Por Silvina Dezorzi
Pese a ser uno de los especialistas en sistemas judiciales y seguridad pública más consultados del país, Alberto Binder escucha cada pregunta de su interlocutor como un eureka y en ese clima generoso transcurre el diálogo. Optimista, se apasiona ante la creciente demanda que la sociedad ejerce sobre el Poder Judicial porque la entiende como efecto directo de una ampliación de derechos que viene incluyendo a cada vez más sectores en la escena social. Como contrapartida, también comprende que la Justicia no dé abasto para responder a tanto reclamo por insuficiencia de estructura y hasta por inercia cultural. Las nuevas formas de interpelación al Poder Judicial son “uno de los fenómenos más interesantes y positivos que están ocurriendo”, dice, fruto de una “maduración democrática” por la que los ciudadanos “toman conciencia de que ese poder existe y debe rendir cuentas”. La sociedad “descubrió dos cosas: que el espacio judicial tiene mucho que ver con su cotidianidad y que es un ámbito de lucha política”.
Hace 15 años uno veía que los familiares de víctimas, incluso en casos flagrantes de gatillo fácil, tardaban años siquiera en ser atendidos por un fiscal. ¿Usted cree que hoy los ciudadanos sienten que el Poder Judicial es tan interpelable como el político?
—Veamos la palabra interpelable. Lo que la sociedad va descubriendo, algo positivo y señal de maduración de la democracia, es que el Poder Judicial, al igual que los otros poderes, debe rendir cuentas. En ese sentido, es interpelable. Acá hay dos cosas: una, el lugar muy menor que antes ocupaba el Poder Judicial en el contexto de la vida institucional y social, lo que viene cambiando. Dos, en relación dialéctica con eso, la toma de conciencia de que ese poder existe y debe rendir cuentas.
¿Es parte del proceso de democratización de la Justicia?
—Sí, de una democratización que se da en varias cuestiones. Vamos a la primera parte: el Poder Judicial va saliendo de los márgenes de la vida institucional y entra en un lugar más visible. De hecho, la cotidianidad de los problemas judiciales, a veces hasta en exceso diría (por ejemplo, en esto que llamamos judicialización de la vida política), nos muestra qué profundo es este tema. Simplifiquémoslo: es un proceso de los últimos 30 años, de la democracia; quizás el Juicio a la Juntas fuera el punto de arranque simbólico.
Eso dentro de los estrados judiciales, pero antes en la calle estuvieron las Madres…
—Exactamente, un doble juego. Ciudadanía que se moviliza, pero que encuentra al Poder Judicial como ámbito de resolución de problemas políticos de importancia y menores. La sociedad descubre dos cosas: que el espacio judicial tiene mucho que ver con su cotidianidad y que es un ámbito de luchas políticas. Esto tiene cuatro dimensiones que hay que analizar y que tienen que ver con esa democratización. Hay una sociedad cada vez más inclusiva y compleja, con creciente puja de intereses. Por eso es parte del proceso de democratización que se necesiten cada vez más mecanismos para gestionar esa conflictividad. Está muy bien.
No hay que tenerle miedo.
—No. Y que la democracia sea más inclusiva implica que ingresen cada vez más sectores a la vida social: no sólo pobres, sino adolescentes, niños, ancianos, minorías.
Ampliación de ciudadanía…
—Exacto, por eso la mayor conflictividad desarrolla lo que llamamos un sistema institucional de gestión de conflictos, en el cual sí hay un problema; que hoy son escasas las instituciones y mecanismos que tiene la sociedad para gestionar la conflictividad. Entonces se da una excesiva búsqueda del Poder Judicial, que es sólo un pequeño segmento de gestión de conflictos. Ahí a veces sí se genera un diálogo negativo porque a la Justicia se le piden cosas para las que no tiene herramientas.
¿Esta democratización de la Justicia arranca en sectores académicos del derecho y luego modela las demandas populares o se dio a la inversa, por decirlo de algún modo, de abajo hacia arriba?
—Es cierto que con la democracia los académicos se dieron un debate intenso sobre qué Poder Judicial se necesitaba, pero no creo que eso haya derramado sobre las capas populares. Sucede otro fenómeno, la ampliación de ciudadanía. Porque en los últimos años muchos reclamos sociales y disputas que antes se daban en el plano moral o político velozmente se judicializan. Cuando a una persona se le reconoce un derecho, se le está dando un ticket de entrada al sistema judicial. Por eso, ante la enorme ampliación de derechos que hubo en el país en los últimos 20 o 30 años, incluso por adopción de pactos internacionales, hoy cualquier ciudadano sabe que a sus derechos, intereses o reclamos puede ir a pelearlos ante el Poder Judicial.
Eso genera otros problemas.
—Ahí empieza una tensión no resuelta aún, porque a la Justicia hoy le pedimos que nos resuelva el problema con el celular, que pare la megaminería a cielo abierto, que controle la corrupción, la financiación de la política, el sistema tributario nacional… y se topa con una abismal cantidad de cargas para la que no está preparada profesional ni organizativamente. Y se da un diálogo que aún hay que normalizar porque la gente tiene estas expectativas, con racionalidad porque la ley le reconoce derechos, pero la Justicia responde “no tengo el poder ni la estructura para resolver todo”.
En estos días en Rosario se desarrolla el primer juicio oral por un doble homicidio culposo agravado en accidente de tránsito. Familias y amigos de las víctimas montaron una carpa y presionan para que la condena contemple prisión efectiva. ¿Qué opina de estos reclamos?
—Es posible que estas cosas expongan un desfasaje entre las necesidades sociales actuales y las estructuras jurídicas. Tradicionalmente el derecho trabaja sobre la idea de que lo que es doloso, intencional, es más grave que lo causado por negligencia. Es histórico, viene de 200 años, pero no tiene que ver con las cosas que nos pasan hoy y que requieren resolver la conflictividad. Es el caso Cromañón, Chabán diciendo “¿cómo iba a querer matar a mis clientes?”, pero que uno no tome precauciones para que no mueran 300 adolescentes es algo muy grave. Los niveles de responsabilidad y de castigo en términos culturales han cambiado mucho y estamos respondiendo con estructuras de 200 años.
Usted es un optimista…
—Si, por varios factores. Uno, aumento de la conflictividad: algo positivo porque habla de una sociedad compleja y democrática. Dos: aumento de ciudadanía y ampliación de derechos, cuya contracara es la judicialización. Tres: cada vez más presencia del Estado, lo que eleva las necesidades de control del poder público. Cuarto, y como contrapartida de todo lo positivo, un juego mafioso en la sociedad, que también se debe a una tensión de la democracia entre los derechos ciudadanos y el sistema económico, que va hacia un modelo concentrado mafioso. En EEUU, en Italia, en Argentina, la gente ve que en la sombras de este sistema las mafias operan con amplios niveles de ilegalidad y vínculos con el poder. La interpelación de la sociedad al Poder Judicial es uno de los fenómenos más interesantes y positivos que están ocurriendo.