A casi 25 años de la crisis financiera del 2001, la más reciente marca en el vínculo de la ciudadanía argentina con el sistema financiero, el Tribunal Oral Federal N° 3 de la Capital Federal condenó a 5 años de prisión al ex banquero Carlos Rohm por encontrarlo responsable del delito de asociación ilícita. Además, el fallo destinó millones de dólares que se encontraban cautelados para reparar a los ahorristas e inversores afectados.

Luego de un juicio oral que insumió casi dos años, el tribunal condenó a Carlos Rohm, ex vicepresidente del Banco General de Negocios (BGN), a cinco años de prisión, por la comisión del delito de asociación ilícita, en calidad de jefe. También fueron condenados otros ocho directivos y funcionarios del BGN que recibieron penas de 3 años de prisión de ejecución condicional por ser miembros de la asociación ilícita. Finalmente, se ordenó un decomiso de más de 45 millones de dólares, valores que serán destinados a reparar el daño económico sufrido por los ahorristas e inversores damnificados.

El juicio llevó a la conclusión de que el banquero era jefe de una asociación ilícita dedicada a desviar los fondos de los clientes del BGN y fugar capitales. Las maniobras se llevaron adelante mediante el uso de un entramado societario que contaba con sedes en el exterior del país. Esas sociedades, que funcionaban de forma clandestina y marginal en el seno del BGN, fueron claves para perpetrar los engaños que concluyeron en el abuso de la confianza que los ahorristas e inversores habían depositado en una entidad bancaria de gran relevancia para la época.

Por su parte, si bien a lo largo del juicio se escucharon los testimonios de sucesivas víctimas, las que relataron cómo habían sido defraudadas por los responsables del banco y las consecuencias que eso trajo para cada una de ellas, la sentencia declaró la extinción de la acción penal por prescripción del delito de administración fraudulenta.

A su vez, los responsables de las entidades extranjeras que integraban el directorio del BGN ꟷ J.P. Morgan, Dresden Bank y Credit Suisse ꟷ no llegaron a ser juzgados en el juicio oral dado que previamente habían sido sobreseídos por prescripción.

Luego de las sucesivas audiencias de debate se pudo establecer que el BGN había sido utilizado para desviar los fondos confiados por los ahorristas y que esa operatoria había sido desplegada por un grupo de personas con funciones de relevancia dentro de la entidad.

Además, en el juicio se probó que la estructura delictiva operó desde mediados de los años 90 hasta el 2002. Entre las maniobras discutidas se destacaron:

Fuga de capitales: mecanismos para sacar dinero del país evadiendo los controles del Banco Central y las restricciones vigentes en la época.
Operaciones en beneficio propio: directivos y miembros de la entidad utilizaban el banco para la compraventa de bonos en su favor.
Préstamos vinculados: asistencia financiera ilícita a empresas y personas relacionadas con los directivos.
Captación marginal: ingreso de fondos por fuera de los registros oficiales y apropiación de títulos valores ajenos.
Por último, uno de los puntos más relevantes de la sentencia es la recuperación de los activos involucrados en la maniobra para reparar los daños generados en las víctimas.

El tribunal ordenó el decomiso de, aproximadamente, USD 45.000.000 que habían sido cautelados desde el inicio del caso y se hallaban en cuentas del Credit Suisse y del JP Morgan Chase Bank. Esas entidades participaron del debate como parte civilmente demandada y estaban a la espera de recuperar esos valores.

Además, se decomisaron los fondos de la venta de acciones de la empresa Química Estrella SA, los cuales se destinarán a pagar la demanda por daño moral, fijada en cerca de los cien millones de pesos, más intereses.

* Rosario Avanzatti es funcionaria judicial e integrante del equipo de trabajo del INECIP.