Por Alberto Binder* para el diario La Nación.
El consenso social y político sobre la necesidad de reformar profundamente la justicia penal federal es muy amplio. Lo que no se puede compartir es el camino elegido por el proyecto presentado. En realidad, cuesta entender la lógica que subyace a la propuesta, porque existen varios caminos para avanzar progresivamente hacia el nuevo sistema acusatorio y el traspaso de competencias, y ellos fueron propuestos al gobierno, que prefirió avanzar retrocediendo.
Pretender que el proyecto se funda en una maniobra para conseguir impunidad a la enorme cantidad de políticos de alto nivel, empresarios, operadores y falsos espías que quedaron atrapados en sus redes, es poco creíble: si el objetivo es continuar la política histórica de impunidad, lo que se ha presentado es una maniobra burda e infantil. Creo que las razones implícitas, las que mejor explican el proyecto, son mucho peores, y deben ser expuestas, con la salvedad obvia de que no son más que mi visión del problema. Seguramente la verdad es más compleja, pero esta es la hipótesis con mayor capacidad explicativa que he encontrado para comprender un proyecto repleto de inconsistencias, y que entorpece el camino para las reformas de fondo que proclama.
Se debe entender que la época de los grandes barones de la justicia federal ha concluido. Ellos eran los custodios de una trama compleja de intereses en la que participaban abogados/influyentes, estudios consolidados, políticos deseosos de financiamiento ilícito, jueces corruptos o complacientes, una trama que se fue tejiendo tenazmente en las últimas tres décadas, entre la justicia federal, los servicios de inteligencia, el Consejo de la Magistratura, ciertos estudios jurídicos, los empresarios prebendarios, y hasta sectores de la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires. Un espacio donde se tejieron y sostuvieron las alianzas más espurias, que han infectado la calidad institucional de la democracia, que saldrían a la luz si se profundizara la investigación en las causas sobre todas las modalidades de espionaje ilegal que hoy están en curso.
Pero ese espacio explotó. Explotó cuando la autonomía de Stiuso se volvió insostenible, y siguió explotando cuando el gobierno del presidente Mauricio Macri debilitó al sector más institucionalista de su gobierno, para integrarse con sus operadores, con la mesa judicial y la Agencia Federal de Inteligencia de Gustavo Arribas al “sistema” y potenciarlo. Todo quedó igual o peor, pero entraron nuevos jugadores.
Todo apunta -esa es la hipótesis más plausible- a que se intenta ahora reconfigurar ese espacio, para que los “dueños” de Comodoro Py no pierdan influencia; ya sin los barones. Con otro juego, con otras reglas, pero con las viejas redes informales y sus mañas. Hay urgencia porque en poco tiempo la puesta en marcha del sistema acusatorio modificará el funcionamiento de la justicia penal. No porque ese sistema sea la panacea, sino porque hace ingresar al campo a cientos de otros actores, bajo otras reglas de funcionamiento, cuya reconfiguración final es difícil de predecir y su manejo más difícil. Por eso, este proyecto, en lugar de ser un camino hacia el sistema acusatorio, es un modo de condicionar su puesta en marcha, permitiendo a los protagonistas de las redes mafiosas y sus asesores legales, que se reposicionen en los próximos dos años.
Ello se hace de un modo relativamente sencillo, pero incomprensible por fuera de esta lógica. Se unifican los dos fueros más cuestionados (Comodoro Py y penal económico), pero a la vez se los expande, ya que la creación de nuevos juzgados es el caballo de Troya que permite desdoblar las secretarías, donde están otros miembros de las tribus judiciales que han participado de los acuerdos espurios y tendrán nuevas oportunidades con la expansión.
Se nombrarán jueces subrogantes -una corruptela inadmisible porque los jueces deben trabajar a tiempo completo en sus propios tribunales y no se le puede llamar “subrogancia” a un sistema de jueces interinos- pero, en los hechos, significa darles más autonomía a esas secretarias y sus funcionarios. Se expande lo malo como una mancha de aceite. Esto entorpece la puesta en marcha del sistema acusatorio, porque serán mayores las estructuras a convertir y muchos más los espacios ya ocupados, además del crecimiento burocrático de un modelo de organización totalmente contrario a las propuestas de fondo, incluso a las leyes de implementación ya aprobadas. Pero les da tiempo a los dueños de los hilos a reacomodarse frente a los escenarios futuros, y condicionarlo porque de allí saldrán muchos de los funcionarios del nuevo sistema.
¿Por qué esto es peor que cualquier hipótesis de impunidad? Porque es en ese espacio donde se han construido y se pretende seguir construyendo las alianzas entre empresarios, políticos, jueces, a través de abogados operadores, bañados en el agua bendita de un prestigio académico amateur. La responsabilidad del gobierno anterior de perpetuar estas miserias, cuando se presentaba como una renovación institucional, es enorme, así como el actual gobierno prometió limpiar los subsuelos de la democracia y no está poniendo la energía necesaria para hacerlo ni este proyecto es parte de esa limpieza.
La Corte no ha sido ajena a este juego. Ha sido cómplice, se ha prestado a darle cobertura. Dudo mucho que se busque una reforma en serio de la Corte y el Consejo de la Magistratura, encargado de pactar con las tribus judiciales. La Corte dejó que frente a sus ojos se desarrollaran las prácticas mafiosas más ostensibles, sin decir jamás nada. Ni siquiera de un modo elíptico en sus fallos. Pero aprovechó para avanzar en asumir facultades inconstitucionales de administración, que le permitían hacer o deshacer favores, o haciéndose cargo de las escuchas telefónicas (algo inédito en todo el mundo), tramitando políticamente los casos, negociando con los gobernantes, aumentando su burocracia, delegando sus funciones y dando el espectáculo nocivo de sus rencillas internas. ¿Planteará este problema la comisión o vamos a estar discutiendo meses y meses sobre temas abstractos, que no van al meollo de la cuestión? Además, ¿alguien piensa que se puede reformar el recurso extraordinario ante la Corte Suprema sin reorganizar todo el sistema de recursos judiciales del país, ya que el crecimiento histórico de los casos ante ella (por sentencia arbitraria), tiene que ver, directamente, con el funcionamiento de cortes y tribunales superiores de las provincias, en los que la dependencia política es alarmante y la debilidad de sus fallos a veces escandalosa?
Esta no es una nota ni escéptica ni pesimista. Es un llamado a las muchas voluntades que quieren realmente transformar la administración de justicia, y que se encuentran en todos los partidos. Como también en todos los partidos hay gente que quiere perpetuar la lógica de los acuerdos subterráneos, renovando sus formas y sus mañas. Pero que nadie se haga el distraído o crea que el punto es discutir tal o cual punto de las leyes. Lo que está en juego es si vamos a lograr que realmente la administración de justicia deje de ser el patio de acuerdos ilegales (sentencias amañadas, extorsión judicial a sectores políticos, impunidad “burocrática” y de la otra, prebendas empresariales, vaciamientos de empresas quebradas, impunidad del lavado de dinero, descontrol del sistema financiero, etc.) por parte de los sectores que siempre buscan esos acuerdos oscuros para sostener sus intereses, que no saben hacer negocios sin prebendas, y necesitan una dirigencia política dependiente del financiamiento ilegal que asegure esos pactos, y jueces que se presten a todo esto. Abogados dispuestos a aceitar y darle forma a estas ilegalidades, los hay aquí y en todos los países del mundo.
No dejemos que un tema de esta trascendencia transite por el palabrerío fácil o la oposición oportunista.
*Presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales(Inecip).