Por Nicolás Macchione* para el Diario La Voz.

Foto: Ramiro Pereyra.

Está en discusión si la última ley presentada por el Gobierno nacional, y que se conoce como “reforma de la Justicia federal”, es realmente una propuesta de transformación del Poder Judicial o es sólo una pantalla. Una pantalla que encubre la ignorancia de los acuerdos ya conseguidos –como la implementación del sistema acusatorio– y la falta de voluntad de emprender una lucha contra los sectores más oscuros que cooptan el Poder Judicial.

Quienes pertenecemos al Instituto de Estudios Comparadosen Ciencias Sociales y Penales (Inecip) creemos que esta ley enviada al Parlamento nacional no sólo no merece calificarse de “reforma de la Justicia federal”, sino que constituye un freno a la verdadera reforma.

Una de las cuestiones fundamentales para el mejoramiento del sistema judicial en general, y en el orden federal en particular, es la creación de una fuerza de inteligencia criminal, lo que se conoce como Policía Judicial.

Si bien existen pequeños grupos de inteligencia en cada una de las fuerzas de seguridad, en general carecen del conocimiento y la experiencia necesarios.

Una reforma judicial pensada de modo integral, en el sentido del modelo acusatorio, no puede prosperar sin una fuerza de inteligencia criminal eficiente.

Lejos de un ejemplo por seguir 

En 1984 se crea en Córdoba la primera Policía Judicial de Latinoamérica. El objetivo general que siempre defendió la escuela procesalista cordobesa era, precisamente, la existencia de una fuerza de inteligencia criminal que dependa del Poder Judicial y se independice de la Policía Administrativa o “policía de la calle”.

Inmediatamente después de recuperada la democracia en nuestro país, adquiría especial sentido una policía judicializada que dependa del Ministerio Público Fiscal, no sólo que responda a estándares de eficiencia en materia de investigación criminal, sino como un modo de controlar y evitar los brutales abusos policiales ocurridos en las comisarías durante los años de la dictadura.

Sufre desde su creación una serie de modificaciones institucionales y recién en 1996 se comienzan a realizar los primeros sumarios judiciales.

Como suele ocurrir, pese a las buenas intenciones que guiaron la creación de la Policía Judicial de Córdoba, dista de ser un ejemplo por seguir.

Hoy carece de una política criminal con objetivos claros. Está conformada por más de mil personas, entre ellas excelentes profesionales, en su mayoría no cumplen tareas de calle y se encuentran estancados en un sistema fútil.

La Policía Judicial se ha vuelto en la práctica una suerte de nueva etapa procesal, previa a la instrucción y al juicio.

Tenemos de por sí un proceso penal burocratizado, y la Policía Judicial empeora la situación con nula presencia de la defensa, mínima participación de los juzgados de garantías o de control (aparecen a los fines de las órdenes de allanamiento, en el mejor de los casos) y prácticamente sin dirección de los fiscales.

Estos muy rara vez aparecen por las unidades judiciales donde cumplen su tarea los ayudantes fiscales, miembros dela Policía Judicial.

Así, en vez de buscar profesionalizarse para una eficaz persecución del delito, termina conformando otra parte dentro del burocrático proceso penal cordobés.

En la era de las comunicaciones instantáneas, hasta no hace mucho tiempo se realizaban pedidos por triple copia entre distintas oficinas, dentro del mismo edificio, y se tardaba una o dos semanas en lograr una cooperación judicial; por ejemplo, que se ejecute una solicitud de tomar huellas o de realizar un croquis.

La Policía Judicial cuenta con unidades judiciales que perfectamente podrían ser fiscalías.

Y si bien su actividad diaria –instruir sumarios– es básicamente la que realiza la fiscalía, se habla de la “bondad” de mantener dos regímenes de trabajo diferenciados.

Esto, en todo caso, no hace otra cosa que encubrir la intención de no mezclar los empleados del Palacio de Justicia con los de la “trinchera”, según la jerga judicial cordobesa.

En Córdoba, en la “cuna de los procesalistas”, muchos se extrañan de que no se hayan convocado a juristas cordobeses para la Comisión que estudia el proyecto mal conocido como de reforma de la Justicia federal.

Entre otros males, el sistema de justicia de Córdoba tiene una Policía Judicial cuyos defectos tratan de extirpar las verdaderas reformas judiciales: es lenta, burocrática, grande, ineficiente y muy excepcionalmente hace inteligencia criminal.

Mientras daba mis primeros pasos como empleado de la Policía Judicial, escuché a un joven como yo, con menos de30 años, llamarla “trinchera”. Desde entonces, me pregunto:¿por qué los operadores judiciales reproducen palabras bélicas?

Y, en este caso, ¿quién sería el enemigo para que se autoperciba como “trinchera” a una fuerza de investigación?
La sociedad, que es la que tiene el derecho a una respuesta rápida y eficaz de la Justicia para solucionar sus conflictos,¿será acaso considerada el enemigo?

* Especialista en reforma judicial (Inecip).