Por Daniela Chueke Perles para el diario La Nación

Cuando unos amigos en común los presentaron durante unas vacaciones, Marcela se enamoró de Valentín. Aunque vivía en La Plata, donde estudiaba una carrera universitaria, y él en otra localidad de la provincia de Buenos Aires, donde trabaja en la policía, se las ingeniaron para iniciar una relación. Al poco tiempo, quedó embarazada y él le propuso que se mudara a su departamento.

Todavía encandilada por las promesas de amor, por el sueño de iniciar una familia y confiada en que había encontrado a un compañero capaz de brindarle una vida con ciertas seguridades, aceptó. Dejó sus estudios con la idea de amar a su pareja y cuidar al hijo de ambos. Que Valentín trabajara en las fuerzas de seguridad le parecía atractivo: lo veía como un hombre fuerte que la iba a proteger.

Pero la realidad fue otra. La actitud amorosa empezó a transformarse. Se enojaba seguido, la criticaba, le prohibía hacer cosas sin él o salir de la casa, la obligaba a ir a visitar a los padres, a los de él pero nunca a su mamá, que estaba enferma y verla podía “hacerle mal al embarazo”. Si ella decía que no tenía ganas de acompañarlo, venían las represalias. Más gritos, más amenazas y más recortes de dinero.

Y, muchas veces, el arma bien a la vista.

“¿Qué querés que haga, que me mate, que te mate a vos?”
Después de tres años de convivencia, Marcela (por su seguridad, su nombre y el de su expareja fueron modificados) logró separarse. Él se fue a vivir a otro lado, en el mismo barrio, pero la violencia continuó. Con dos hijos a cargo y sin trabajo, se vio atrapada en una situación desesperante.

“Hice denuncias en la Comisaría de la Mujer, pero no me las tomaban, me pedían pruebas. Hasta que logré que me la tomaran en el Juzgado de Paz. Hice varias denuncias por violencia de género, pero jamás se hizo nada para frenarlo”, relata a LA NACION. “La primera fue porque rompió cosas de la casa con un hacha, enojado porque vio que a la tarde había estado una amiga en mi casa”, recuerda Marcela y dice que hoy tiene miedo: “El finde pasado me llamó a las tres de la mañana”.

Una de las últimas veces que temió por su vida, revela Marcela, fue cuando él sacó el arma en la calle y apuntándola, ella con el niño en brazos, delante de los vecinos, le gritó: “¿Qué querés que haga, que me mate, que te mate a vos?”. Esa vez la respuesta de las autoridades fue más efectiva: le dieron un botón de pánico y una medida de restricción perimetral.

La ostentación del arma genera mucha violencia
La de Marcela es solo una de las miles de historias que padecen las víctimas de violencia de género cuando su agresor posee armas. La use o no, la exhiba o no, el solo conocimiento de que ese objeto fabricado para matar esté a disposición del agresor ejerce un efecto implacable: se vive con miedo.

Según datos del Registro Nacional de Femicidios, durante 2021 se produjeron 251 víctimas letales de violencia de género en todo el país y en el 25 por ciento de los femicidios se usó un arma de fuego. Además, en Argentina el 99 por ciento de los usuarios de armas registrados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, antes llamado RENAR) son varones.

Como explica Aldana Romano, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que en 2019 publicó el informe “Cuando el macho dispara: armas de fuego y violencia de género en Argentina”, el arma de fuego es una proyección del poder de quien la detenta y señala que no es casual que en el 99 por ciento los portadores de armas de fuego sean hombres.

“La presencia de un arma en situaciones donde se ejerce la violencia de género es una amenaza latente para las mujeres. No solo por el riesgo de que el arma se llegue a usar para matar sino porque su sola presencia resulta paralizante y muchas veces afecta severamente la posibilidad de que esa persona se anime a pedir ayuda o presente una denuncia”, observa Romano, que forma parte de la Red Argentina para el Desarme, y agrega: “La deuda pendiente es que la problemática de las armas de fuego se resuelva con perspectiva de género en nuestro país”.

En esa línea la ANMaC lanzó recientemente un programa de capacitaciones de prevención de las violencias con perspectiva de género para la sociedad civil, entidades privadas, y organismos públicos. Quienes asisten a esos talleres aprenden sobre cómo desarmar estereotipos de género, qué es la cultura de la violencia y cómo se previene, cuáles son los riesgos de la manipulación de armas y en qué consiste el desarme voluntario, un punto central para empezar a reducir los riesgos de la posesión de armas.

