Por: Sidonie Porterie y Aldana Romano del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
El anuncio de reforma judicial por parte del gobierno provincial no sinceró que una de las modificaciones del proyecto desvirtúa fuertemente el juicio por jurados: la única institución que en los últimos tres años logró una verdadera transformación de la justicia penal.
El jurado aumenta la publicidad de los actos judiciales, profundiza el sistema acusatorio que ordena la constitución, eleva el estándar de justicia, incrementa la confianza en el sistema, democratiza y, como efecto central, logra relegitimar el sistema de justicia como ninguna otra reforma logró hacerlo.
Sin embargo, el proyecto del gobierno provincial va en detrimento del poder de los jurados populares y supone cambios que desalientan la realización de estos juicios. En primer lugar, invierte la norma constitucional, que establece que todos los juicios criminales deben ser realizados ante jurados, convirtiendo su uso en opcional, cuando hoy es obligatorio.
En segundo lugar, la reforma admite que la decisión que tomen los jurados sea cuestionada y revertida por un juez profesional. En otras palabras, hace evidente la desconfianza hacia la participación ciudadana y les devuelve a los jueces profesionales -tan cuestionados por sus decisiones- el poder de juzgar.
Y como tercer punto, cambia las mayorías que se necesitan para condenar y absolver, reduciendo las exigencias de número actuales, lo que pone de manifiesto el desconocimiento de que en la mayoría de los casos los jurados llegan a una decisión unánime. Esto inevitablemente va a repercutir en la calidad de la decisión, cuando no hay motivos que fundamenten el cambio.
Lamentablemente la reforma no se asienta en un diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema, ni maneja información de calidad que permita justificar el cambio que se propone. Muy por el contrario, una investigación realizada por el INECIP en los últimos meses revela que los jueces, fiscales y defensores tienen una opinión muy positiva del sistema (75%); y que puestos en situación de elegir qué sistema preferirían para ser juzgados, la gran mayoría (67%) elegiría el juicio por jurados, porque confía más en la imparcialidad del jurado popular que en la posible arbitrariedad del sistema profesional.
La política bonaerense de juicio por jurados, inédita y de referencia en todo el país, debe ser fortalecida a partir de información de calidad que permita evaluar los resultados y considerar eventuales mejoras. En los tres años que lleva el juicio por jurados en la provincia, el sistema se ha consolidado y ha demostrado, por sobre todo, la capacidad de la ciudadanía para intervenir en una función tan importante como lo es determinar sobre la libertad de una persona. Ninguna reforma normativa de la institución puede ir en detrimento de los estándares actuales. Mejorar el sistema de jurados vigente, supone profundizar la participación ciudadana y mejorar las condiciones para hacerla efectiva. La legitimidad de la que carece hoy el sistema de justicia penal bonaerense no se restituye reduciendo el poder de los jurados y re-estableciendo un status quo inquisitorial y medieval.