El 15 de noviembre de 1992 el odontólogo Ricardo Barreda mató a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas con una escopeta marca Víctor Sarasqueta. Inés Dri tenía un botón antipánico, su ex fue hasta su casa en Concordia y la mató de dos disparos el 27 de octubre de este año. Alexis Arzamendia le disparó a Mica Gaona en la cabeza, delante de su hijo, con un arma calibre 32 hace tres años. Roberto Azcua, con antecedentes penales y una denuncia por tenencia de armas de guerra, mató de cinco disparos a Elvira Rodríguez en febrero de 2015.
El 28% de las mujeres que llamaron en 2017 a la línea 144 por violencia machista dijeron que había un arma de fuego en sus casas. Entre las mujeres victimizadas que contaban con medidas de protección judicial, dos de cada diez de sus agresores tienen armas. Los datos son del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), que desde enero pregunta a quienes llaman a la línea sobre la presencia de armas de fuego en el contexto de la relación de violencias. Al mismo tiempo, el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres recoge la cifra del observatorio Marisel Zambrano, de la Casa del Encuentro: “Respecto a la modalidad bajo la cual se cometen los femicidios, el informe indica que el 28% de las mujeres son baleadas”.
Sobre el primer “28” el informe “Violencia de Género y armas de fuego en la Argentina”, elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) dice: “Lo llamativo de estos casos, al menos en lo registrado por el INAM, es que no se conoce que las autoridades judiciales hubieran intervenido para secuestrar el armas ni para disponer la prohibición de la compra y tenencia de las mismas por parte del agresor”. El segundo “28” es una cifra que el Estado tiene al menos desde que el Plan Nacional se confeccionó, sin embargo no hay una sola línea de acción que trabaje en la prevención de la violencia con armas de fuego.
Las principales víctimas de las armas son los varones jóvenes. Por día mueren ocho personas por armas de fuego, siete varones y una mujer. Sin embargo, la violencia armada cae de manera desproporcionada en ellas, porque no son ni las compradoras ni las usuarias ni las dueñas. En la Argentina, al igual que en el mundo, representan apenas el 3% de lxs usuarixs, sin embargo uno de cada cuatro femicidios se produce con armas de fuego: es el medio elegido por los agresores. Le siguen los golpes, el apuñalamiento, quemarlas, estrangularlas. ¿Quién carga las armas? ¿Cómo funciona y quién controla el mercado ilegal de armas de fuego y de municiones?
La Red Argentina para el Desarme, RAD, hace más de diez años que intenta instalar la necesidad de políticas de control de armas que, a la luz de los datos, requieren una perspectiva de género. Con un arma en la casa, las víctimas de violencia machista quintuplican los riesgos de morir. Como suplemento, el impacto de la violencia armada es que, según un informe de Amnistía Internacional, “las mujeres se convierten en las principales proveedoras de sustento y cuidadoras cuando los familiares varones mueren o resultan heridos o incapacitados”.
Rebecca Peters es la ex directora de International Action Network on Small Arms y estuvo en Buenos Aires la semana pasada para participar de una jornada de trabajo sobre armas de fuego y violencia de género, organizada por el INECIP y la Fundación Ebert. Peters explicó que la falta de información y de estadísticas es un problema grande que suele utilizarse como una excusa para no actuar. Además, advirtió que “La sociedad y los gobiernos tienen miedo de enfrentar la violencia masculina”. La cultura machista no es un club social ni una “tribu urbana”: impregna organizaciones, subjetividades, acciones cotidianas; también el Estado y sus oficinas.
A mediados de este año, INECIP, como integrante de la RAD, y con el acompañamiento del Colectivo Ni Una Menos, realizó un pedido de acceso a la información pública a la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMaC, sobre la cantidad de oposiciones presentadas a las solicitudes para ser “legítimo usuario” de armas y si se concedió o no esa categoría a los solicitantes en función del artículo 3 del Anexo I de la Resolución 0009/16. El artículo en cuestión dice que “son causales de oposición la existencia de causa o causas penales en los que se investigue o se hubieren sancionado: a) hechos de violencia intrafamiliar o de género, que tengan como autor al solicitante, con prescindencia que en los mismos, se hubiere utilizado arma de fuego alguna; b) Auto de procesamiento o condena penal, aun cuando no se encontrare firme, por cualquier delito que resulte desfavorable para la solicitud pretendida”. La AMNaC nunca respondió.
Para el investigador Julián Alfie, “por las pocas estadísticas oficiales disponibles sobre el tema, se observan dos tendencias a partir de la implementación del Programa de Desarme, hace años. Por un lado, una menor presencia de armas de fuego en los hogares y, por el otro, una disminución de las opiniones favorables a la tenencia de armas de fuego para defensa personal”. Buena parte de la sensibilización sobre los efectos sociales se debe a las campañas de la RAD, que luego siguieron en el Programa. “Lamentablemente -agrega Alfie- esas estadísticas se discontinuaron en los últimos años”.
En 2016 el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que debe llevar adelante la ANMaC, no se ejecutó. En 2017 se reanudó recién en julio. En 2015 había alrededor de 1.500.000 armas en manos de usuarios autorizados por el Estado; pero se calcula que hay 4.000.000, si se tienen en cuenta las ilegales. Con todas esas armas en la calle, las mujeres corren peligro. Entre 2007 y 2015, con altibajos, el Plan sacó de circulación más de 175.000 armas y redujo su presencia de 9,8 en 2005 a 7,1 en 2009. En 2017 recibió 10.300 armas, con una campaña de comunicación imperceptible.
Consultamos al Instituto Nacional de las Mujeres por políticas en particular con la ANMaC y no hay cruces entre la prevención de la violencia por armas de fuego y la porción que de ella corresponde a la violencia machista, que no se reduce al femicidio. La presencia de armas y las relaciones desiguales de poder en función del género implica la permanente presencia de amenazas, intimidaciones, lesiones; se trata de un sometimiento en los hechos y un amedrentamiento a las posibilidades de decir “no”.
El principal argumento para tener un arma es la protección individual; así lo cree el 7% de la población del país, que está armada. Pero las posibilidades de morir por un disparo aumentan si se tiene un arma en la casa: la mayoría de los homicidios se dan de manera intrafamiliar. Se usan para disparar a conocidxs como forma de resolver conflictos interpersonales. En la mayoría de los femicidios, a las mujeres las matan sus parejas o ex parejas.
En los debates actuales de los feminismos el uso de los términos femicidio y feminicidio muestra distintos entramados violentos. El feminicidio, palabra puesta a circular por las mexicanas, señala los asesinatos de mujeres por violencia machista en los que el Estado no hizo nada para impedirlos. Aunque en la Argentina usemos femicidio, cada vez que salimos a las calles insistimos: el Estado es responsable.