificar sin vacilar al acusado entre cuatro hombres muy parecidos, se desmayó. El día que el fiscal propuso al imputado una pena menor si se declaraba culpable éste se opuso con vehemencia. “Cómo voy a aceptar un sólo día de condena por algo que no hice”, le dijo a su defensor.
Si no surge algo que deje en claro si el acusado es culpable o no, al juez le será difícil sentenciar en este caso, el asesinato de Araceli Ramos. Porque no deberá decidir por lo que sabe de derecho sino por lo que analice, como un hombre común, lo que se vio en el juicio. Casos como este son ideales para introducir en los juicios a un actor colectivo que, además de ser una exigencia constitucional, vuelve a los veredictos más potentes: el jurado popular. Eso se decía en los pasillos de este dramático proceso. Porque estas historias no se definen desde el conocimiento jurídico sino desde la valoración de si la prueba es válida para condenar —lo que requiere plena certeza de que el acusado cometió el delito— o no alcanza y corresponde absolver.
Proyecto. El juicio por jurados es ventajoso porque otorga más imparcialidad al veredicto ya que la decisión no está basada en un juez sino en un jurado que no está involucrado en el trámite previo. Por eso proporciona mayor equidistancia y más transparencia a la Justicia.
En Santa Fe está todo dado para que esto se dé. Rige en la provincia un sistema acusatorio que habilita la introducción del jurado popular. El ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, dijo a este diario que este año el gobierno remitirá un proyecto de ley para que doce representantes de la ciudadanía se sienten a pronunciar los veredictos en delitos de gravedad o importante conmoción pública. Los partidos con representación legislativa están de acuerdo y hubo tres iniciativas recientes, todas muy semejantes, presentadas a la Legislatura. Los órganos que contienen a los fiscales y los defensores de la provincia también auspician la idea.
Para ser jurado casi no hay restricciones: tener entre 18 y 75 años, saber leer y escribir y comprender el español. El cuerpo debe tener paridad entre sus miembros y por ello están excluidos quienes la quiebren por el conocimiento que ostenten o su posición en la sociedad. Así están impedidos los funcionarios políticos, los ministros religiosos, los abogados, escribanos, miembros de las fuerzas de seguridad en actividad o retirados entre otros.
Cualquiera. Las ideas refractarias a un jurado popular aluden a las carencias técnicas de un ciudadano común que no sabe nada de derecho. “Pero a los abogados en la Facultad de Derecho les enseñan sobre normas y no a valorar pruebas, que es algo que corresponde a la experiencia de vida y al sentido común. Hay un estudio en Estados Unidos que demuestra que el 97 por ciento de las veces lo mismo que resuelve un jurado popular lo habría resuelto también un juez técnico porque lo que es evidente lo reconoce cualquiera”, dice Gustavo Franceschetti, defensor Regional de Rosario y miembro de la Asociación Nacional de Juicios por Jurados.
Culpable sí o no. El jurado debe emitir un veredicto de culpable o no culpable. Para eso no hay que ser abogado. Si alguien es creíble o si un hecho está sostenido o no en evidencia es algo que cualquiera puede determinar. De hecho es lo que hará en soledad el juez que defina el proceso del asesinato con el que se inicia esta nota.
“En casos dudosos doce personas tienen más fuerza que un juez técnico. El valor de convicción de un veredicto de 12 personas es muy alto y la ciudadanía no lo cuestiona porque son doce pares elegidos casi al azar. Las cuestiones de derecho las manejan el fiscal, el defensor y los jueces. Se les explican reglas básicas al jurado y se les dan las posibilidades de veredicto. El derecho tiene que ser explicado de tal modo que lo entienda cualquiera”, dice Franceschetti.
La experiencia internacional indica que los jurados no se dejan atravesar por la conmoción que produzca un tema sino que toman con gran compromiso su tarea. Decidir sobre la libertad de una persona es más fuerte que decir cualquier bravuconada.
Para la Constitución los juicios por jurados son para crímenes que prevén pena perpetua o causen gran conmoción pública. En Rosario se celebran 60 juicios orales por año de cualquier tipo de delito y se estima que de éstos 30 pueden llegar a ser por el delito considerado en juicio por jurados. Poco más de dos por mes.
Según Franceschetti, sostener el jurado para esos juicios implica menos del 1% ciento del presupuesto del Poder Judicial de Santa Fe. “Se calculan unos 500 mil pesos por juicio como máximo. A los jurados se les paga por día uno o dos unidades jus (arancel judicial) si lo piden y si no son empleados estatales, ya que en ese caso se les asignan los días”.
Sorteo. Los jurados se eligen del padrón electoral por sorteo de lotería. En la provincia de Buenos Aires, que tiene juicios por jurados, los listados de este año se hicieron con todos los ciudadanos cuyos DNI terminen en 180 y 742. Esa selección luego se depura con un nuevo sorteo. Se terminan mandando cartas a 48 ciudadanos dos meses antes del juicio. Se hace una selección de 30 que son entrevistados. Sobre esa base el día previo al juicio se escogen los 12 considerados más imparciales. Estos arrancan las audiencias en general sabiendo poco o nada del caso sobre el que se pronunciarán. Si el acusado es culpable, el juez determinará el monto de la pena.
Iniciativas con mucho en común
“Estamos trabajando en un proyecto de jurados populares que tiene grandes semejanzas con otros ya presentados en la Legislatura. Como es algo previsto en la Constitución y hay un variado consenso creemos que el tema será debatido este año”, dijo el ministro de Justicia santafesino, Ricardo Silberstein.
El ministro dijo que se conformarían jurados para casos graves o de gran conmoción y sostuvo: “Los costos no son excesivos porque es para delitos acotados. El proyecto está en el programa del gobernador por lo que este año elevaremos una iniciativa propia a la Legislatura”. En 2006 el diputado socialista Raúl Lamberto presentó un proyecto y recientemente promovieron los suyos tres legisladores: el senador radical Hugo Rasetto, el diputado peronista Leandro Busatto y su par del ARI Ariel Bermúdez.
Sólo tres provincias aplican el juicio por jurados. Córdoba lo hace desde 2005 con un jurado que alterna miembros técnicos con legos. La provincia de Buenos Aires y Neuquén lo tienen desde 2014 sólo con jurados populares (la primera requiere 10 votos sobre 12 para condenar y la segunda 8). Río Negro lo implementará desde el año próximo.
En Buenos Aires los juicios por jurados populares fueron 35 durante 2015. En 19 los veredictos fueron de “culpabilidad” y en 16 se determinó la “no culpabilidad”. Los delitos juzgados fueron homicidio (17 casos), tentativa de homicidio (9), robo con arma (6), abuso sexual (1), secuestro extorsivo (1) y comercialización de estupefacientes (1).