Por Fernando Vallone* para el Newsletter Zona Gris
El Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ofrece una serie de constataciones de especial relevancia para repensar las estrategias de análisis, prevención y represión del crimen organizado, en particular en lo que refiere al rol de los proveedores de servicios técnicos en la gestión de la economía del narcotráfico y del lavado de activos. En ese marco, el documento, aporta insumos valiosos para una identificación más precisa de la denominada “zona gris” de la criminalidad organizada.
En el subcapítulo Contemporary issues on drugs, el informe aborda específicamente el fenómeno del lavado de dinero y destaca a los “money launderers” como actores estratégicos dentro de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. A la luz del informe, no se trata de figuras accesorias, sino de componentes estructurales sin los cuales la actividad criminal no podría sostenerse ni expandirse en el tiempo.
Para dimensionar la magnitud del fenómeno, el informe presenta estimaciones económicas de enorme impacto. Así, señala que los mercados minoristas de drogas en la Unión Europea generaron aproximadamente 31.000 millones de euros en ventas en 2021, equivalentes al 0,3 % del PIB regional. En los Estados Unidos de América, esos mercados produjeron alrededor de 146.000 millones de dólares en 2016, lo que representó el 0,8 % de su PIB. En contextos de debilitamiento severo del Estado de derecho, estas cifras alcanzan proporciones aún más significativas: la economía de los opiáceos representó entre el 9 % y el 13 % del PIB de Afganistán en 2021, y entre el 0,9 % y el 2,4 % del PIB de Myanmar en 2023.
El enfoque hacia los operadores técnicos de la organización criminal
Es a partir de esta magnitud económica -y de la consecuente necesidad estructural de integrar esas ganancias al circuito formal- que el reciente informe de la UNODC propone un cambio de foco en las estrategias de persecución penal. En un escenario en el que las organizaciones criminales tienden a adoptar estructuras cada vez más descentralizadas y fungibles, una de las tácticas más eficaces para su disrupción consiste, según la Oficina, en la identificación y neutralización de individuos con alto capital humano, entre ellos los operadores especializados en lavado de activos.
El informe describe una transformación profunda del paisaje del crimen organizado, en que las grandes organizaciones jerárquicas y verticales (como los antiguos cárteles colombianos) han sido, en muchos contextos, reemplazadas por redes fragmentadas, articuladas a través de “service providers” especializados en distintos eslabones de la cadena criminal, tales como el transporte, el lavado de dinero y la corrupción.
Dentro de esta categoría se ubican profesionales con elevados conocimientos técnicos que comercializan sus servicios para la estructuración de operaciones financieras complejas, el diseño de múltiples capas de ocultamiento del origen ilícito de los fondos, y la administración de sociedades, contratos y flujos contables destinados a conferir apariencia de legalidad a las ganancias criminales.
En palabras de Juan Cruz Vázquez, no se trata de figuras periféricas o meramente instrumentales, sino de “actores estructurales de la organización, altamente capacitados e insertos en circuitos económicos, con contactos y recursos para llevar adelante las operaciones financieras que permiten blanquear el dinero” (La sombra del narcotráfico, Ed. Capital Intelectual, 2010, P. 53). La caracterización de dicho autor es relevante porque desplaza la mirada desde el ejecutor visible del delito hacia quienes garantizan su sostenibilidad económica.
El documento de la UNODC advierte que, en organizaciones descentralizadas, el lavado de dinero tiende a fragmentarse en múltiples operadores y canales. La estrategia criminal de la fragmentación, propia de la nueva organización reticular, incrementa la resiliencia frente a la acción estatal, pero al mismo tiempo genera vulnerabilidades específicas que pueden ser explotadas mediante estrategias de investigación adecuadas.
Necesidad de un viraje de la política criminal de prevención e investigación de redes de narcotráfico a gran escala
A partir de este diagnóstico, el enfoque de política criminal propuesto es inequívoco, es decir, seguir el dinero e identificar a los profesionales que lo gestionan. En ese sentido, el informe adopta una posición contundente al sostener que una estrategia eficaz de persecución del crimen organizado no puede limitarse a los actores de la cadena de tráfico, sino que debe incluir a los facilitadores técnicos que hacen posible la circulación, ocultamiento e integración de las ganancias ilícitas en la economía formal.
