Para la abogada feminista Ileana Arduino “un sistema de justicia que está concentrado en la atención de las violencias solo para castigar y no para reparar probablemente tenga aún, en sus mejores desempeños, pocas posibilidades de transformar las realidades de violencias en las que vivimos”.

Por Carina Ortíz para el Ciudadano Web.

Llegamos al 8M con la bocanada de aire fresco de la sanción de ley Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en diciembre pasado. Aunque las luchas se multiplican a montones, garantizar el cumplimiento efectivo de esta norma en todo el territorio nacional es una de ellas. Pero no es la única batalla que nos espera. Según la organización Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) en los dos primeros meses de este 2021 se produjeron 47 femicidios en todo el país, una de las formas más crueles y atroces de violencia machista. El reclamo de una ley de emergencia en materia de violencia de género con presupuesto necesario para palear esta problemática que aqueja a mujeres y diversidades se reafirma ante cada femicidio. El cuestionamiento a la actuación de los poderes del Estado plantea la necesidad de una reforma feminista, especialmente en el ámbito judicial. <El Ciudadano> charló con la abogada feminista Ileana Arduino sobre femicidios, acerca de por qué algunos de ellos generan gran conmoción pública, de las fallas estructurales respecto a la protección de mujeres y diversidades y qué significa una reforma judicial feminista.

—Úrsula Bahillo denunció en reiteradas oportunidades a su ex pareja por violencia de género antes de ser hallada muerta el 8 de febrero pasado. Tras su femicidio se habla de la necesidad de una reforma judicial feminista. ¿Qué implicaría una reforma de este tipo?

—La consigna de una reforma judicial feminista, de acuerdo a algunas de las demandas que han circulado más masivamente, queda muy circunscripta a una serie de medidas muy elementales que son rápidamente percibidas como medidas útiles, pero me gustaría resaltar su extrema limitación. Es cierto que la situación es tan grave que existe la idea de cierta eficacia en relación con las medidas cautelares; o que algunas formas muy brutales de impunidad que genera la desatención judicial podrían resolverse con algunas de esas medidas, pero es una idea insuficiente.

Una reforma judicial en serio es un debate pendiente en todas las formas en que la Justicia interviene ante los conflictos. Un sistema de justicia que tramita expedientes no gestiona conflictos. Al contrario: los oculta. Un Sistema de Justicia que está concentrado en la atención de las violencias sólo para castigar y no para reparar probablemente tenga, aún en sus mejores desempeños, pocas posibilidades de transformar las realidades de violencias en las que vivimos. Lo que tenemos que discutir es a dónde queremos dirigir esa intervención: si a la protección, a la reparación o a las promesas de imposición de castigos que luego, por las dinámicas históricas y estructurales de discriminación y apoyo en los estereotipos con los que funcionan los sistemas de Justicia, en especial el penal, quedan en las mismas promesas brabuconas e incumplidas de siempre.

—¿Qué aportaría en términos de prevención una reforma judicial feminista?

—En términos de prevención, lo que debería aportar un sistema eficiente de gestión de conflictos es capacidad de previsión. Constituir la instancia de denuncia de las víctimas en una instancia privilegiada para detectar las características del conflicto, sobre todo para detectar riesgos específicos. En ese punto los Sistemas de Justicia de nuestro país carecen de herramientas eficaces para la detección oportuna de riesgo, en particular de riesgos letales. Gran parte de esa dificultad tiene que ver no solo con la falta de dispositivos específicos sino también con las rutinas burocráticas que transforman la instancia de atención en una instancia administrativizada, altamente ritualizada, que reduce la búsqueda de soluciones a los involucrados en el conflicto. Que no piensa o no se articula, sobre todo en lo que tiene que ver con las formas de trabajo del poder judicial en relación con otros servicios sociales, instancias de articulación comunitaria y demás. Lo cierto es que las posibilidades de prevención tienen que ver con la posibilidad de tomarse muy en serio ese lugar de privilegio para el acceso a la información sobre la conflictividad y en su caso operar sobre los factores que puedan ser identificados.

—Pareciera que estos femicidios que conocemos con el nombre y apellido de las víctimas se transforman en banderas de alguna manera, ¿por qué se da ese fenómeno?

—La idea de por qué algunos femicidios ocupan un lugar de protagonismo versus otros que no, es una idea bastante explorada, pensada, trabajada. Habla de nuestras propias limitaciones y también de las jerarquizaciones que existen socialmente para reconocer unas formas de existencia y, por lo tanto, unas formas de muerte particularmente dolorosa para el conjunto de la población. No es que aquellos casos que no logran concitar la atención no lo merezcan, por supuesto que sí. No deberíamos preguntarnos tanto por qué subrayamos nuestra atención frente algunas formas de violencia cuya crueldad es obvia, extrema y, por supuesto, amerita la indignación colectiva que producen, sino por qué otras formas crueles, rutinarias de violencia nos resultan absolutamente indiferentes.

Podemos citar, y me interesan en particular, los femicidios de trabajadoras sexuales o las formas de violencia cotidiana y rutinaria que padecen muchos colectivos que quedan al margen de la reflexión colectiva, la caracterización de cuáles son los problemas que los acucian y, sobre todo, al margen de las prioridades. Muchas veces quedan atrapadas en una mención protocolar en siglas o en forma de enunciación discursivas, pero muchas veces al mismo tiempo aparecen licuadas en el campo de la construcción de respuestas concretas.

—¿Por qué cuesta tanto transversalizar la perspectiva de género?

—Porque hay que mudar un paradigma de organización, una forma de construir las relaciones sociales, de pensar el mundo, de pensar los problemas, que lentamente va tomando nota de la existencia de asimetrías, de jerarquías que no están cosificadas. También ciertos esencialismos conspiran contra la posibilidad de la comprensión. La idea de que alcanza con colocar en situación de víctima a las mujeres versus a los varones victimarios y pensarlo en binario, paradójicamente refortalece las formas binarias de pensamiento y no ayuda, más bien demora, la transformación. Pero el conjunto de mudanzas que hace falta demanda mucho más que el desarrollo de políticas de tipo identitario, que trabajar con herramientas como la capacitación y demás. Si no están orientadas a pensar cómo transformar prácticas y procesos concretos, probablemente encuentren rápidamente su límite.