Por Silvina Ramírez para No Ficción
El 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural superador del anacrónico Día de la Raza, es una fecha relevante para repensar cuál debe ser la agenda pública que el Estado debe promover, de acuerdo con sus obligaciones asumidas en la esfera internacional y local. En Argentina es imperioso abordar los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Existe una enorme deuda pendiente frente a la propiedad comunitaria indígena contemplada en la Constitución de 1994. Para asumir este compromiso, debe debatirse insoslayablemente una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que no sólo identifique cuáles son los territorios reivindicados por los pueblos, sino que clarifique cuál es el procedimiento que debe llevarse adelante para la entrega y titulación efectiva de las tierras.
En este marco, debe realizarse una demarcación y, además, hacer entrega de los títulos de propiedad comunitaria a las comunidades indígenas. Esto es lo que está ocasionando graves y profundos conflictos en todo el espacio geopolítico de Argentina, como actualmente está sucediendo en la comunidad Lafken Winkul Mapu (Villa Mascardi, Río Negro).
Se trata de un debate alrededor del territorio indígena, que incluye los bienes comunes naturales; y los intereses en juego alrededor de estos derechos territoriales que están representados paradigmáticamente por las actividades extractivas, tales como la megaminería a cielo abierto, la explotación hidrocarburífera, y asimismo los negocios inmobiliarios, que atraviesan por lo general gran parte de los territorios reivindicados.
Tanto el Estado Nacional como los Estados provinciales dan respuestas parciales, y muchas veces se traducen en persecución, hostigamiento y criminalización. Y según se evidencia, el Estado no da respuestas que no sean acciones violentas que desalojan los territorios por medio de las fuerzas de seguridad. De hecho, el caso de LafkenWinkulMapu ilustra esta situación: la comunidad fue víctima de un desalojo violento, donde el Estado en vez de privilegiar el diálogo -que debería ser uno de los medios más idóneos para encontrar una salida pacífica a los conflictos- apuesta a la creación de un comando unificado de fuerzas federales de seguridad, que no sólo impactó negativamente en todo el territorio, sino que encarceló mujeres que aún hoy siguen detenidas, en violación flagrante de sus derechos.
En este 12 de octubre del 2022, y a pocos días de haberse celebrado el 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, existen seis mujeres mapuches detenidas (una acaba de ser liberada) por reivindicar sus derechos. Se conforma así una suerte de paradoja. Por un lado, los derechos indígenas están reconocidos y tienen fuerza normativa en nuestro país, y cuando se vulneran las comunidades indígenas resisten y demandan su cumplimiento. Por otro lado, frente a estas situaciones el Estado reacciona negativamente: en vez de garantizar dichos derechos, reprime y da respuestas violentas, ignorando su existencia.