Desde el año 1939 se ha venido luchando en este país por establecer un procedimiento oral y público. Nadie discute ya las raíces constitucionales de ese modelo y su virtud para acercar la administración de justicia a la ciudadanía, permitir el control y construir una legitimidad que siempre le es difícil a la justicia. Asistimos hoy a un retroceso claro de estas ideas producto de un abuso de las audiencias virtuales. Esto, por supuesto, no significa desconocer los aportes de la tecnología ni renegar de su uso. Sin embargo, hoy observamos a sistemas judiciales que han renunciado a concurrir a las salas de audiencia sin ningún tipo de justificación. Eluden la presencialidad casi como un acto reflejo de las peores practicas burocráticas, lo que evidencia una falta de dedicación y compromiso con la tarea y un modo de evitar el contacto con las partes y con el público en general. Casos de enorme trascendencia social, como el caso “Cuadernos”, que involucra grandes decisiones, reflejan del modo más vergonzoso y grotesco esta nueva tendencia. El juicio oral, tan querido por nuestra Constitución Nacional, se reduce a unas pequeñas imágenes de recorte de un Zoom.
¿Se puede utilizar la transmisión telemática cuando el imputado, la víctima o algún testigo tiene dificultades para concurrir? Sí, claro. Así de hecho se hace desde hace muchos años en provincias que tienen el desafío adicional de gestionar territorios con grandes distancias. ¿Se la puede utilizar para hacer una audiencia breve y acotada entre profesionales, sobre temas de puro derecho? Quizás. Pero claramente no se puede continuar utilizando del mismo modo en que se lo está haciendo hoy, donde en muchos casos los primeros en buscar la virtualidad son los propios jueces, fiscales y defensores, para evitarse concurrir a la sala de audiencia.
Las excusas son varias: que no se dispone de suficientes salas de audiencias, que se necesita optimizar el tiempo de los jueces, que las partes tienen agendas saturadas, entre otras. En nombre de una supuesta eficientización se están afectando severamente derechos y garantías. Ninguna de estas excusas es válida: no hay salas de audiencia, pero se observa el dispendio de recursos en muchas otras cuestiones que son muy menores; se pretende optimizar el tiempo de jueces y juezas cuando muchos de ellos usan buena parte de su tiempo para dar clases en diversas universidades o realizar actividades de distinto tipo ajenas a lo propiamente funcional y, según nuestras investigaciones, el promedio de audiencias realizadas por mes no supera las 20 horas. Los fiscales y defensores tienen agendas saturadas, pero en la mayoría de las fiscalías y defensorías hay decenas de abogados que están inexplicablemente abocados a tareas administrativas cuando podrían estar litigando en las audiencias.
Observamos con enorme preocupación cómo en algunos lugares se está comenzando a hacer costumbre que los defensores ya no asisten en presencia a sus defendidos, que muchas veces se encuentran alojados en condiciones cercanas a la tortura, tal como hemos denunciado en nuestra campaña “No más presos en comisarías”. Muchos fiscales prefieren no entrevistarse con las víctimas o no asistir personalmente a sostener la acusación en juicio o en las audiencias. Se toman decisiones sobre la prisión preventiva virtualmente, sin saber qué están haciendo los litigantes en realidad y qué tan atentos están conforme a la gravedad de la cuestión.
Debemos poder revertir, y de manera urgente, esta situación. Los Tribunales Superiores y la Corte Suprema no deben permitir más esta degradación de la oralidad. La fortaleza y la legitimidad de la administración de justicia no es un valor para los jueces, sino una necesidad central de la ciudadanía y de la convivencia pacífica. No podemos permitir que una visión burocrática, junto con la tradicional desidia de los funcionarios judiciales, debilite una dimensión central de nuestra República. Si es necesario realizar una audiencia u otra diligencia de modo virtual, ello debe ser decidido y justificado como una excepción. No podemos admitir que se vaya, poco a poco, volviendo a un modelo tecno-inquisitorial, que huye de la publicidad, degrada el litigio y oscurece la figura de los jueces, que deben ser buscados con una lupa dentro del conjunto de los cuadritos del Zoom.
Basta de justicia por zoom. Convocamos a todos y todas a sumarse a la campaña contra el abuso de la virtualidad.