La semana pasada se presentó, en la Sede de la Defensoría General de la Nación Argentina, el libro “Defensa Penal Efectiva en América Latina” con la participación de Alfredo Pérez Galimberti, Francisco Marull y Lucas Gilardone por parte del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Natalia Gambaro por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
La actividad tuvo como principal objetivo exponer las principales conclusiones de la investigación y generar un espacio de discusión y análisis sobre los desafíos de la defensa penal en los sistemas de justicia penal de las provincias argentinas y de América Latina en general.
El estudio fue desarrollado entre 2012 y 2014 por distintas organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México y Perú, teniendo como finalidad producir una base de información creíble y fiable sobre el acceso a una justicia penal efectiva que sirviera para determinar las acciones necesarias para mejorar la situación e identificar las mejores prácticas existentes.
La dirección de la investigación en Argentina estuvo a cargo de Sebastián R. Narvaja mientras que el equipo de investigación estuvo conformado por Lucas Gilardone como investigador principal (abogado de la Universidad Nacional de Córdoba [UNC], miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales [INECIP Córdoba] y por Celeste Leonardi (abogada de la Universidad Nacional de La Plata [UNLP] y candidata a magíster en Derechos Humanos de la UNLP – Asociación por los Derechos Civiles), Federico Espiro (abogado de la UNLP y actual fiscal de estado adjunto de la Provincia del Chubut), Luciano Caliva (abogado de la Universidad Empresarial Siglo 21 y miembro de INECIP) y Magali Vereda (abogada de la UNC y miembro del Frente Organizado Contra el Código de Faltas). El capítulo fue revisado por Alfredo Pérez Galimberti y Francisco G. Marull.
Cabe destacar que el estudio se ubica en un contexto de cambio y complejidad. En las últimas dos décadas, la mayoría de los países latinoamericanos han experimentado cambios sustantivos en sus sistemas de justicia penal, y en muchos sigue en curso el proceso de reforma. La mayoría han adoptado nuevos códigos de procedimiento penal y si bien los detalles de las reformas son distintos en cada país, debido a la variedad de presiones e influencias, en general constituyen un cambio del enfoque inquisitorial por el acusatorio con respecto al proceso penal.
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