En Argentina, miles de personas están detenidas por largos plazos en comisarías, lugares inhabilitados para esos fines y donde sus derechos básicos son sistemáticamente violados. Detrás de cada una de esas detenciones, hay un juez o jueza que la autoriza, omitiendo su obligación constitucional de evitar ese tipo de martirios. Mientras jueces y juezas sigan avalando estas situaciones, cualquier intento de solución será inconducente.
Este monitor busca sistematizar información sobre la situación de las personas presas en comisarías, los hechos más graves que se informen públicamente en cada una de las provincias de nuestro país y, cuando existan, las acciones concretas tomadas por las autoridades responsables para ponerle fin a este estado de situación inaceptable en un Estado de derecho.
Ciudad de Buenos Aires
A raíz del habeas corpus correctivo colectivo iniciado en 2020 por el Ministerio Público, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires intimó el 18 de diciembre de 2025 a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal a iniciar, en el plazo de diez días, el proceso de traslado de todas las personas detenidas en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad que se encuentren condenadas o con su situación procesal resuelta.
El juzgado advirtió que las comisarías y alcaidías no son establecimientos adecuados para la permanencia prolongada de personas privadas de libertad, tanto por sus condiciones edilicias como por la falta de personal especializado para el cumplimiento de las funciones penitenciarias.
Con este fin, estableció, en caso de incumplimiento, astreintes hacia el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, Dr. Julián Marcelo Curi, y al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Inspector General Lic. Fernando Martínez.
Además, se le indicó al Jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Ariel Casaló, que debía abstenerse de alojar en las comisarías y alcaidías bajo su custodia a personas privadas de la libertad, aclarando que de lo contrario podría incurrir en delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Pese a ello, al 25 de febrero de 2026 había 2.383 personas detenidas en comisarías, 44 personas más que al momento de dictarse la resolución.
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad avanzó con el proyecto de una Alcaidía Central en Villa Soldati. Organismos de derechos humanos y especialistas han advertido que este tipo de instalaciones podría consolidar un esquema de detención precaria y reforzar el uso de dispositivos transitorios para alojamientos que tienden a prolongarse.
Chubut
Según el relevamiento provincial de personas privadas de libertad elaborado por el Ministerio de la Defensa Pública de la Provincia de Chubut, al 2 de marzo de 2026, 260 personas se encontraban alojadas en comisarías, siendo el 32,1% del total de detenidos bajo custodia del Estado provincial.
La situación en comisarías de la provincia viene agravandose desde hace meses. En diciembre de 2025, autoridades judiciales locales advirtieron que los centros de detención y los calabozos de las comisarías de la región se encontraban completos. Frente a esta situación, tribunales de Esquel optaron por disponer en algunos casos arrestos domiciliarios o liberaciones de las personas detenidas para que continúen cumpliendo la pena en sus domicilios, ante la imposibilidad de encerrarlos en lugares aptos para detenciones duraderas. Estas correctas decisiones evidencian el poder con el que cuentan jueces y juezas para reducir la presión sobre comisarías y centros de detención transitorios, evitando que espacios no diseñados para el alojamiento prolongado de personas privadas de libertad se conviertan en cárceles improvisadas.
La detención en centros no preparados para recibir personas impacta directamente en las condiciones de seguridad dentro de estas dependencias. En febrero de 2026 se registró un episodio de violencia cuando un detenido agredió a un efectivo policial durante el horario de visitas y el resto de los internos amenazó con iniciar un motín. Ante esta situación, la policía tuvo que llamar refuerzos por no contar con el personal suficiente.
Entre Ríos
El Defensor General de la provincia de Entre Ríos alertó sobre el aumento de personas detenidas en comisarías. Con el objetivo de colaborar a la mejora de la situación, la Defensoría General dictó la Resolución Nº. 11/2026, mediante la cual estableció pautas de actuación para todos los defensores y defensoras de la provincia en materia de prisiones preventivas y lugar de cumplimiento de detenciones.
