Por Silvina Molina para Telam

En Argentina 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego que además son utilizadas para amenazar y violentar a mujeres, una realidad que organizaciones sociales investigaron y así sumaron aportes a las políticas públicas de desarme para la prevención de la violencia de género.

Las armas de fuego están diseñadas “para matar -a diferencia de las armas blancas que tienen otros usos-, tienen mayor letalidad y requieren menos esfuerzo del agresor. Son un problema grave cuando hablamos de violencia de género y femicidios. Hay que derribar el mito de que se utilizan poco para matar mujeres, ya que son usadas en 1 de cada 4 femicidios”, dijo a Télam el abogado Julián Alfie.

El profesional es coordinador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), una de las organizaciones que integra la Red Argentina contra el Desarme (RAD).

l Inecip realizó en los últimos cuatro años dos estudios analizando el uso de armas de fuego con perspectiva de género, mostrando cómo inciden en las violencias y los femicidios.

El último fue el del año pasado ‘Cuando el macho dispara‘, una investigación “aproximatoria”, con datos y análisis para “aportar a las políticas públicas”.

“Otro interés que despertó el informe es ver cómo interviene el Estado cuando hay riesgo evidente. La ley habilita a los jueces a ordenar el secuestro del arma y la inhibición registral” en fallos sobre violencia de género y femicidios “pero como sabemos el arma sigue en presencia del agresor”, explicó Alfie.

Por su parte, Mónica Bouyssede, mamá de Alfredo Marcenac, asesinado hace 14 años a balazos por Martín Ríos -conocido como el “tirador serial de Belgrano”-, señaló a Télam que en Argentina “sólo un 2% de los usuarios de armas de fuego son mujeres; ellas son las víctimas de las armas”.

Bouyssede, licenciada en Sociología, es coordinadora de la Cátedra Abierta en Educación para la Paz que lleva el nombre de su hijo, al igual que la asociación civil que crearon con Adrián, su marido, e integra también la RAD.

Recordó que el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires constató que “no sólo se incrementaron los femicidios en el período de cuarentena por el coronavirus, sino también las situaciones definidas como de alto riesgo denunciadas en la línea 144, registrándose un 50% de casos en los que aparecen armas de fuego” en territorio bonaerense.

En este contexto, Alfie resaltó que “a nivel nacional, el 144 identificó que 26% de los agresores tienen armas de fuego”.

De los 247 femicidios relevados en el registro oficial que elaboró la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en 2019 el 25% fue con armas de fuego, medio también empleado para un travesticidio/transfemicidio.

Además, la escena no es difícil de imaginar cuando el arma se usa para amedrentar, silenciar, golpear, violar: “Sólo hace falta que el agresor diga que tiene un arma o la muestre”, confirmó Alfie.

Otro eje que consideró es que la relación violencia de género-armas “se asoció históricamente a Fuerzas de Seguridad. No hay que desmerecer el uso que hacen los civiles. Estamos hablando de que el 98% de quienes portan armas son hombres”.

Precisamente, el registro de la Corte detalló que de las 64 armas de fuego utilizadas para cometer femicidios directos el año pasado, al menos 16 eran de tenencia legal, ya que 12 eran de integrantes de fuerzas de seguridad y 4 pertenecían a sujetos activos con autorización legal.

Pero 11 estaban en manos de usuarios no autorizados, mientras que no se pudieron obtener datos sobre la autorización de las 37 restantes.

Bouyssede pidió “un mayor control del Estado” y consideró “deseable” que, como parte de los requisitos para el certificado de aptitud psicofísica de los varones que soliciten un permiso para acceder a un arma de fuego o para quienes ingresan a las fuerzas de seguridad, “se evaluaran los antecedentes de denuncia por violencia doméstica u otras violencias, o se consulte a las mujeres convivientes sobre su opinión respecto de ingresar un arma al hogar”.

En ese punto coincidió Alfie, ya que en otros países “se consulta a las victimas antes de dar un permiso de portación”.

Si bien la ley que creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) estipula como una de sus funciones “sistemas de control ciudadano para las autorizaciones, contemplando especialmente mecanismos que contribuyan a la prevención de la violencia de género”, para el abogado “no es efectivo”.

Alfie propone, por ejemplo, revisar y cruzar otras bases de información del Estado “por ejemplo las del 911 y el 144”, antes de otorgar un permiso de portación.

Además recordó que desde 2012 está vigente una resolución del Ministerio Seguridad que estipuló que se debe retirar el arma de dotación a las fuerzas federales ante denuncias por violencia de género “pero esa medida se levanta cuando las causas se archivan, lo que no significa que cese el riesgo”, alertó el profesional.

La RAD “esta propiciando cambios legislativos en el Congreso, reuniéndose con ANMaC y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, intercambios que se complicaron por el contexto” de pandemia.

Consultado por esta agencia, el Ministerio confirmó a través de una vocera que desde la Secretaría de Políticas contra las Violencias por motivos de Género mantuvieron reuniones con la ANMaC y la RAD “para articular acciones conjuntas, ya que esta previsto dentro del Plan Nacional de Acción contra las Violencias, como una línea de trabajo”.

El Plan, presentado en julio último, enumeró “acciones específicas” para la prevención y restricción de la portación y tenencia de armamento reglamentario y civil a agresores y promoción de los canales de control establecidos por la ANMaC para que las personas en situación de violencia accedan a las consultas previas al otorgamiento del permiso para portación.

También una campaña federal de desarme, con especial énfasis en armas de fuego no registradas y capacitaciones sobre perspectiva de género, diversidad y detección de masculinidades violentas a quienes realizan los exámenes psicofísicos a potenciales tenedores de armas.