A tres años de la puesta en marcha del sistema de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, casi el 70 por ciento de los procesos terminaron en condena y hay un fuerte compromiso de los ciudadanos al intervenir en los debates y una enorme conciencia para sancionar los casos de violencia de género.
Este panorama surge de un estudio realizado por la Asociación Argentina de Juicios por Jurados (AAJJ), una de las entidades impulsoras de esta práctica prevista en la Constitución Nacional, pero que por ahora sólo se implementa en tres provincias.
Andrés Harfuch, vicepresidente de la AAJJ y defensor general del Departamento Judicial de San Martín, explicó que “hay un incremento sostenido de la cantidad de juicios que hay y este año vamos a terminar en casi 250, lo cual es muchísimo”.
El especialista destacó que “en estos tres años no ha habido ningún escándalo en los procesos, lo cual muestra un asentamiento de la práctica, que es paulatino porque hay mucha gente que no conoce que este es un derecho del acusado”, que puede elegir ser juzgado por ciudadanos comunes cuando está imputado de un delito con una pena mayor a 15 años de prisión.
De acuerdo al análisis de la AAJJ, el 69 por ciento de los juicios realizados desde 2015 terminó en condena y el 31 en absolución, tendencia que se mantuvo desde el inicio de los debates de este tipo y que fue en aumento cada año.
“Las cifras muestran que el jurado de Buenos Aires se está comportando casi como un jurado de los Estados Unidos, ya que el índice entre condenas y absoluciones es muy parecido al de varios estados norteamericanos, donde se ubican en 70/30 o 69/31 aproximadamente”, explicó Harfuch.
Y agregó que el esfuerzo en capacitación para los abogados y jueces está rindiendo sus frutos y que los veredictos de los jurados por lo general son “socialmente muy aceptados”.
“Hay ganadores y perdedores, pero en general el hecho de que la decisión la toma el pueblo está haciendo un efecto benéfico importante en casos muy graves”, destacó.
Al respecto, mencionó el juicio a Fernando Farré (54), el ejecutivo condenado a prisión perpetua por doce ciudadanos comunes por haber matado a su esposa, Claudia Schaefer (44), en 2015 en un un country de Pilar.
Para Harfuch, este caso “tuvo una potencia muy grande porque fue unánime y fue emanado del pueblo”, por lo que no hubo discusión al punto tal que el propio Farré desistió de la apelación ya que estaba de acuerdo con la pena impuesta.
“Eso es precisamente lo que los constituyentes quisieron al poner al juicio por jurados como obligatorio para los crímenes, esto que no es fácilmente tan perceptible y sólo se lo aprecia en la práctica”, opinó.
Otro aspecto que se ha detectado desde la puesta en marcha del sistema es que los jurados tienen una mirada más amplia que los jueces profesionales en materia de violencia de género.
Por ejemplo, en 2015, en el primer juicio un jurados que se realizó en Azul, un jurado absolvió a una joven de 21 años que había matado a su padre por considerar que había actuado en legítima defensa y por los antecedentes del hombre, que obligaba a su hija a prostituirse.
En caso de ser hallada responsable, la joven enfrentaba la pena de prisión perpetua por tratarse de un homicidio agravado por el vínculo pero los jurados valoraron que la chica atacó a su padre con un cuchillo en medio de una discusión y que en anteriores ocasiones, el hombre había intentado abusar de ella.
Otra cuestión que fue advertida en estos tres años es que los jurados elevan la calidad de la Justicia, según explicó Aldana Romano, directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que encuestó a jueces, fiscales y defensores oficiales que intervinieron en este tipo de debates.
“El jurado está modificando las prácticas y está empujando a que el sistema cumpla finalmente con su misión de un sistema verdaderamente acusatorio. Por ejemplo, ahora los defensores cambian la forma en la que preparan un caso y en la que litigan”, concluyó.
Fuente: Diario El Día