A fin de representar este eslabón, corresponde identificarlo como un punto estratégico integrado por profesionales del derecho y de las ciencias económicas, claramente distantes del estereotipo que la cultura popular asocia con los integrantes de una organización de narcotraficantes. Desde despachos ubicados en zonas céntricas y de alto nivel, estos actores articulan de manera reservada las estructuras jurídicas y financieras que posibilitan la administración, canalización y circulación de las grandes fortunas provenientes del narcotráfico. En esos ámbitos se facilita la infiltración de la economía formal mediante la introducción de cuantiosos flujos de capital provenientes del narcotráfico, a través de la constitución y utilización de sociedades y emprendimientos de fachada, tales como cadenas gastronómicas, supermercados, salones de fiestas, hoteles, actividades extractivas, empresas de energía renovable o desarrollos inmobiliarios, que operan como vehículos de integración y legitimación de fondos de origen ilícito.
Para implementar la estrategia sugerida por la UNODC, se requiere por parte de las autoridades locales un abordaje integral del fenómeno, en el cual la investigación relativa al hallazgo de un cargamento de drogas tenga una relevancia equivalente a la investigación orientada a identificar a esos gestores técnicos y profesionales que canalizan las ganancias derivadas de ese cargamento. En otros términos, es necesario asumir que la detección de un cargamento ilícito y la detención de sus ejecutores no implican, por sí mismas, la desarticulación de la organización criminal. Por el contrario, ese episodio puede constituir una oportunidad estratégica para que los investigadores reconstruyan la trama subyacente y avanzar hacia la identificación de aquellos circuitos financieros encargados del lavado de las ganancias derivadas de la actividad ilícita.
Las variantes de las técnicas de investigación criminal
Sin embargo, ambos extremos de la cadena criminal exigen abordajes investigativos radicalmente distintos. Las modalidades de actuación, los ámbitos de realización y los actores involucrados difieren de manera sustancial. Aunque se trate de conductas de un mismo fenómeno criminal, sus características, por hallarse en los extremos opuestos de la cadena, son tan disímiles que abordarlas con idénticas técnicas y estrategias de investigación constituye un error grave.
Desde la perspectiva de la prevención y de la represión eficaz, persiste además un sesgo estructural. En efecto, los mayores esfuerzos y recursos estatales se centran en uno solo de los extremos, por lo que las investigaciones en materia de narcotráfico suelen iniciarse a partir de la detección de los sectores de las redes criminales que gestionan el tráfico físico de drogas, y no desde quienes proveen los servicios de lavado de las ganancias obtenidas.
Pero las estrategias de investigación de ambos fenómenos son diferentes. Existen, de hecho, herramientas preventivas diferenciadas para cada una de estas dimensiones: por un lado, las policías de prevención y las fuerzas de seguridad de frontera; por otro, un amplio sistema de detección de maniobras de lavado de activos. Además, la preparación técnica y profesional de un equipo de investigadores que deben dilucidar una red de personas que intervienen en las etapas de tráfico de estupefacientes difiere diametralmente de la que debe tener un grupo que investiga a una organización que lava el dinero. El objeto de la pesquisa es diferente. Un primer equipo debe contar con la capacidad de abordar, con sigilo y eficacia, las rutas logísticas y los mecanismos operativos vinculados al tráfico del cargamento físico. El segundo, en cambio, debe estar en condiciones de reconstruir la compleja trama contable y jurídica a través de la cual se canaliza, integra y multiplica el dinero de origen delictivo dentro del circuito formal.
No obstante, la práctica forense en nuestra región demuestra que la mayoría de las investigaciones se activan desde el primer extremo, y rara vez recorren el camino inverso en donde se accede a una red de narcotraficantes a partir de la investigación del sector de la economía infiltradas por sus ganancias.
Algunas razones del déficit de la política criminal
Cabe señalar, finalmente, algunas razones centrales que pueden explicar esta asimetría.
En primer lugar, los recursos preventivos tienden a concentrarse en el extremo más visible del fenómeno, que ofrece mayor rentabilidad simbólica y electoral que el despliegue de herramientas de prevención del lavado, generalmente alejadas de la exposición pública.
En segundo lugar, las conductas de primer orden resultan sensiblemente más fáciles de detectar que las de segundo orden, lo que revela una brecha significativa en la capacidad técnica de los operadores encargados de la prevención y la represión en el ámbito de la criminalidad económica compleja.
