Por Florencia Arbeleche para el diario Ámbito Financiero

La provincia de Neuquén se convertirá en los próximos días en el primer distrito del país en reanudar los juicios por jurados, luego de tres meses de parálisis del sistema judicial por la pandemia del coronavirus. Mientras que en Río Negro se deshilacha un proyecto en sentido contrario, para suspender los procesos por al menos un año, que llegó a la Legislatura con el guiño de la gobernadora Arabela Carreras.De aprobarse se convertiría en una violación de la Constitución Nacional, que estableció a los juicios por jurados como una garantía obligatoria.

El retorno de esta modalidad tendrá un valor agregado, ya que sentará en el banquillo de los acusados a Alfredo Escobar, que está acusado de haber violado y asesinado el año pasado a Cielo López en Plottier. Su cuerpo fue mutilado y arrojado al río Limay y el caso se convirtió en emblema de la lucha contra los femicidios en esa parte del país.

La reinstauración de los juicios por jurados populares en Neuquén se da en el contexto de la nueva etapa de distanciamiento social en la que ingresaron desde esta semana 18 distritos.

La emergencia sanitaria por el coronavirus puso al sistema de justicia en un impasse desde marzo. La semana pasada, días antes de la extensión de la cuarentena en la región del AMBA, la Corte Suprema accedió a una serie de pedidos de tribunales federales provinciales para reactivar la actividad, siempre bajo protocolos sanitarios vigentes, en un intento por comenzar a normalizar lentamente el servicio de justicia.

En cuanto a los juicios populares, un sistema estipulado por la Constitución Nacional y que por el momento sólo se utiliza en Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Neuquén, Chaco y Mendoza, fuerza el diseño de estrategias en los tribunales, como el uso de los circuitos cerrados de televisión, uso de mascarillas, participación aleatoria de los miembros del jurado durante el proceso, deliberación en espacios que garanticen el cumplimiento de la distancia mínima exigida entre personas, entre otras medidas.

“La vida continúa, y debemos ser capaces de diseñar estrategias para mantener una alta calidad institucional en la vida democrática, preservando la salud pero sin ceder al miedo que paraliza”, dijo Alfredo Pérez Galimberti, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales en una columna publicada ayer en el diario Río Negro.

Precisamente, varios juristas consultados por este diario tildaron de “inconstitucionales, disparatada e inaceptable” una propuesta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, refrendada por la gobernadora Carreras, para suspender los juicios por jurados populares por un año, debido a la pandemia por el coronavirus.

“La Constitución Nacional establece a los juicios por jurados como una garantía constitucional obligatoria y, asimismo, como un “modelo institucional de administración de justicia” que pone en práctica el “derecho del pueblo a juzgar” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo “Canales”)”, agregó Galimberti.