Las expertas consultadas también subrayan que es enorme la circulación de armas que escapan a los controles del estado. Esto pudo verse hace menos de un mes con la noticia de la detención de Alberto Ferriols, exmarido de Beatriz Salomón, por amenazas contra una de sus hijas, quien llevó la denuncia a la justicia y logró que le incautaran un arsenal. La ANMaC explicó que Ferriols “es legítimo usuario de armas y que su caso se encuentra en instancia judicial”.

Quiénes pueden tener armas y cuándo pierden ese permiso
En el informe que Romano elaboró junto con Julián Alfie y Ana Lucía Mucci se expone que existen armas ilegales que no están debidamente registradas y que esa falta de registro no ayuda a prevenir la violencia de género con armas de fuego.

Los datos ayudan a entender la dimensión del problema. En un reporte oficial, la ANMaC, transparenta que según las últimas encuestas nacionales, se estima que en el 3,9% de los hogares hay armas de fuego, “representando una cantidad estimada de entre 3 y 4 millones de armas de fuego en estado registral irregular en circulación en la sociedad”. Y detalla que registradas en el país hay 1.200.000 armas.

Melisa García, presidenta de la asociación de abogadas feministas Abofem, sostiene que es fundamental que se incluya en la evaluación de riesgo que se hace al momento de la primera denuncia de una víctima de violencia de género la información de que la persona que ejerce la violencia tiene un arma de fuego en su poder.

“Con ese indicador el riesgo será catalogado como ‘alto’ y la justicia podrá actuar en consecuencia e incluso puede dar aviso a la justicia penal”, explica la letrada y sigue: “Esto a veces funciona muy bien y se logra que se tomen las medidas necesarias, pero muchas otras veces las mujeres que se encuentran en situación de violencia también tienen que soportar la casuística de sus lugares de residencia. Cruzando la General Paz o en el interior de la provincia de Buenos Aires su suerte cambia y crece la discrecionalidad de la justicia”.

Perspectiva de género y desarme voluntario
La ANMaC sumó aportes al Plan Nacional contra las Violencias por Motivos de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad 2022-2024. Concretamente, integraron un módulo de perspectiva de género en los exámenes que los instructores e instructoras de tiro deben aprobar para obtener la autorización.

Desde fines de 2021, cuando se incorporó la nueva modalidad en las evaluaciones (un ejercicio de sensibilización y concientización de introducción a la perspectiva de género), hasta la actualidad, rindieron examen 220 aspirantes, 11 de ellos, mujeres. “La evaluación de las respuestas manifiesta una clara necesidad de profundizar en la capacitación de los futuros instructores de tiro”, expresa la directora ejecutiva de la ANMaC, Natasa Loizou.

El organismo recibe, a través de los juzgados y fiscalías federales y provinciales, denuncias por motivos de violencia de género o por violencias intrafamiliares con armas de fuego. “Se estableció dar tratamiento urgente y proceder a la inhabilitación inmediata de los legítimos usuarios y la traba registral preventiva a los no usuarios involucrados en procesos judiciales”, expresa Loizou y anticipa que la entidad está armando un registro y mapeo federal de los oficios y notificaciones judiciales para elaborar bases de datos, estadísticas e informes para el seguimiento de los casos. La ANMaC recibe mensualmente unos 300 oficios judiciales vinculados a causas de violencia de género.

“Restringir la tenencia y porte de armas a personas con antecedentes de violencias de género puede tener un impacto real en la protección de las potenciales víctimas y personas en situación de violencia, reduciendo el nivel de letalidad que pueden alcanzar las violencias”, reconocen desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y reafirman que “la presencia de armas en contextos de violencias constituye un indicador de riesgo en términos de diagnóstico profesional e importa un factor de riesgo altísimo para la persona en situación de violencias, en tanto pueden ser utilizadas como amenaza, extorsión y/o intimidación”.

Después de 120 días, Valentín recuperó su arma
Enojado por las denuncias de Marcela, por los reclamos de régimen de alimentos y por la negativa a aceptar que los niños queden bajo su tutela, Valentín tomó represalias. Para obligarla a irse del departamento (el dueño de la propiedad es su padre), entró a las salas de máquinas y cortó la luz y el gas. Marcela entendió que sus hijos ya no podían quedarse ahí y por suerte consiguió que una amiga hospedara a toda la familia. Entonces volvió a buscar ayuda. Escribió a la página de Facebook de Actrices Argentinas contando su situación y le respondió la actriz y periodista Carolina Fernandez, quien la contuvo y la contactó con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

“Marcela fue víctima de distintos tipos y modalidades de violencias por razones de género. Esas situaciones se vieron aún más complejizadas por la presencia de armas de fuego en manos del agresor, lo cual incrementó notablemente los niveles de riesgo”, explica Rocío Hubert, de la Dirección de Políticas de Igualdad de la Defensoría del Pueblo Provincial, a cargo de María Alejandra López. Desde allí, se brindó asesoramiento y contención a Marcela, al mismo tiempo que se generaron articulaciones con las agencias y organismos responsables de darle protección y asistencia.

