Julián Alfíe, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), explicó que el Estado argentino autorizó a los miembros de esa fuerza a utilizar sus armas de fuego personales durante el cumplimiento de los actos de servicio, ante la supuesta falta de recursos para garantizarles sus armas de dotación.

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