La finalidad de la medida es promover criterios uniformes de intervención en todo el territorio provincial y, al mismo tiempo, evitar —salvo en casos excepcionales— el alojamiento de personas detenidas en dependencias policiales. La resolución destaca que el cumplimiento de la prisión preventiva en comisarías, alcaldías u otros espacios no penitenciarios debe ser considerado una excepción, incluso cuando exista una decisión judicial en ese sentido.
Provincia de Buenos Aires
Datos: www.comisionporlamemoria.org/datosabiertos/comisarias-datos/
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) registró durante el mes de febrero 1.855 personas detenidas en comisarías bonaerenses, frente a un cupo oficial informado de 1.259 plazas. Se observó que existe un aumento sostenido en la población, habiendo 29 personas más que en enero.
En el marco de las medidas cautelares vigentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría de Casación de la provincia, junto con el CELS y la CPM, presentó recientemente un informe sobre la evolución de la situación de encierro en la provincia.
En el informe se señala que, aún habiendo disminuido la cantidad de detenidos en comisarías con la construcción de nuevas alcaidías departamentales, el problema no se termina. A diciembre de 2025, más de 1.300 personas continuaban alojadas bajo dependencias policiales, dejando en evidencia que la construcción de establecimientos penitenciarios no es una solución integral a la problemática.
En el informe también se denuncian graves situaciones de violencia institucional.
Entre estos casos, en la Comisaría Primera de Moreno se documentaron situaciones de malos tratos y torturas, incluyendo golpes y la aplicación de descargas eléctricas durante interrogatorios informales. Además de condiciones de alojamiento extremadamente precarias, como personas durmiendo en el piso, celdas superpobladas, espacios sin iluminación ni instalaciones sanitarias.
Asimismo, luego de que la dependencia fuera clausurada por orden judicial y se prohibiera el alojamiento de personas, se registró el fallecimiento de una persona que había permanecido tres días detenida en una celda de aproximadamente dos metros cuadrados, sin baño ni condiciones mínimas de habitabilidad.
En este contexto, las organizaciones que integran el mecanismo de monitoreo solicitaron a la Suprema Corte de Justicia provincial que impulse medidas orientadas a reducir el uso de la prisión preventiva y fortalecer la aplicación de alternativas al encarcelamiento, instando a jueces y fiscales a evaluar con mayor rigor la necesidad de la detención preventiva y a considerar las circunstancias personales y de vulnerabilidad de las personas detenidas.
En este marco, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de General San Martín dictó una resolución donde revoca la autorización para que en la comisaría San Martín 5a (Billinghurst) se pueda alojar personas privadas de la libertad. La decisión se basó en la falta de infraestructura mínimamente exigible para un ámbito de detención.
En el mismo sentido, el Juzgado de Garantías N.º3 hizo lugar a un habeas corpus y procedió a la clausura de los calabozos de la Comisaría Tres de Febrero Octava. Así, se ordenó que se detenga de forma inmediata el ingreso de detenidos y el traslado de todas las personas hacia otras seccionales.
Salta
Durante el mes de febrero se registró la muerte de una persona detenida en la Comisaría Nº1 de la Ciudad Joaquín V. González. A raíz de esto, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura realizó una inspección del sector de alojamiento de la dependencia y constató condiciones sumamente precarias e insalubres, incompatibles con el alojamiento de personas privadas de libertad.
Durante la visita del organismo había alrededor de 20 personas detenidas, mientras que el día del fallecimiento la cifra habría superado las 30. En ese contexto, el Comité señaló que el desenlace “podría haberse evitado” y que fue producto de una serie de decisiones inadecuadas en el manejo de la detención.
Los episodios recientes también evidencian los riesgos asociados a estas condiciones de detención. En febrero, seis personas detenidas lograron fugarse de una comisaría tras realizar un boquete en una de las paredes del lugar.
