INECIP en los medios

La justicia tarda, pero no siempre llega

En base al análisis de quince causas, el CIPCE y el INECIP muestran cómo los expedientes suelen cerrarse o se encuentran con trabas por las demoras en las investigaciones. Propuestas para mejorar el sistema.

26 Abr 2014

Por Irina Hauser para Página 12

El caso Ciccone, el de Lázaro Báez. Están de moda, se usan para ejercer poder y presión, llenan páginas enteras de diarios. Pasó con Ricardo Jaime, con Julio De Vido, con los hermanos Schoklender, entre muchos otros. Se convierten en expedientes mediáticos, que aparecen y desaparecen de la escena. Mientras tanto, el expediente judicial real sigue su ruta, siempre más lenta y burocrática. Tanto que si se toman como referencia las estadísticas sobre causas de corrupción, cuando esos escándalos de hoy sean apenas un recuerdo, dentro de diez, quince o veinte años, quizás haya una sentencia. Esos números son verdaderos y surgen de un nuevo informe del Centro de Investigación y la Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) que tomó como referencia quince casos viejos, la mayoría de la época del menemismo o de la Alianza, pero que tuvieron alguna aparición en los medios durante el año pasado. Cinco de ellos incluso fueron sobreseídos por prescripción o por la violación de un plazo razonable. Las ONG calcularon que sólo esta muestra de causas significó para el Estado un perjuicio económico de 6200 millones de dólares, la mayoría de los cuales se perdieron o se los quedó el Poder Judicial a falta de mecanismos para darles otro destino.

Según el Cipce y el Inecip, que la justicia tarde o no siempre llegue no responde únicamente a cuestiones políticas, sino también estructurales. Lo que plantean estas ONG es que hay un problema de sistema que facilita herramientas y artilugios para que abogados, imputados, jueces, operadores de todo tipo y fiscales especulen, manipulen y manejen la duración e intensidad de un expediente a piacere. Por eso, insisten con que ayudaría mucho una reforma del Código Procesal Penal, tema clave en el congreso federal sobre reformas legislativas que se está realizando en Mar del Plata (ver página 11). La propia Corte Suprema, el año pasado, reconoció que los jueces son partícipes del problema, pero optó por armar comisiones entre magistrados para ver para que se “automediquen” más que repensar el sistema.

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Sean eternos

Es evidente que no es lo mismo llevar a alguien a juicio mientras está en funciones que hacerlo diez o veinte años más tarde, como es lo más común que suceda. Según el informe de Cipce e Inecip, implica una serie de problemas concatenados. Junto con la larga duración entran en duda las pruebas. Además de las que se pierden o se arruinan (desde papeles hasta grabaciones), surge el interrogante sobre qué nivel de detalle puede dar un testigo diez o veinte años más tarde de los hechos. Esto, a su vez, dicen los autores del informe, “aumenta la discrecionalidad de los jueces para seleccionar pruebas y desestimar otras”. Eso, señalan, sucedió en el caso de los sobornos en el Senado, donde el tribunal absolvió a todos los acusados con el argumento, a trece años de los hechos, de que no se probaron los dichos del arrepentido Mario Pontaquarto. Para mayor desconcierto denunciaron al juez (Daniel Rafecas) que había dado las coimas por ciertas, lo que inevitablemente suena a advertencia para otros jueces.

El tiempo no es sólo el que se tarda en llegar a un juicio oral, sino el que puede demorar una sentencia en quedar firme. También el tiempo desde que se comete un posible delito hasta que se inicia una causa. Entre los quince casos analizados, por ejemplo, María Julia Alsogaray, la ex secretaria de Recursos Naturales, fue condenada por enriquecimiento ilícito en 2004, pero las apelaciones y discusiones posteriores no se resolvieron hasta 2008, cuando todavía quedaba un asunto pendiente: el decomiso del dinero, 3.179.000 pesos, que se concretó en 2009 con el remate de su petit hotel de Recoleta, pero subsistió una discusión por el destino que habría que darle a esa plata. El tribunal oral había sugerido un uso social. Era el primer caso de decomiso de dinero de la corrupción. El año pasado el tema volvió a ser noticia porque la Corte Suprema dijo que no, que ese dinero debía quedar para el Poder Judicial. La causa se había iniciado en 1993.

En la lista seleccionada por Cipce-Inecip, el caso record es el del vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe, donde el delito se remonta a 1979, pero comenzó a juzgarse en 1990, once años más tarde, por una defraudación de 500 millones de dólares. En junio de 2013 la causa se cerró por prescripción, o sea, por efecto del paso del tiempo, pero a fin de año la Cámara Federal logró reabrirla.

