Por Sol Mircovich para El País Digital.
En noviembre de 2020 se aprobó en el Senado el proyecto para modificar el Ministerio Público Fiscal, y actualmente se está tratando en la Cámara de Diputados de Nación.
Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) emitieron un comunicado el 27 de abril al que llamaron “Reforma del Ministerio Público Fiscal: lo necesario, lo urgente y lo importante”. Por tal motivo, EPD dialogó con el subdirector del Instituto, Ignacio Andrioli, para ahondar en lo relativo al proyecto de ley y sobre la actualidad del Poder Judicial y la necesidad de una reforma.
¿Qué evaluación hacen del proyecto de la reforma del Ministerio Público Fiscal?
El proyecto merece un análisis que vaya más allá incluso de la letra legal, de allí nuestro esfuerzo por analizar y separar algunos de los temas que la reforma plantea en función de su importancia coyuntural.
El proyecto original, que fue aprobado en noviembre pasado por el Senado, tenía bastantes cuestiones para debatir, porque mermaba la legitimidad y la fortaleza que tiene que tener quien conduzca al Ministerio Público. La norma propuesta otorgaba muchas funciones de supervisión a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal de la Nación -del Congreso- que avanzaba sobre determinadas cuestiones de funcionamiento y control sobre el cargo.
Muchas de esas cuestiones fueron reconocidas e incluso, el propio ministro de Justicia anunció hace unos días que el proyecto sancionado iba a modificarse para eliminar estos puntos.
Hay mucho para analizar sobre la ley, pero lo que nosotros quisimos hacer es cuestionar por qué en Argentina, si la ley del Ministerio Público se sancionó en 2015 con amplio consenso, a partir del año siguiente ya se comenzó a discutir su reforma. ¿Por qué tanto interés en reformar algo que es nuevo y que todavía no fue totalmente puesto en marcha? ¿Es necesario reformar la ley del Ministerio Público Fiscal?
La verdad es que no. Sin embargo, hay determinadas cuestiones sobre las que sí vale la pena avanzar. Una de esas es ponerle un plazo a quien esté a cargo de la Procuración, reclamo histórico de la sociedad civil, ya que actualmente el puesto es de carácter vitalicio. En toda Latinoamérica, exceptuando a Argentina y Brasil, tienen plazos determinados para ejercer su mandato.
No tiene relación directa con el ámbito democrático ni con la república pensar que instituciones que tienen que manejar intereses sociales tan cambiantes estén conducidos de por vida por la misma persona.
A partir de ahí, se abre un nuevo debate, y es el plazo prudencial en el que el procurador debería estar en el cargo. Hay muchos modelos, algunos de ellos en los que el procurador dura 7, 8 o 10 años, para los que se exigen mayorías fuertes, que es el caso de nuestro país, con dos tercios de la Cámara de Senadores; pero también hay otros sistemas en los que los plazos son mucho más acotados, de 4, 5 o 6 años, y ahí las mayorías exigidas merman un poco. Será trabajo de la Legislatura definir si acepta el proyecto actual de un plazo de 5 años con una designación de mayoría absoluta.
Además de dicho punto, hay otro tema de carácter urgente y es que hace más de tres años que la Procuración está conducida por alguien que no fue elegido para ese cargo por lo que el grado de legitimidad de la institución está cada vez más debilitado.
¿Por qué se llega a esta situación de interinato?
Pareciera que, en la actualidad, comenzó a aparecer cada vez más fuertemente una cultura de la clase política en general, que podríamos llamarle como “de interinato”. Y esto lo sostenemos porque se está demostrando una incapacidad palpable para generar consensos básicos en la designación de cargos e instituciones que son fundamentales para el estado de derecho, por ejemplo: en el INADI falta el titular, en la Agencia Federal de Inteligencia falta el titular, en la Defensoría del Pueblo de la Nación hace más de diez años que falta el titular. Todo lo que está pasando en el Ministerio Público sucede también a nivel social y político con otras instituciones. Pero si pensamos en el Ministerio público Fiscal, es todavía más complejo el debate.
Es casi un sello del Poder Judicial la cultura del interinato y la falta de procesos ágiles para la designación de funcionarios y magistrados.
El proceso de concurso para designar a una persona como juez o jueza puede durar hasta cuatro años desde que se abre la vacante. Entonces, durante esos años, ese juzgado que quedó vacante, porque no tiene al titular, es subrogado por otro juez que tiene a cargo otro juzgado y cumple con una doble función.
A principio de este año, en el Consejo de la Magistratura de la Nación contabilizamos más de 316 vacantes de cargo que no se están ocupando y son subrogados por otro funcionario. Esta cultura aparece todo el tiempo.
Nosotros decimos que es urgente porque la discusión de esta ley no se enmarca en cualquier contexto: conjuntamente cuando se aprueba la ley del Ministerio Público Fiscal en 2015, se aprobó el Código Procesal Penal, que viene a cambiar el procedimiento por el cual se juzga.