En consecuencia de estos acontecimientos, la Cámara de Senadores de Salta aprobó un proyecto mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial avanzar con obras de ampliación en el edificio policial donde funcionan la Unidad Regional N.º 5 y la Comisaría N.º 50 de Joaquín V. González
Sin embargo, la ampliación de instalaciones policiales aparece como una respuesta que difícilmente pueda resolver el problema estructural del alojamiento de personas privadas de libertad en comisarías. La experiencia comparada muestra que la expansión de la capacidad de encierro en dependencias policiales tiende a reproducir rápidamente situaciones de sobrepoblación, sin modificar las dinámicas que originan el problema.
Jujuy
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Jujuy realizó un relevamiento de las personas privadas de la libertad en comisarías, determinando que había 88 personas detenidas en comisarías al 31 de diciembre de 2025.
Además, continúa abierta la investigación por la muerte de un hombre que se encontraba detenido en la Seccional N.º 61 del barrio El Chingo, en la capital provincial.
Según la información difundida, el detenido ingresó al Hospital Pablo Soria con quemaduras en el 80 % de su cuerpo. A partir del hecho se dispuso la realización de la autopsia correspondiente, mientras que las autoridades también buscan establecer si el personal policial actuó de acuerdo con los protocolos vigentes.
Misiones
En Misiones, un proyecto legislativo propone que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) asuma la custodia de las personas detenidas que actualmente se encuentran alojadas en comisarías. La iniciativa surge en un contexto en el que 4 de cada 10 personas privadas de libertad en la provincia se encuentran detenidas en dependencias policiales.
Este proyecto fue impulsado por el Ministerio de Gobierno, el que decidió que se comenzara a implementar esta política. El objetivo es que el personal penitenciario se haga cargo de las guardias y de la custodia de las personas en comisarías: entre las 19:00 y las 7:00, agentes del Servicio Penitenciario Provincial se encargarán de la custodia de detenidos en aquellas dependencias con mayor concentración de personas privadas de la libertad.
Sin embargo, este tipo de iniciativas plantea interrogantes sobre su impacto real en la situación de encierro. Si bien la intervención del servicio penitenciario podría modificar el esquema de custodia, no altera el problema estructural del alojamiento de personas privadas de libertad en dependencias policiales, que continúan siendo espacios pensados para detenciones transitorias y no para el encierro prolongado. Esto se evidencia en episodios como los sucedidos en los últimos meses, donde se registraron fugas de personas detenidas en comisarías de la provincia.
Santa Fe
La situación de las comisarías volvió a evidenciar problemas de sobrepoblación en el módulo de detención transitorio de la Comisaría 27ª de Arroyo Seco, donde se encuentran alojadas 42 personas, siendo un espacio diseñado para 12.
Durante las últimas elecciones, el Gobierno provincial anunció el traslado de las personas detenidas en dicha comisaría. Sin embargo, tan solo 24 horas después del traslado, comenzaron a ingresar nuevos detenidos, saturando rápidamente el espacio.
Esto demuestra que las intervenciones destinadas a vaciar temporalmente las comisarías suelen ser absorbidas por el ingreso de nuevas personas detenidas. En este sentido, es responsabilidad última de jueces y juezas evitar que las personas ingresen y transiten su detención en centros no habilitados para detenciones a largo plazo.
San Juan
En los últimos meses, diversos hechos atravesaron a la provincia de San Juan, volviendo a generar preocupaciones sobre la situación de presos en comisarías. En uno de estos casos, un joven de 18 años fue detenido y trasladado a una comisaría del departamento Rivadavia. Horas después debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece internado en terapia intensiva en estado de coma. Mientras que la versión policial sostiene que el joven habría intentado suicidarse dentro de la dependencia, su familia denuncia que fue víctima de una golpiza por parte de efectivos policiales.
En paralelo, la justicia provincial también investiga a un efectivo policial de la Comisaría 2ª por presuntos apremios ilegales contra un detenido. El detenido se encontraba reducido y esposado, momento en el cual el agente le habría propinado un golpe de puño en el rostro.
