Por Alberto Binder, presidente de Inecip, para el diario La Nación

Ya en 1986 Alfonsín programó una profunda reforma de la justicia federal penal. Recién en 2014 logramos aprobar casi todos los instrumentos legales necesarios para hacerla. Desde entonces, estamos postergando lo que toda la sociedad reclama. Pocas palabras para describir décadas de trabajos, y, antes que nada, una permanente extorsión de muchos jueces federales hacia la clase política, basada en el arte de convertir la sumisión y la manipulación, tanto para perseguir políticamente o garantizar impunidad, en ciclos que acompañan con prolijidad el derrotero de las elecciones. El gobierno prometió acabar con esta lacra de la democracia. Los cinco principales pasos son sencillos y claros:

1. Implementar cuanto antes el nuevo sistema acusatorio para la justicia federal. No hará magia, pero impedirá que exista un actor hegemónico en el proceso penal. Los actuales jueces de instrucción federales se vigilan a sí mismos. Despotismo judicial inadmisible. Existen muchas formas técnicas de acelerar el proceso de implementación, comenzando por la Capital Federal, y el fracaso absoluto del plan de reforma judicial 2020 del anterior gobierno -que prometía acabar con estos males- muestra como el paso a paso por el interior del país se convierte en una negociación permanente para mantener y agravar las cosas, bajo la hipocresía de la prudencia.
2. Prohibir definitivamente y de un modo total a la Agencia Federal de Inteligencia que cumpla tareas de policía de investigaciones. Ese es el espíritu de la Ley de Inteligencia que lo prohíbe, pero dejó una excepción para que en casos muy particulares y por resolución fundada, se pida esa colaboración. La experiencia del descontrol y abuso muestra que hay que acabar con esa excepción o cualquier otra excepción que se quiera mantener. No hace falta que la inteligencia funcione como auxiliar de la justicia, porque ella no está preparada para conseguir y construir prueba válida judicialmente. Tiene otras tareas y otros métodos. De todos modos la actual conducción del sistema de inteligencia debería ser más tajante aún en no autorizar ninguna operación de auxilio judicial, entregar todas las actuaciones a los fiscales correspondientes y proclamar con claridad que ya no participará en investigaciones judiciales ni tendrá relación con los jueces, bajo ningún concepto.
3. Acelerar la creación de la Policía Federal de Investigaciones, lo que se viene realizando a cuentagotas y fraccionando cada vez más el sistema de investigación criminal. Ha sido el juego de intereses entre el sistema de inteligencia y las distintas fuerzas de seguridad lo que ha lentificado este proceso y ello ha impedido avanzar en una mayor coordinación y un uso más intensivo y eficaz de la tecnología incorporada, sobre la base de un organismo rector de las investigaciones criminales federales.
4. En el marco de estas medidas, sí tiene sentido la unificación completa y no parcial de los fueros en la Capital Federal. Unificar los fueros significa jueces de primera instancia, Cámaras de apelaciones y Cámaras de Casación. De la mano de esa unificación es necesario acelerar el traspaso definitivo de la justicia penal a la Ciudad de Buenos Aires. No es necesario trasladar ni jueces ni fiscales, ya que el sistema acusatorio necesitará esos recursos. Existe una enorme cantidad de abogados capacitados en el fuero federal y nacional, que podrán ser fiscales y defensores de la ciudad, mediante los convenios adecuados.
5. Finalmente tomar en serio la reforma del Consejo de la Magistratura. La Constitución Nacional habla de un órgano nuevo y autónomo, no un rejunte de intereses corporativos. Jueces, diputados, senadores en ejercicio -con funciones de tiempo completo- no pueden ser miembros del Consejo. La Constitución dice que ellos deben elegir a los miembros (pocos, los indispensables para mantener el equilibro), no formar parte de él. Es la ley la que ha distorsionado todo el sistema constitucional y creado un sistema de concursos al servicio del sometimiento, que dura años; los años suficientes como para que los candidatos deban favores a las distintas tribus judiciales.

Las decisiones son inmediatas y crearán un horizonte de trabajo que llevará un tiempo, pero que significará el cambio de rumbo y el establecimiento de las nuevas bases que necesita la justicia federal y ha prometido el gobierno nacional. Si se toman decisiones claras, firmes y contundentes, muchas voluntades se sumarán al cambio; si se mantiene la ambigüedad, el juego oscuro, los circuitos informales y otras mañas, se podrá construir una retórica falaz del cambio, pero ya nadie se engaña y nos obligará a seguir bregando por las tareas que ya estaban claras en 1986, porque es evidente que nuestra democracia no puede funcionar con esta justicia federal.