En el sistema federal nosotros seguimos manteniendo un sistema al que llamamos inquisitivo, ya que el juez está habilitado a desarrollar investigaciones, y subsidiariamente también los fiscales. Es un sistema que nosotros heredamos de la colonia española.
Con el nuevo sistema, los fiscales van a tener que desarrollar un rol completamente distinto al que hacen ahora, donde los jueces ya no van a poder investigar más, donde la acción penal pública estará en manos de los fiscales. Por eso, el Ministerio Público Fiscal debe tener una institución que sea mucho más fuerte y donde la conducción la tenga una persona con un liderazgo indiscutible, porque es quien va a tener que definir cómo es la política criminal del Estado.
¿Qué aspectos cree que no se están discutiendo en la reforma de la ley?
La ley que se sancionó en 2015 es una muy buena ley, que prácticamente no requiere ninguna revisión excepto la de establecer un mandato temporal para el Procurador.
En nuestro comunicado, nosotros nos referimos a lo urgente, lo necesario y lo importante. Lo importante es lo que está de fondo, que estamos desde el 2015 con una ley que no se implementa, con una procuradora que renunció, con un interinato de tres años, con una falta de capacidad política para poder siquiera discutir un nuevo o una nueva procuradora. El pliego de Rafecas se envió el año pasado y nunca se trató en el Senado.
Entonces, si el rol del Ministerio Público va a cambiar drásticamente, porque se va a implementar un nuevo sistema, lo que hay que hacer es dotar de fortaleza a ese organismo y no avanzar en reformas que tiendan a debilitarlo.
Lo que no se está discutiendo son nuevos pliegos, nuevos candidatos al cargo, cómo debería ser el examen, cómo debería ser el perfil de quien conduzca el organismo, qué controles tiene que tener el organismo y cuáles no.
Hay algo que no se termina de entender y es qué está buscando la clase política con la reforma. Si busca una intervención del organismo o poder dotar al organismo de una base política de legitimidad importante para que pueda hacerse cargo de su nueva función.
La cultura del interinato ¿es un fracaso de la política?
La falta de generación de consensos está apareciendo a todo tipo de nivel. En la actualidad, ni siquiera se está pudiendo avanzar en acuerdos sobre cargos por los que nunca hubo problemas para designar, y que son puestos que para la democracia y la república son muy importantes. Que no se pueda avanzar sobre eso, que a nadie le moleste el interinato, puede tomarse como un sinónimo de que la clase política está a favor de la parálisis de la institución.
Ahí es donde se prende la alarma más grande en la sociedad civil, que ve cómo se avanza en discusiones que son paralelas, que van en otra línea, y mientras tanto se deja todo paralizado para que nada cambie.
La falta de grandes consensos pareciera que también se traduce en la justicia, con un Poder Judicial muy cuestionado en su legitimidad. Desde INECIP, ¿qué proponen?
Es difícil construir legitimidad porque venimos de una práctica judicial que históricamente ha tramitado los conflictos de las personas bajo formas escriturales y ritualizantes en lugar de gestionarlos a través de procesos orales y públicos. Venimos de una cultura judicial que nunca se ha preocupado realmente por ser un servicio para la ciudadanía y ello lo ha convertido en un sistema que todavía no ha podido generar instituciones que den respuestas efectivas a la gran mayoría de los problemas sociales de nuestro tiempo, pese a la gran cantidad de esfuerzos realizados.
Pese a ello, en los últimos años nuestro país comenzó un proceso muy fuerte para desandar ese camino. Para mencionarte algunos ejemplos, la implementación de sistemas acusatorios a niveles provinciales ha sido un gran aporte para generar nuevas dinámicas de trabajo hacia el interior del sistema de justicia, como también lo es la puesta en marcha del juicio por jurados. La apertura hacia la participación ciudadana en la administración de justicia, sistema que ya funciona en 6 de nuestras provincias, es uno de los pilares desde donde el Poder Judicial comienza a generar confianza y legitimidad, porque abre sus puertas y permite un nivel de publicidad de sus actos de enorme magnitud.
Paralelamente, este tema que estamos debatiendo del Ministerio Público también es un eje que puede y debe considerarse como propuesta para generar legitimidad en el sistema. De allí la preocupación acerca del método de designación de quien conduzca la institución ya que será la persona encargada de diagramar y planificar cómo el Estado, a través de agentes fiscales, intervendrá sobre los fenómenos criminales más graves de nuestro país. Lo cierto es que son incontables las modificaciones que pueden realizarse con el fin de generar un sistema de justicia confiable para la ciudadanía. Por el momento la coyuntura nos hace pensar sobre este.
¿Cómo creés que afecta la grieta a la falta de consensos?
Nosotros sostenemos que la cultura del interinato es tan preocupante porque justamente vislumbra la incapacidad o falta de voluntad del poder político para generar acuerdos amplios sobre cargos de enorme relevancia institucional. El mayor de los problemas, al menos en el caso particular del Ministerio Público, es que esta falta de consensos paraliza a un organismo sobre el cual el Estado ha depositado una de las tareas más importantes relacionadas con el servicio de justicia.