A estos episodios se suman problemas vinculados a las condiciones de seguridad en las dependencias policiales. Recientemente, dos detenidos lograron escapar de la Comisaría 12 del departamento San Martín tras romper la seguridad de una ventana del calabozo y huir por los techos del edificio.
Tucumán
Recientemente, autoridades provinciales dispusieron el traslado de 20 personas detenidas condenadas desde distintas comisarías de la capital hacia el nuevo penal de Benjamín Paz, una medida orientada a liberar espacio en las dependencias policiales.
Asimismo, se hizo público el caso de personas adultas mayores que permanecían detenidas en comisarías comunes y que deben esperar a que se liberen cupos en el centro de detención especializado para poder ser trasladados. Solo jueces y juezas pueden revertir estas situaciones, disponiendo medidas como la prisión domiciliaria.
Chaco
Durante el mes de febrero se identificaron distintos episodios de violencia dentro de comisarías que volvieron a generar preocupación sobre las condiciones de detención.
En la Comisaría de Puerto Vilelas falleció un detenido luego de haber sido agredido por otros internos dentro de la dependencia policial.
Días después, en la Comisaría Tercera de Fontana, se produjo un violento enfrentamiento entre personas detenidas. El personal policial no pudo controlar la situación y tuvo que solicitar refuerzos.
En la Comisaría Décima un grupo de internos protagonizó un altercado que derivó en agresiones físicas. En este caso, el personal policial tampoco pudo controlar la situación y debió recurrir a refuerzos para restablecer el control.
En paralelo, las autoridades informaron el traslado de personas detenidas desde comisarías hacia otras dependencias penitenciarias con el objetivo de aliviar la situación de alojamiento en las seccionales policiales.
La Pampa
El juez de ejecución penal Mauricio Pascual advirtió públicamente sobre la grave crisis de sobrepoblación que atraviesan las dependencias de detención locales. Según explicó el magistrado, la falta de cupos en el Servicio Penitenciario Federal ha provocado que comisarías y alcaidías de la provincia se encuentren desbordadas, alojando tanto a personas condenadas como a detenidos procesados. Así, destacó la desnaturalización del funcionamiento de la fuerza policial y las problemáticas que surgen de la detención de personas sin considerar la gravedad o violencia de los delitos cometidos.
Estas declaraciones se relacionan con los incidentes en la alcaidía de General Pico, donde un detenido que había resultado herido logró fugarse y fue recapturado horas después.
Sumate a la Campaña No más presos en comisarías.
Integrantes del grupo de trabajo:
Camila Daniela Tejada – Rio Negro
Tadeo Jantus – CABA
Micaela Alharal – CABA
Ibañez Emilce – Bs As
Javier Cristo- CABA
Florencia Krenz – Bs As
Villanueva Acosta Florencia – Corrientes
Joaquín Miguel – Río Negro
Valentina Chiesa- La Pampa y San Luis
María Sucarrat – La Pampa y San Luis
Dominguez Yadira – Santa Fe
Ojeda Natalia – Bs As
Villanueva Acosta Fernanda – Corrientes
Graciela M Ybarra – CABA y Santiago del Estero
Candela Ortiz – Federal y Buenos Aires
Carolina V. Silva – Chubut
Laura Ríos – Santa Cruz y La Rioja
Daiana carracedo – Santa Fe
Aybar Yanett – Catamarca y Córdoba
Salgado, Araceli – Santa Fe
Sofía Alejandra Perez – CABA
Marcos bergero – Córdoba
Gabriela Taborda Avellaneda – Córdoba
Lucía Branc – Federal
Emiliano Alberto Guimpel – CABA
Florencia Girotti- CABA
María Guillermina González Cabañas- Corrientes
Alan Roman Serra Paez – CABA
Micaela Sotelo – La Pampa y San Luis
María Antonella Retamozo Rocha- Río Negro
Josefina Cirigliano Cabandie – Entre Ríos
Graciela Mabel Ybarra
Teresita Rosalia Mansilla – Tucumán
Creusa Videla – Grupo de trabajo del INECIP
Coordinadora del grupo de trabajo: Florencia A. Castro