Por Carlos Rodríguez para Página 12

El aislamiento social por la pandemia demostró que “el verdadero peligro para las víctimas de violencia de género” está en los hogares y en ese marco “las armas de fuego juegan un rol fundamental para que esas violencias deriven en resultados letales”. Así lo expresa un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

El INECIP forma parte de la Red Argentina para el Desarme, que ha señalado también en sus informes que “la tenencia y la portación de armas no les da mayor seguridad a los ciudadanos”. En más del 50 por ciento de los casos, los homicidios dolosos con armas de fuego, además de los femicidios, se producen como resultado de “conflictos familiares, vecinales o por venganza”, superando las cifras mortales en situación de robo.

Sobre los femicidios, el INECIP recalca que son “una realidad muchas veces ignorada y hartamente denunciada por los movimientos de mujeres”. Subraya que “la sola disponibilidad de armas de fuego en manos de quienes ejercen violencias extiende el poder que estos tienen sobre las víctimas”, incluso “cuando las armas no fueran disparadas”. Esta situación se agrava porque “los poseedores de las armas son, casi en su totalidad, hombres”, porque “de cada 100 usuarios de armas, 99 son hombres”.

El arma es “un elemento fálico que proyecta los valores de una supuesta masculinidad hegemónica”. La crítica del INECIP es que “llamativamente la incidencia de las armas de fuego sobre las violencias de género no fue un tema identificado en la agenda pública sino hasta hace pocos años”.

Se menciona como un déficit notorio la falta de información oficial “sobre las violencias de género como sobre las violencias con armas de fuego” en general. La situación fue mitigada, en parte, por “los registros de femicidios por parte de la sociedad civil”, aunque todavía falta ajustar cuestiones metodológicas para hacer más precisos los datos que se conocen.

Las mujeres “no son las usuarias ni las compradoras de las armas de fuego, pero sí sufren sus consecuencias”. Esto es así porque “uno de cada cuatro femicidios es cometido con armas de fuego”. En el 16 por ciento de los casos “había existido una denuncia previa, pero el Estado no fue capaz de evitar que el agresor siguiera teniendo acceso a armas de fuego”. Eso se confirma a través de los informes de la línea 144, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. “El 26 por ciento de las víctimas (de violencia de género) señala (en las denuncias) que el agresor dispone de un arma de fuego”.

A pesar de ese dato “y pese a que el secuestro del arma es una medida preventiva prevista en la ley, en 6 de cada 10 casos las víctimas señalan que el agresor sigue teniendo acceso a un arma de fuego”.

Como forma de prevención, el INECIP propicia el diseño de “políticas específicas de limitación del uso de armas de fuego en ciertos sectores (fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, seguridad privada, etc.) y de fortalecer los mecanismos de control sobre el acceso a las armas de fuego por parte de la sociedad civil”.

En relación con los casos de violencia de género protagonizados por miembros de las fuerzas de seguridad, el INECIP recuerda que existen “procedimientos especiales” dispuestos, en 2012 y 2013 por el Ministerio de Seguridad de la Nación “para evitar que la persona denunciada que pertenezca a fuerzas de seguridad pueda llevar el arma a su hogar fuera de las horas laborales”.

Un informe de la Red Argentina para el Desarme señala que cifras de octubre de 2020 indican que en el país hay 1.039.529 usuarios autorizados de armas de fuego, de los cuales 850.000 son civiles y el resto integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad o funcionarios. “Uno de los datos preocupantes es que muchos de ellos tienen sus licencias vencidas, una situación que “se viene sosteniendo en los últimos años”. La Red señala que hay “un enorme déficit estatal en materia de control, que viene desde antes de la pandemia y que la pandemia profundizó”.

En otros informes, la Red advierte que “la tenencia y la portación de armas no le da mayor seguridad a los ciudadanos”.

Los datos difundidos desde el año 2015 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación demuestran, con mínimas variantes, que los homicidios dolosos de la CABA, cometidos con armas de fuego se distribuyen según los siguiente móviles: conflictos familiares 52 por ciento del total; robos 10 por ciento;

Legítima defensa 8 por ciento; con móvil desconocido 28 por ciento.

La Red destaca también que a nivel internacional, las estadísticas dicen que “hay más chances de que el arma en el hogar sea usado con otros fines (accidentes, delitos, suicidios, conflictos interpersonales) que para defensa personal”. La presencia del arma “para defensa personal no protege a su dueño, sino que aumenta los riesgos para él y para su familia”.

Otro problema a tomar en cuenta son las muertes accidentales. “Las armas pueden causar muertes no intencionadas, por su mal uso, o incluso cuando no estaban siendo usadas”.

Y nunca se puede descartar la posibilidad de asesinatos masivos: “Las experiencias de países como Estados Unidos nos muestran que la libre circulación de armas es una carta blanca a asesinatos masivos, que de otro modo no serían posibles”.

Julian Alfie, coordinador del INECIP, sostiene que “las armas no nos protegen frente a la inseguridad o frente a peligros externos. Paradójicamente, éstas no solucionan nada, sino que crean un nuevo riesgo. Las estadísticas demuestran que las armas no terminan siendo utilizadas para defenderse y, cuando se usan con ese fin, tampoco son eficaces: la persona que intenta usarla para defenderse de un robo, tiene más chances de que ese robo termine con él o con algún familiar fallecido. Las armas, entonces, no sólo no protegen, sino que aumentan el riesgo de morir”.

Adrián Marcenac consideró que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), desde la asunción de las nuevas autoridades políticas “está funcionando relativamente bien, dentro de esta realidad compleja que estamos viviendo” por la pandemia. De todos modos, señaló que “lo que está muy parado es el Programa de Entrega Voluntaria de Armas”, que funcionó entre 2003 y 2015, hasta la asunción del gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

En esos años se recuperaron y destruyeron 410 mil armas en manos de civiles, la mayor parte de ellas sin tener cobertura legal. Marcenac, titular de la Asociación Civil “Alfredo Marcenac”, que lleva el nombre de su hijo y que integra la Red Argentina por el Desarme, reconoció que hubo una reactivación del programa en algunos municipios bonaerenses.

De todos modos, insistió en que el programa de desarme voluntario “tiene que tener un salto de calidad, porque no hubo actividad durante todo el año pasado”. Afirmó que “en este aspecto se tiene que mejorar, aportando más recursos económicos y más recursos humanos”. Dijo que también es necesario “que se establezcan cuanto antes los planes estratégicos para este año y los objetivos por alcanzar”.

Coincidió en que ronda “entre el 50 y el 60 por ciento el número de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego entre familias, vecinos que se pelean y femicidios, un tema que se debe tratar a fondo, con mucha difusión, porque son cosas que se pueden ir solucionado en muchos pueblos del interior”.

Comentó que mientras se ha producido “una baja importante de los suicidios con armas, lo que ha crecido son las muertes por disputas territoriales entre las organizaciones dedicas al tráfico de drogas, algo que es muy preocupante”.

Marcenac y Ramiro Urristi coincieron, en entrevistas por separado, que es “muy importante la digitalización que se está haciendo en la ANMAC” y que en poco tiempo más podría permitir que todos los trámites se realicen de manera virtual y no con el “viejo y burocrático modelo del trámite personal”.