El informe fue elaborado en el marco del proyecto de investigación sobre la política pública de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), por la Asociación Argentina por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencia Penales y Sociales (INECIP), con el apoyo de la Fundación internacional Open Society.

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