Por último, la composición de los sujetos de cada uno de estos extremos de la red criminal presenta características que los hacen más vulnerables o resistentes a la operatividad de la agencia penal. En efecto, la primera línea de la cadena de narcotráfico está conformada por sectores fungibles, que ofrecen un servicio de bajo costo, al no tener que poseer especiales capacidades para el desarrollo de la tarea de la red narco criminal (acopio, comercialización, transporte nacional o transfronterizo). Mientras que, al otro extremo, se requiere de personas con altas capacidades técnicas, para el desarrollo de su labor criminal, y se encuentra generalmente situada en los sectores medios altos de la escala social, con suficientes recursos y capital simbólico que les otorga mayores anticuerpos a la amenaza del derecho penal. A esto, se le suma que en algunas ocasiones este tipo de organizaciones, a través de estos especialistas del lavado, invierten el producido de la actividad criminal en determinados actores políticos que otorgan protección a la organización.
Otro obstáculo relevante radica en la dimensión transnacional de estas operaciones. Como señala Alain Labrousse en Geopolítica de las drogas (Ed. Marea, 2011, p. 40), la mayor parte de los beneficios generados por el narcotráfico se recicla en países desarrollados, donde el lavado de activos termina funcionando como un factor de sostén para economías regionales enteras. En este contexto, la detección y desarticulación de las maniobras exige mecanismos de cooperación internacional eficaces, ágiles y sostenidos en el tiempo, capaces de superar las asimetrías normativas, los distintos estándares probatorios y las resistencias vinculadas a intereses económicos locales.
En esa misma línea, puede ocurrir que incluso dentro de las propias fronteras nacionales las rentas generadas por la actuación de una organización narcotraficante que ejerce control sobre territorios social y económicamente vulnerables sean posteriormente canalizadas e invertidas en centros urbanos de mayor poder adquisitivo. De este modo, los sectores más expuestos quedan atrapados en un contexto de violencia, fragmentación social y deterioro institucional, mientras que los espacios económicamente privilegiados captan y aprovechan los beneficios derivados de esa economía ilícita. Por ejemplo, en la historia reciente de Italia se verificó una dinámica así, ya que mientras el sur del país era castigado por la violencia, la cooptación institucional y el control territorial ejercido por organizaciones como Cosa Nostra y la Ndrangheta, el norte industrial recibía e incorporaba una significativa masa de capitales ilícitos generados por esas mismas estructuras criminales, integrándolos a su circuito económico formal.
El último informe de la UNDOC, al identificar las vulnerabilidades de las redes criminales y la estrategia irrumpir sobre los servicios profesionalizados de gestión de capitales ilícitamente obtenidos, es un llamado de atención que puede concientizar en la necesidad de profundizar las políticas de análisis, prevención, detección e investigación, con igual empeño y relevancia, desde los dos extremos que pueden conducir al epicentro de la red criminal de narcotráfico.
Otra razón de peso para abordar el circuito económico del narcotráfico
Golpear la estructura económica de una organización criminal no solo permite desarticular la red, sino que constituye una herramienta estratégica para debilitar su capacidad de reproducción en el tiempo. En ese sentido, el decomiso integral del entramado de lavado de activos (bienes, sociedades, instrumentos financieros y demás dispositivos utilizados para canalizar ganancias ilícitas) posibilita, además, generar recursos que pueden destinarse al financiamiento de nuevas investigaciones, mejorar las condiciones del sistema penal (tribunales, cárceles y policías) y aplicar así políticas de persecución penal eficaces y respetuosas de un estado constitucional de derecho.
Además, en determinados supuestos, la reutilización social de los bienes decomisados adquiere una dimensión adicional, de gran relevancia. En efecto, la afectación de inmuebles que integraban el patrimonio de la organización criminal a fines comunitarios, bajo gestión de la sociedad civil, no solo cumple una función simbólica de resignificación del territorio, sino que contribuye a satisfacer demandas laborales y sociales insatisfechas. Esto resulta particularmente relevante en contextos de alta vulnerabilidad, donde las redes criminales suelen ocupar el vacío estatal, proveyendo empleo, asistencia o recursos a cambio de lealtad y control social.
* Fernando Vallone es funcionario judicial con amplia trayectoria en investigaciones sobre delincuencia económica y crimen organizado. Obtuvo el Máster Universitario de Segundo Nivel en Análisis, Prevención y Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Corrupción (Universidad de Pisa), así como cursos de posgrado en las universidades de Buenos Aires y Austral, en materia de delitos económicos.