Por Hugo Mangione para Prensa Comunitaria
En América Latina y el Caribe, los procesos de designación de fiscales generales se han convertido en un verdadero terreno de disputa política. En la elección del próximo/a Fiscal General en Guatemala está en juego si el Ministerio Público continúa siendo una herramienta al servicio del “pacto de corruptos” o si comienza a responder a los legítimos intereses democráticos de la sociedad.
Los sectores económicos, empresariales y criminales saben jugar -y ganar- esta disputa política. Conocen por experiencia propia el costo que implica que el Ministerio Público sea dirigido por una persona independiente. Los logros históricos en reducción de tasas de homicidios, justicia para los delitos de graves violaciones a los derechos humanos -en particular a los pueblos indígenas-, la condena de funcionarios públicos en ejercicio, entre otros, han demostrado que la justicia penal tenía la capacidad de quebrar la matriz histórica de impunidad. La justicia penal había sido siempre una maquinaria selectiva incapaz de tocar los intereses de los poderosos. Pero en Guatemala, esa regla se rompió.
Estos sectores aprendieron rápido. A reorganizarse, articular estrategias, repetir las que funcionaron y modificar las que fracasaron con tal de impedir que el sistema de justicia sea eficaz. Aprendieron a crear artilugios legales para imponer a sus candidatos como sucedió con la renovación de Consuelo Porras en el cargo. La reciente exclusión de los profesionales de “carreras afines” dos días antes de la elección para la Corte de Constitucionalidad por el CANG demuestran que el “pacto de corruptos” está dispuesto a todo para asegurar el control de las instituciones. Y, también, lo estarán para excluir a los independientes a partir de maniobras legales o criminalización.
El “pacto de corruptos” aprendió y sabe jugar a este juego político. La pregunta es: ¿existe del otro lado, es decir, de quienes pretenden un Ministerio Público que responda a intereses legítimos y democráticos de la sociedad, ese nivel de estrategia, de coordinación y de voluntad política?
Durante décadas, gran parte de la sociedad civil y la comunidad internacional han apostado a la generación de estándares internacionales como principal estrategia para incidir en estos procesos y garantizar que los candidatos más idóneos llegaran a estos cargos. Pero la realidad latinoamericana -y en particular la de Guatemala- nos ha demostrado que estos estándares por sí solos han sido insuficientes. Sin una estrategia política, la histórica lucha contra la impunidad está condenada al fracaso.
La participación ciudadana efectiva y la discusión seria sobre la orientación político-criminal del Ministerio Público son imprescindibles y deben ser garantizadas. Pero tendrán nulo efecto si tales herramientas no son aprovechadas estratégicamente por quienes quieren una institución al servicio de los intereses victimizados.
La articulación ciudadana limitada a la presentación de tachas e impugnaciones de candidatos que, eventualmente terminan teniendo nulo o poco impacto en la decisión final, cumplen un rol defensivo importante para excluir candidatos corruptos. Pero en una disputa política la estrategia no debe ser sólo reactiva. Debe ser de propuesta y apoyo de candidaturas independientes e idóneas para el cargo.
Si fue posible una vez, se puede hacer de nuevo. La sociedad civil logró articular una estrategia para la asunción de Claudia Paz y Paz que levantó el Ministerio Público e hizo una gestión histórica. Guatemala fue en ese período un faro para toda América Latina y el Caribe: nos demostró que se puede lograr una persecución penal eficaz sin renunciar al Estado de derecho. Hoy, tanto en el exilio como aún aquí en Guatemala, hay decenas de personas capaces e intachables dispuestas a asumir este desafío. Pero para que ello sea viable se requiere de una estrategia colectiva de respaldo ante los previsibles intentos de criminalización y difamación.
Este lunes 9 de febrero se inició formalmente la Comisión de Postulación. Si el poder solo lo disputa el “pacto de corruptos”, el resultado ya está definido. La batalla será desigual, compleja, difícil, pero aún no está perdida.
Es hora de que los sectores progresistas, comprometidos con el Estado de derecho en Guatemala, asuman el rol político asignado y actúen con la determinación necesaria para garantizar que, el 17 de mayo, asuma una persona íntegra y con coraje cívico al frente del Ministerio Público de Guatemala.
* Hugo Mangione. Abogado con orientación en derecho penal por la Universidad de Buenos Aires. Coordinador del Programa Centroamérica y el Caribe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).