INECIP en los medios

“Santa Fe atraviesa una reforma integral de su justicia”

Sebastián Narvaja, miembre de INECIP y fiscal santafesino, explica los beneficios del nuevo sistema basado en el modelo acusatorio con audiencias públicas, orales y contradictorias, que posibilitarán mayor agilidad.

18 Feb 2014

Por Sabrina Santopinto

El juicio oral garantiza el cumplimiento de los derechos humanos y acerca la Justicia a los ciudadanos al ser más comprensible y humana, dejando atrás los papeleos interminables. De esta forma, se otorga una mayor transparencia y publicidad a los actos de administración de justicia.

Consultado sobre lo más llamativo de la reforma, el fiscal Narvaja explicó que “se cambió la ley de organización de los tribunales. Ya no existen el Juzgado Nº 1, el Juzgado Nº 2 o el Juzgado Nº 3. Ahora se creó un Colegio de Jueces integrado –por ejemplo– por el tribunal penal de la ciudad de Rosario”. En ese sentido dijo que a partir del nuevo esquema “los magistrados no van a tener sus propios juzgados sino que se van a desempeñar en una oficina de gestión común donde se les asignará el caso para tomar audiencia”.

–¿Cómo se está llevando a cabo la implementación de la reforma?

–Santa Fe desde el comienzo de la recuperación de la democracia es en términos académicos y en las ideas relativas a la reforma bastante proactiva, pero recién en 2007 se aprueba un Código Procesal Penal nuevo. A partir de ahí se encabeza el proceso de reforma, se crea un Ministerio de Justicia –hasta el momento inexistente en la provincia– y se termina de completar la arquitectura jurídica de la reforma. Santa Fe tenía el sistema más antiguo del país y de Latinoamérica. La base de nuestro Código tenía 100 años, y además su principal característica es que se trataba de un sistema completamente escrito.

–¿Qué modificaciones trajo este nuevo Código?

–Cambia el proceso judicial y es una modificación muy grande porque pasa de un sistema puramente escrito –donde se acumulaban actas y los jueces tomaban decisiones en base a eso– a uno oral donde los jueces toman las decisiones no con la información que ellos reciben de los escritos, sino con información con la que se encuentran en una sala de audiencias pública en la cual está presente el fiscal, la víctima –si así lo requiere–, la persona acusada y su defensor. En esa audiencia, las partes hacen las peticiones que consideran, las fundamentan y le comunica al juez de manera oral en un ámbito público, y el juez resuelve en base a eso. No sale por su lado a buscar información y en esto radica la imparcialidad del magistrado porque no se compromete con ninguna línea de investigación.

–Es decir que la oralidad es el cambio más significativo de este proceso…
–Es muy importante. Además se aparta la figura del juez de instrucción, que tenía a cargo la toma de decisiones sobre el caso judicial y llevaba adelante la investigación. Es decir, era juez y parte y la imparcialidad del magistrado era inexistente. Ahora, la responsabilidad de identificar a los autores de los delitos, la recolección de pruebas, acusar, corresponde a la fiscalía. El juez no tiene responsabilidad de que los delitos se esclarezcan o no. El fiscal le presenta el caso al juez, quien después toma las decisiones.

–¿Cómo se modifica ahora el trabajo de los fiscales?

–En Santa Fe esto significó la aparición de una nueva fiscalía. Junto con el Código Procesal Penal existió una reforma integral del sistema de Justicia Penal: está formado por las leyes procesales, pero también por las legislaciones orgánicas que organizan a los propios actores del sistema. Si un fiscal no acusa, no hay caso.

–¿En qué consiste este cambio?

–Se cambió la ley de organización de los tribunales. Ya no existen el Juzgado Nº 1, el Juzgado Nº 2 o el Juzgado Nº 3. Ahora se creó un Colegio de Jueces integrado –por ejemplo– por el tribunal penal de la ciudad de Rosario, integrado por diez jueces; de hecho existe la perspectiva de que se van a ir incorporando más. Estos jueces no van a tener sus propios juzgados sino que se van a desempeñar en una oficina de gestión común donde se les asignará el caso para tomar audiencia. El juez pone a disposición de la oficina de gestión, su tiempo de trabajo. El sistema se llevará a cabo mediante sorteos, para evitar que se elijan los jueces. Pero también se utilizará un mecanismo de compensación, para mantener una carga de trabajo equilibrada. Se crea también un Ministerio Público de la Acusación, que antes no existía, y será un órgano independiente y autárquico.

–¿Qué cambios van a percibir los ciudadanos?

–Desde el punto de vista de las víctimas: se constituye a la fiscalía como gestor de los intereses de las víctimas, entonces una de las pautas centrales de la actuación de los fiscales, al momento de decidir la línea de persecución es el interés de las personas víctimas de un delito. Además a la fiscalía se le dan herramientas para que en un determinado caso traten de buscar una reparación del daño antes que recurrir a meter presa a la persona que delinquió. En cuanto a los imputados, hay un cambio muy grande en los niveles de respeto de sus garantías.

–¿A nivel federal sería necesario replicar este modelo?

–El proceso de reforma a nivel de las diferentes provincias es muy heterogéneo. Santa Fe recién está arrancando y puede llegar a aportar cuestiones muy interesantes para replicar. El sistema federal tradicionalmente ha sido el más conservador, retrógrado y anacrónico. Lo interesante es que se evalúen las experiencias de cada una de las provincias, que se evalúen buenas prácticas para que avance a nivel federal. El sistema de justicia federal como funciona hoy es intolerable.

Fuente: Diario Bae

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