“Ella, además, se encontraba al cuidado unilateral de sus hijos y sin un lugar donde vivir, en un escenario de prácticas violentas y discriminatorias reforzadas por instancias institucionales y judiciales. Mientras que el agresor permanecía próximo a su domicilio y era ella quien tenía que cuidarse de él”, afirma Hubert.

Valentín sigue trabajando en la policía y continúa portando su arma. Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense confirmaron que por una investigación abierta por Auditoría de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, al oficial le retuvieron el arma reglamentaria durante 60 días, que se renovaron por otros dos meses. Aunque aclaran que la fecha en la que Marcela envió su propia denuncia a la casilla de mail que la oficina tiene para que la comunidad pueda reportar irregularidades, coincide con el período de tiempo en que el policía estaba inhabilitado para portar su arma.

Desde el Ministerio explican que el procedimiento que se pone en marcha cuando hay denuncias de este tipo suele involucrar indagaciones en la Justicia y, en ese sentido, aseguran que sobre Valentín no hay actualmente un dictamen judicial que obligue a quitarle el arma. Además se implementan evaluaciones médicas y psicológicas y se define si se continúa o no con la medida. Y confirman que al día de hoy (11 de julio de 2022) el oficial está en plenas funciones y en uso de su arma reglamentaria.

Marcela vive en un pequeño departamento que alquila por 15 mil pesos por mes y paga con lo que recauda por vender panificados en la calle. Sale a la mañana muy temprano y vuelve a la noche solo cuando terminó de vender el último pan o la última torta frita. “De eso depende que mis hijos puedan comer porque su padre no cumple con la cuota de alimentos”, reclama.

Marcela dice que tiene miedo, sobre todo cuando Valentín se lleva a los hijos. Sabe que está armado. Marcela se sabe vulnerable, pero está pidiendo ayuda. Quiere que a su agresor le retengan el arma. Quiere llevar adelante su emprendimiento sin miedo. Quiere cuidar a sus hijos, mandarlos a la escuela y verlos crecer en paz. No quiere ser una más en la estadística, esa que registra más de 250 femicidios al año y que un 25 por ciento de esas muertes son perpetradas con armas de fuego.

Dónde pedir ayuda
Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE). Brinda orientación a través de la línea 134 y del mail denuncias@minseg.gob.ar.

Línea 144. Brinda atención, asesoramiento y contención ante situaciones de violencias de género de manera gratuita y en todo el país todos los días del año, las 24 horas. Más información sobre la línea 144. No se trata de una línea de emergencia o de denuncias. En casos de riesgo, comunicate con el 911.

ANMaC. Lleva adelante políticas de desarme de la sociedad civil y tiene la misión de registrar, fiscalizar y controlar toda actividad vinculada con armas de fuego, explosivos y otros materiales controlados. Las consultas telefónicas gratuitas se pueden hacer al 0800-333-72769, de lunes a viernes de 9 a 15 horas, y brinda atención presencial en sus sedes de todo el país. Consultar direcciones y horarios en este link. Mediante el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego se reciben armas y municiones en forma anónima, a cambio de un incentivo económico. Las armas recibidas son inutilizadas en forma inmediata en presencia de la persona que realiza la entrega. Luego, son destruidas en un horno de alta temperatura.

Abofem, asociación de abogadas feministas. Responden consultas orientadoras por correo electrónico en abofemargentina@gmail.com y por Instagram en @abofembsas

Defensorías del Pueblo. Cuando las denuncias no son recibidas o si los organismos que deben actuar no dan respuestas se puede acudir al defensor del pueblo. Su misión es iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación en todos aquellos casos originados por la repartición de la Administración Pública que corresponda y las empresas prestadoras de servicios públicos, aún las privatizadas. Defensoría del Pueblo de la Nación: www.dpn.gob.ar; Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires: www.defensorba.org.ar; Defensoría del Pueblo CABA: www.defensoria.org.ar.

Foto portada: Gobierno de San Juan.