La principal consecuencia de las demoras en la etapa de instrucción es la prescripción de las causas, según señala el informe. Pone como ejemplo la privatización del Astillero Tandandor, donde la defraudación denunciada (de unos 45 millones de dólares) se remonta a 1991. La causa arrancó ocho años después; la fiscalía y la querella pidieron elevar el caso a juicio oral en 2006 y el juez tardó tres años en dar ese paso. En 2011 el Tribunal Oral Federal 5 declaró caduca la pesquisa.
Cuestiones de peso

El “perjuicio económico” al Estado, dice el documento de las ONG, es uno de los problemas más grandes derivados de los casos de corrupción. En las quince causas que eligieron, suma 6200 millones de dólares (casi 50.000 millones de pesos). Para dar una idea de qué representa esa cifra, dicen que equivale al 83,5 por ciento de los gastos del presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires previsto para 2014, o al 96 por ciento de la suma de los gastos previstos en los presupuestos para este año de tres provincias (Tucumán, Salta y Jujuy). Ante esto, advierten sobre “la ausencia casi total de políticas de recupero de activos”. Para decomisar el dinero robado a una persona o empresa tiene que haber una condena penal. El sistema judicial no muestra interés por promover ese tipo de medidas o prefiere que la plata quede para sus propias arcas.

En el juicio por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia (que tardó quince años en comenzar), en 2011 todos los acusados, con Carlos Menem a la cabeza, fueron absueltos. El año pasado la Cámara de Casación los condenó. De los 30 millones de pesos-dólares perdidos, apenas se decomisaron 1,2 millón. El juicio del affaire IBMBanco Nación, sobre coimas para la contratación de la informatización de sucursales del Banco Nación, lleva veinte años. En rigor, hubo condenas en un juicio abreviado donde los acusados se declararon culpables, aunque luego desconocieron ese acuerdo. Se estimaron 21 millones de dólares en sobornos, 120 millones de sobreprecios. El decomiso ordenado fue de 4,4 millones y nunca se pudo ejecutar, porque el caso sigue irresuelto. La causa de lavado de dinero “más significativa del país”, dicen en Cipce e Inecip, sobre las maniobras del banco JP Morgan en beneficio de grandes empresas que buscaron fugar dinero y evadir, cuenta con la confesión de Hernán Arbizu, uno de sus ex directivos, que nunca fue llamado a indagatoria. Empezó en 2008 y hay 5 millones de dólares en juego.

El Inecip presentó ya hace cuatro años un proyecto de reforma procesal y hubo otros tantos dando vueltas, incluso del Poder Ejecutivo, pero hay una batalla difícil de saldar por el poder de quién maneja las investigaciones, donde los jueces no quieren ceder. Algunas claves de la reforma que proponen son: el sistema tendría que ser acusatorio, es decir, los fiscales dirigen la investigación y luego los jueces resuelven; los fiscales deberían estar organizados en unidades especializadas según las temáticas; el proceso no debería estar fragmentado, sino ser único, donde la mayor cantidad de cuestiones se resuelvan en audiencias orales, sin papeles y con un régimen, además, de estricto control de los plazos. “Nosotros en este estudio tomamos casos de criminalidad económica, pero la reforma sería muy beneficiosa para el tratamiento de todos los delitos”, dice Agustín Carrara, director ejecutivo de Cipce. La dilación, para un funcionario, es una cosa. Para los sectores más pobres, a los que se criminaliza especialmente, es otra. A veces se cae un expediente atrás de un mueble y un perejil queda preso. Lo que en 20 minutos se podría definir en una audiencia oral puede durar años.

Procedimientos, política y reformas

¿Los juicios se alargan sólo por problemas del sistema? ¿No hay razones políticas, manejos y especulación de los jueces y fiscales? A Felisa Miceli se la enjuició en forma expeditiva, pero todavía –sólo por poner un ejemplo– no hubo un solo llamado a indagatoria por Papel Prensa. ¿Todo se resuelve cambiando un código procesal? Algunas de estas dudas planteó Página/12 al consultar a Agustín Carrara, director ejecutivo del Cipce.

“Suceden las dos cosas: hay problemas procesales y falta de voluntad política o encubrimiento de parte de operadores judiciales. Lo más común es que la mayoría de las condenas son para funcionarios de gobiernos pasados. Los jueces tienen mucho poder de manejo en las causas. El mismo que ordena un allanamiento puede decir está bien o no. Decide si el fiscal investiga o no”, señala Carrara.

–Ustedes proponen que investiguen los fiscales, pero ¿qué garantiza que ellos serán más independientes y eficientes?

–Se garantiza, pero con papel distinto al que el Ministerio Público (los fiscales) tiene ahora. Que dirija la investigación, pero que tenga la obligación de rendir cuentas y que la sociedad participe en ese proceso, que pueda haber control de lo que hacen un juez y un fiscal cuando intervienen en un caso. Hay que eliminar los procedimientos secretos e instalar formas de control.

–¿Y cómo influye que los organismos auxiliares de la Justicia sean dependientes de los gobiernos (la policía, la Secretaría de Inteligencia, la Gendarmería, entre otros)?

–Hace falta una policía de investigaciones, una policía judicial que haga análisis criminal. Y una reforma y mecanismos de control de las cajas policiales.

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