Durante el conversatorio “Desafíos de la implementación del sistema acusatorio federal en Córdoba”, se generó un espacio de intercambio sobre las perspectivas concretas de los miembros de la justicia federal de Córdoba y se discutieron estrategias para abordar dichos desafíos a partir de experiencias comparadas de implementación en la región. De manera concreta y práctica, José Cafferata Nores, Ángela Ledesma, Alfredo Pérez Galimberti, Guillermo Nicora y Aldana Romano compartieron sus vivencias en la implementación de sistemas acusatorios adversariales en diversos países de América Latina.
La actividad, organizada por el INECIP con el apoyo del Ministerio de Justicia de la Nación y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, contó con la participación de jueces, fiscales y defensores federales del distrito de Córdoba, así como de otros integrantes de la justicia federal y provincial.
José Cafferata Nores, Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor emérito de esa institución, abrió el conversatorio refiriéndose a los desafíos que las nuevas tecnologías y las neurociencias implican para las garantías procesales penales y para el sistema penal en su conjunto.
Por su lado, la jueza de la Cámara Nacional de Casación Federal, Ángela Ledesma, expuso sobre la reorganización del Poder Judicial y el nuevo rol del juez en el sistema adversarial federal, así como de los desafíos de la implementación de estos cambios en los distritos que recientemente implementaron el Código Procesal Penal Federal. Ángela afirmó: “La organización vertical de la justicia es vetusta, por eso necesitamos una organización jurisdiccional horizontal. Ya logramos tener jueces de juicio cumpliendo funciones de garantías, y vamos a tener pronto jueces de tribunales orales cumpliendo funciones de revisión. Esto tiene que ver con la flexibilidad y la rotación. Aunque muchos se resistan, hacia allí debemos avanzar. Esas resistencias ya se empezaron a romper y ya contamos con pequeños ejemplos. Avanzamos despacito porque son los cambios más traumáticos, pero muchos colegas ya comienzan a comprender que la horizontalidad es el camino necesario. Apuesto a esas ganas de transformar”.
Aldana Romano, integrante de la Junta Directiva y co-directora del programa de Organización y Gestión Judicial del INECIP, se refirió a los desafíos que presenta la gestión judicial y a las experiencias respecto a la implementación de las oficinas judiciales, desde una perspectiva integral y ya no solo de agendamiento de audiencias. “El tiempo del juez en la audiencia es el recurso más valioso que tienen los tribunales, y por lo tanto debemos cuidarlo. Eso implica organizar y planificar el trabajo alrededor de un tribunal. La carrera de derecho no enseña a gestionar recursos humanos, ni a administrar recursos materiales, ni a planificar estratégicamente organizaciones, ni a producir información ni indicadores. Y está bien que así sea, porque esas son funciones de gestión, que deben cumplir las oficinas judiciales. Las oficinas ya no son “de gestión de audiencias”: no solo manejan la agenda y fijan audiencias, sino que tienen todas estas otras tareas de gestión, que en última instancia permitirán aprovechar de la mejor manera posible los dos recursos centrales de los tribunales: las horas del juez en audiencia y las salas de audiencias”.
A su vez, Guillermo Nicora, integrante de la Junta Directiva del INECIP y fiscal de la provincia de Buenos Aires, se sumó al debate y habló sobre la orientación político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales, la persecución penal estratégica y la proactividad en la tarea fiscal. “El desafío actual de los Ministerios Públicos Fiscales es la eficacia político-criminal. Esto coloca a las fiscalías en un rol de toma de decisiones respecto a la política de persecución penal, que implica priorizar fenómenos criminales, seleccionar casos en forma estratégica, que permitan el mayor impacto posible sobre la estructura criminal a la que se apunte”.
Nicora continúo: “En la justicia federal, la discusión sobre la selección de casos es más sofisticada, porque generalmente son problemas criminales con cierta criminalidad y organización. La vieja idea de ‘selección de casos’ reducida a descartar casos insignificantes ya no es suficiente. Se tendrá que trabajar no sólo por los resultados, sino sobre el impacto: no sólo condené a 100 narcotraficantes, sino de qué manera impacta esto sobre el nivel de violencia de esa organización narcocriminal. Esto implica repensar herramientas como las investigaciones genéricas, que permiten una mayor proactividad en la búsqueda y construcción de casos complejos”.
Finalmente, el vicepresidente del INECIP y ex Defensor General de Chubut, Alfredo Pérez Galimberti, se refirió al rol de la defensa pública en el nuevo sistema, en base a la experiencia de otros países. “La reorganización institucional de jueces, fiscales y defensores no puede ser temerosa ni con un gradualismo que lleve a una reconfiguración de las viejas prácticas. El sistema acusatorio-adversarial implica un cambio de raíz en la estructura. En la defensa, esto significa, entre otras cosas, poner a los que saben de derecho a hacer tareas jurídicas, a ponerlos a defender personas, y liberarlos de las tareas administrativas que hacen actualmente. Tenemos cientos de abogados o estudiantes de abogacía cumpliendo funciones para las que no están preparados, y desaprovechando sus conocimientos jurídicos que podrían estar usando para garantizar mejor el derecho de defensa. Esto, en un sistema adversarial y, más aún, cuando finalmente se implemente el juicio por jurados a nivel federal, es inadmisible”.
