El INECIP presenta su nuevo informe: Radiografía de las fiscalías de Comodoro Py. ¿“Falta de recursos” o falta de voluntad para el sistema acusatorio?, un análisis crítico que demuestra, con datos oficiales, que las fiscalías federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con los recursos necesarios para implementar el Código Procesal Penal Federal de corte acusatorio.

A partir de la decisión del Gobierno Nacional de poner en vigencia este sistema en la Capital Federal desde el 11 de agosto, diversos sectores del Ministerio Público Fiscal han esgrimido argumentos que cuestionan su puesta en marcha, señalando supuestas carencias presupuestarias. Sin embargo, las fiscalías del distrito federal de la Ciudad de Buenos Aires (compuesto por Comodoro Py y el fuero Penal Económico) se encuentran en una situación altamente privilegiada en términos de recursos disponibles.

Tras más de una década de parálisis, resulta inaceptable que quienes no impulsaron los cambios necesarios hoy pidan “más tiempo” para “hacer las cosas bien”. Sólo un decidido boicot, arraigado en un apego a la distribución de poder actual, puede impedir la adecuada implementación del nuevo sistema.

A partir del análisis de datos oficiales, el informe señala que:

* Los fiscales federales de la CABA tienen la carga de trabajo más baja de todo el país.

* La desproporción entre la CABA y el resto del país es extrema si se contabilizan los auxiliares fiscales.

* Solo el 1 % de las condenas de Comodoro Py corresponden a delitos de alto impacto.
* El sistema acusatorio es imprescindible para optimizar el uso de los recursos y mejorar la actual tasa de 1 % de eficacia político-criminal.

* Pedir más recursos para las fiscalías federales y oponerse al traspaso de la Justicia Nacional a la CABA es incoherente. Uno de cada tres pesos destinados a fiscalías del MPFN se destinan a fiscalías que persiguen delitos ordinarios de la CABA.

* La ley de implementación marca una readecuación esencial: el traslado de personal de los juzgados a los Ministerios Públicos. Es clave que se operativicen estos traspasos, permitiendo que el personal de juzgados y tribunales —que quedarán progresivamente ociosos— sea reasignado a fiscalías, defensorías y oficinas judiciales.

La única forma de revertir décadas de ineficacia y arbitrariedad judicial es avanzar decididamente hacia la implementación del sistema acusatorio, tal como se ha hecho en otras jurisdicciones del país. Quienes hoy presentan excusas orientadas a suspender la implementación del sistema acusatorio o a apostar a su fracaso, tienen en sus manos la responsabilidad y los recursos suficientes para darle a la sociedad argentina la calidad de justicia que nuestra democracia requiere.

 

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