Boletín Nº 43 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (abril de 2021).
La reciente aprobación por parte del Superior Tribunal y la Procuración de Río Negro de un protocolo sanitario para la realización de juicios por jurado en esa provincia, continúa con una línea de iniciativas similares que otras jurisdicciones impulsaron en el último año. Las medidas de prevención, a tono con las recomendaciones de bioseguridad e higiene ya conocidas para prevenir el contagio de coronavirus, buscan evitar que la inminente segunda ola ponga un freno a la evolución de una modalidad que, desde su puesta en marcha, viene ofreciendo resultados alentadores y cosechando repercusiones positivas en todo el país.
Prohibición de ingreso de público, provisión de kits sanitarios e instalación de mamparas divisorias, toma de temperatura corporal a los participantes y transmisión en video de audiencias para que los medios puedan dar sus coberturas en forma remota son algunas de las pautas que esta normativa establece para reducir riesgos.
“Ya tenemos programados dos juicios para junio, uno en General Roca y el otro en Viedma”, comenta Fabián Mitidieri, director General de Oficinas Judiciales del Poder Judicial provincial. Así, la experiencia se reanudará después de verse interrumpida por el aislamiento obligatorio luego del “debut” a principios de marzo de 2020 en Bariloche, unos días antes de que se decretara la cuarentena.
El fenómeno exhibe un alcance federal. En Entre Ríos, por ejemplo, se realizaron cinco juicios por jurados desde noviembre, todos en pandemia, el último a mediados de marzo (dos por femicidio, dos homicidios y uno por abuso sexual con acceso carnal). Tuvieron lugar en Paraná, La Paz, Concordia y, el más reciente, en Concepción del Uruguay.
El juez de Garantías de Paraná Elvio Garzón, coordinador del juicio por jurados del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, cuenta que desde el comienzo de la pandemia mantuvieron reuniones con referentes de distintas áreas (planeamiento, informática, higiene y seguridad, salud ocupacional) para planificar los ajustes necesarios y confeccionar los protocolos sanitarios que permitieran continuar con esta práctica. Conseguir los espacios físicos con la amplitud y la ventilación adecuadas para albergar a casi 30 personas entre jurados, asistentes, secretarios, fiscales, defensores, imputados y querellantes, así como garantizar el distanciamiento mínimo de dos metros y el uso de barbijos, además de disponer un cuarto intermedio obligatorio después de tres horas para sanitizar el recinto, fueron algunas de las medidas adoptadas.
Desde ya, las personas con factores de riesgo fueron excluidas de los sorteos. Y se procura restringir al mínimo la circulación en el área de los edificios donde tiene lugar el proceso. “El comportamiento de los jurados es digno de destacar: cumplen a rajatabla con las indicaciones y han tomado la función con responsabilidad y compromiso”, afirma Garzón. Y sostiene que la coyuntura sanitaria “no ha sido impedimento” para que la metodología avance a paso firme en su provincia.
En Mendoza, la ley que estableció la participación ciudadana en la administración de justicia a través de la implementación de jurados populares se sancionó en 2018, para juzgar los delitos de homicidio agravado previstos en el artículo 80 del Código Penal. “Los jurados desempeñan un papel vital en el sistema judicial de la provincia, y los cambios implementados representan una modificación sustancial para consolidar las bases de nuestra democracia republicana”, sostiene José Valerio, magistrado de la Corte provincial y quien lidera la gestión de este área específica.
“El juicio por jurados brinda mayor transparencia a las decisiones judiciales y contribuye a incrementar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Constituye un profundo cambio cultural que involucra a toda la sociedad”, agrega.
Luego de los 19 juicios por jurados celebrados en el distrito cuyano durante 2019, y del que tuvo lugar en febrero de 2020, sobrevinieron otros cuatro en pandemia, siempre con todas las precauciones necesarias. Registros audiovisuales de audiencias, alegatos, declaraciones testimoniales y veredictos pueden verse online.
Chaco ofrece un caso inspirador en lo que hace al éxito de este formato de juicio, al punto que el Civil Jury Project de la Universidad de Nueva York distinguió a la provincia por su ley de juicios civiles por jurado, pionera en la región.
Con 17 años transitando el sistema acusatorio y una reglamentación de los juicios por jurados sancionada en 2015, entre varias particularidades se destaca la integración de jurados con miembros de pueblos originarios cuando víctimas o imputados pertenecen a ellos. Otro acierto fue la decisión de que, en tiempos pre-Covid-19, fueran los propios jueces y fiscales quienes se acercaran casa por casa a notificar a los vecinos sorteados, disipar sus dudas y generar confianza. Una app desarrollada especialmente permite convocar a los jurados virtualmente, y digitalizar otras instancias que antes requerían de contacto presencial.
Al cabo del primer juicio por jurado efectuado en noviembre de 2019, los siguientes transcurrieron ya con la emergencia declarada. “El desafío inicial fue buscar instalaciones adecuadas para aplicar las medidas de bioseguridad”, evoca Emilia Valle, jueza del Superior Tribunal chaqueño abocada directamente a la organización y gestión del proyecto.
Días atrás, por caso, concluyó un juicio con un aplaudido veredicto que condenó a un imputado y declaró inocente al otro, en una causa por homicidio simple. “La experiencia es muy enriquecedora, quienes la vivenciaron tienen hoy otra imagen de la Justicia y han demostrado ser capaces de decidir bien y con responsabilidad: se los ve muy atentos a las pruebas que pasan ante sus ojos y carecen de prejuicios jurídicos”, expresa la magistrada, al tiempo que valora la cooperación con los jueces profesionales, “que de ninguna manera son desplazados: deben poner en juego habilidades relevantes para conducir el juicio, custodiar las garantías y el debido proceso, brindar instrucciones adecuadas”.
La intención, anticipa, es mantener un ritmo de dos juicios por jurados por mes. El inicio del próximo está previsto para el 6 de abril.
“Venimos insistiendo en las bondades de este instituto que, estamos convencidos, dará legitimidad al sistema y cubrirá las expectativas de una ciudadanía con demandas crecientes.
El jurado es un modo de interacción prototípico de la democracia y puede contribuir a revertir, en gran medida, los problemas que caracterizan a esta crisis que existe en la Justicia”, concluye Valle.
Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, se entusiasma: “Los juicios se están haciendo bien, con presencialidad y protocolos. Al principio, durante la cuarentena dura, se buscaron locaciones con mayor espacio, como teatros o centros de convenciones. De a poco, se ha vuelto a los edificios judiciales”, apunta.
Las proyecciones a futuro son auspiciosas: “la ciudadanía se comprometió, los veredictos cuentan con altísima aceptación social, la modalidad se expandió a muchas provincias e incluso a sectores donde la oralidad está olvidada, como el fuero Civil, a partir de la experiencia chaqueña”, celebra.
Con más de 500 juicios realizados, y aun en plena pandemia, los jurados llegaron para quedarse.