Alberto Binder tiene la virtud de explicar en un lenguaje sencillo aquellos conceptos complejos propios del tecnicismo judicial. Hace más de veinte años que pregona la necesidad de que el servicio de justicia deje atrás los instrumentos inquisitoriales. El reconocido jurista y especialista en reformas procesales penales en varias provincias y países de la región pasó por Bariloche, donde disertó sobre la temática en una conferencia que organizó el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia. Allí, “Río Negro” lo entrevistó.
–¿Por qué dice que Río Negro tiene que apurar el paso para la reforma procesal penal?
–Creo que Río Negro en los últimos años se ha enfrentado a formas de criminalidad que se van instalando, a sociedades más conflictivas, policías que necesitan ser controladas y construir un nuevo profesionalismo. Porque Río Negro o Bariloche se encuentran con una sociedad con más afluencia de turismo, más compleja… es decir, ha mutado mucho esta sociedad y, por lo tanto, tiene que renovar sus instrumentos. Creo que en los últimos años las provincias linderas patagónicas han dado un paso adelante y esto hace que sea un buen momento para que se homogeneice la visión de los sistemas procesales.
–En ciertos sectores de la ciudadanía creen que la reforma procesal va a repercutir en una reducción de la delincuencia.
–Lo primero que hay que explicar con claridad es que no hay ninguna receta mágica. Nadie en ningún lugar del mundo hace dos o tres medidas y resuelve el problema de la criminalidad o de la violencia en las sociedades. Es un problema que lleva mucho esfuerzo y muchos años a veces resolver porque requiere medidas complejas. Lo que es cierto es que para enfrentar esas tareas uno tiene que tener instrumentos más idóneos. Hoy, un ministerio público que no asume la responsabilidad de organizar el sistema de investigación de los delitos es un ministerio público que está por abajo de las necesidades sociales. Esto no quiere decir que de hacer estos cambios automáticamente se vaya a reducir la criminalidad, no. Significa que la sociedad va a estar más preparada para elaborar planes político-criminales, planes de control de la criminalidad mucho más modernos y complejos que lo que hoy se hace. No es que automáticamente se reforma el código y disminuye la criminalidad. Ni tampoco la va a aumentar. Eso va a depender de los planes que se hagan a partir de contar con nuevos instrumentos.
–Sin el respaldo político, ¿una reforma procesal es imposible?
–Respaldo político acá en Río Negro existe. A fines del año pasado se aprobó en general en la Legislatura el nuevo Código Procesal Penal y ahora la Legislatura ha comenzado a discutir artículo por artículo.
–¿Demanda muchos recursos implementarla?
–En el caso de Río Negro le diría que no. Posiblemente haya que invertir en la modernización de algunas oficinas, en algunos edificios, en algunas estructuras que necesitan ser fortalecidas, pero también hay que hacer una gran reingeniería de las organizaciones actuales.
–En la provincia del Neuquén se implementó, en enero pasado, la reforma judicial y hay un tema que está haciendo ruido: la prisión preventiva. El gobernador Jorge Sapag presentó un proyecto de reforma…
–El proyecto que presentó el gobernador, y al que la Legislatura no dio todavía tratamiento, es exagerado. Lo que sucedió es que, en el modo como habían organizado ellos (por el Poder Judicial de Neuquén) la transición, todos los casos del sistema anterior debían ser revisados conforme a las nuevas reglas. Pero la verdad es que el porcentaje de casos en los cuales no se aplicó prisión preventiva fue muy bajo. Unos pocos casos, que tienen mucha repercusión pública, generaron un debate. Pero no creo que prospere esa reforma porque hoy las normas sobre prisión preventiva están fijadas en bases constitucionales y jurisprudencia de la Corte Suprema y los códigos no influyen demasiado.
–¿Qué recomendaría para Río Negro?
–Hay que manejar bien la transición de un sistema a otro, que es en lo que Neuquén se descuidó un poco y generó estos problemas. El pase de un sistema anterior al nuevo, cómo engarzar el nuevo con el viejo, requiere un trabajo de planificación bastante preciso.
–Con respecto al juicio por jurados, ¿hay oposición de la FACA y de otros sectores?
–No siempre hay oposición.
–El juez Zaffaroni no está de acuerdo con el juicio por jurados.
–Zaffaroni no está de acuerdo con algunos modelos de juicios por jurados, pero la Constitución nuestra lo convierte en obligatorio, no es un invento, es una norma que está desde hace 150 años en la Constitución y que recién ahora un conjunto de provincias lo está activando, como Córdoba, Buenos Aires y Neuquén, y tiene que ver con esta apertura de las puertas y ventanas de la Justicia a la ciudadanía.
–¿A qué atribuye la resistencia?
–En general, a los abogados les cuesta perder el monopolio sobre la Justicia, pero también han convertido a la Justicia en una especie de gueto profesional que luego la sociedad no entiende lo que pasa. El jurado es una institución que obliga a la Justicia a abrir las puertas, a hablar en otro lenguaje, a mostrarse a la sociedad de un modo más transparente.
–Usted mencionó que era un poco de aire fresco.
–Es oxigenar sistemas judiciales que están altamente burocratizados, que están a veces enamorados de su propio lenguaje, que pierden el sentido común. Generar esta apertura que no es para todos los casos, es para casos graves, donde se trata de homicidios o de muertes, no es para casos complejos. Es una herramienta que ayuda a un nuevo diálogo entre la administración de justicia y la sociedad.
–¿Cómo tiene que ser la relación del Poder Judicial y la Policía con la reforma?
–Hay que construir un nuevo modelo profesional de policías. Y esto se va a tener que hacer necesariamente en el diálogo entre un nuevo ministerio público y una nueva policía, que son dos instituciones que en los próximos años van a tener que evolucionar mucho y trabajar mucho en común.
–¿Cómo salen los jueces o fiscales de ese concepto de la mirada de criminalidad boba que mencionó?
–No nos estamos dando cuenta de cómo se instalan negocios, redes y mercados de criminalidad que son más inteligentes que las respuestas que está dando el Estado. Se sale con una planificación estratégica, con un trabajo conjunto, con tener información, con un monitoreo permanente sobre si lo que estoy haciendo tiene efectos sobre la criminalidad real, si no tenemos a fiscales y policías que juegan al fútbol mirando la pelota. Y acá necesitamos pararnos, mirar la cancha y saber distinguir cuándo la pelota va afuera y cuándo estamos metiendo un gol.
–¿Cree que es el momento oportuno para una reforma del Código Penal?
–Los códigos penales requieren de una legislación que lleva mucha discusión. Me parece bien que se haya encarrilado el debate después de tantos chisporroteos. Ahora hay que abrir la participación y darle tiempo para que el debate madure, porque los códigos penales se cuecen a fuego lento. Cada artículo genera opiniones distintas, porque cada artículo tiene una biblioteca atrás.
–¿Se necesita una reforma urgente del Código Penal?
–No es urgente. Es una reforma que hay que hacerla a fuego lento.