Por Patricia Coppola, integrante de la Comisión Directiva del Inecip, para el diario Comercio y Justicia

¿Cuál es la importancia del debate por el Consejo de la Magistratura?

Hay que tomar conciencia que estamos dando una de las discusiones más importantes en términos del diseño del Poder Judicial Federal de las últimas décadas. Ni siquiera cuando se creó el Consejo en la Constitución de 1994 se generó un debate importante. La primera ley del Consejo de la Magistratura responde a un arquetipo de funcionamiento  que básicamente entrega el funcionamiento del Poder Judicial a las corporaciones judiciales y políticas. Esto tiene una gravedad enorme en términos institucionales para el país.

¿Cuáles son los ejes principales de la discusión actual?

Hay tres ejes fundamentales. El primero tiene que ver con la conformación, donde lo central no es la cantidad de miembros, sino que  permita una representación real, full time. No es admisible que se sienten en el Consejo los jueces y diputados que tienen que estar cumpliendo tareas específicas en otro lado. El segundo eje se refiere a la modernización de la administración del Poder Judicial Federal, donde desde hace 20 años hay una disputa entre un Consejo que no asume totalmente las facultades constitucionales y una Corte Suprema que las ejerce ilegalmente. Es decir, la Corte ejerce un poder de administración que no le concede la Constitución. Finalmente, el tercer eje, y el que considero  más importante, es el mecanismo de selección de los magistrados federales.

¿Por qué es tan importante el debate por el mecanismo de selección de jueces?

El actual mecanismo es malo, hipócrita, mentiroso y está al servicio del mercado y del tráfico de influencias que gira alrededor de cada juez. Para que así suceda se necesita precisamente generar un exámen de baja calidad, donde nadie sabe cómo se realiza. Los concursos se extienden en el tiempo considerablemente, lo que favorece la existencia de cargos interinos. A su vez, este sistema genera un lobby permanente para conseguir padrinos o para neutralizar la acción de otros. Durante el largo tiempo que demoran los concursos, los candidatos tienen que desplegar ritos de sumisión y prometer todos los favores, de modo que se sepa con claridad que se llega a ser juez con un padrino de la política o de algún sector del Poder Judicial.

En 2013, desde Inecip presentamos una propuesta para la realización de un doble examen o un doble sistema de selección. Primero, se convoca anticipadamente a quienes pretendan ser candidatos, los que tienen que pasar una batería de exámenes exigentes y se analiza prolijamente los antecedentes. Segundo, se arma una lista de candidatos por orden de mérito, fueros o instancias, con todos aquellos que hayan superado las pruebas. Así, cuando se produce una vacante, por ejemplo, se convoca a los cinco primeros, se les toma otro tipo de examen, pasan a la entrevista y se envía a los seleccionados al Ejecutivo y al Senado donde finaliza el proceso.

Por presión del Inecip, se incorporó a la ley como facultad, que el Consejo realice este tipo de exámenes pero jamás se aplicó. Debe incorporarse el sistema como obligatorio para romper con la dinámica del “cambalache” y del tráfico de influencias alrededor del nombramiento de los magistrados.

¿Cuál es el estado de la discusión actual?

El Senado aprobó una modificatoria de la Ley del Consejo de la Magistratura, pero solamente cambió la cantidad de miembros. Sabemos que en la  Comisión Constitucional de la Cámara de Diputados se está discutiendo seriamente  la posibilidad de establecer el sistema de concurso anticipado o de doble examen. Ya no es una cuestión abstracta sino que el resultado depende de lo que ocurra en los próximos dos meses en el debate de Diputados. En noviembre vencen todos los cargos del Consejo y lo que se quiere es que la elección se produzca bajo la nueva ley.

¿No resulta alarmante la falta de debate en las Facultades de Derecho?

No sólo es alarmante sino que es  muy importante que esta discusión se dé en el seno de las Facultades de Derecho porque los académicos y los docentes forman parte del Consejo de la Magistratura. Uno diría que el cometido principal y la razón de ser constitucional para que estén en el Consejo es para que sean los miembros más celosos de la calidad del sistema de nombramiento en términos de conocimiento.

Nunca, durante todos estos años, el estamento docente ha dado esta discusión, se ha plegado al modelo de examen oscuro y frágil. Pareciera que lo que ocurre con los concursos de la Facultades de derecho, que duran años, son un reflejo del mismo problema.