Las organizaciones internacionales firmantes saludamos la publicación del informe “Situación de los Derechos Humanos en Guatemala” presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Reconocemos el análisis riguroso y la profundidad de sus hallazgos —resultado de la visita realizada al país en julio de 2024 y del monitoreo que por años ha realizado la Comisión—, así como su importancia para visibilizar la crisis de institucionalidad democrática que enfrenta el país.
El informe confirma que desde el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) se ha agudizado la crisis del sistema de justicia, la instrumentalización del derecho penal con fines de persecución política y la falta de independencia judicial, lo cual ha debilitado gravemente la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
La CIDH señala que “la criminalización se consolidó como una práctica generalizada en Guatemala”, y describe los patrones de interferencia, cooptación y abuso institucional que afectaron al Ministerio Público, al Organismo Judicial, a los mecanismos electorales y al sistema de pesos y contrapesos. Además identifica a los actores responsables de la cooptación y el debilitamiento institucional.
El informe destaca la importancia de avanzar en reformas estructurales que garanticen la independencia judicial, reformas para mejorar los procesos de selección de autoridades del sistema de justicia conforme a estándares internacionales, cesar el uso indebido del sistema penal, desestimar y archivar los casos de criminalización, asegurar el derecho a la defensa y realizar un examen independiente del Ministerio Público durante los últimos siete años y su impacto en los derechos humanos que impulse una reforma a su ley de creación.
Este informe debe ser considerado frente a los procesos de selección del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Constitucionalidad (CC), Fiscal General y Contralor General de Cuentas a desarrollarse en 2026, pues sus resultados marcarán de manera decisiva la capacidad del Estado para garantizar justicia, proteger la voluntad popular y revertir la captura institucional.
En línea con las recomendaciones de la CIDH, las organizaciones firmantes hacemos un llamado a las autoridades correspondientes a asegurar procesos de selección basados en mérito, idoneidad y trayectoria, sin criterios políticos ni clientelares. Con mecanismos de evaluación pública y transparente, que permitan el escrutinio social. Sin presiones indebidas de actores políticos, económicos o criminales. Se debe velar por la independencia judicial y la autonomía de la fiscalía general y el órgano electoral.
Las próximas designaciones representan una oportunidad histórica para avanzar hacia un sistema de justicia verdaderamente independiente, capaz de proteger los derechos humanos y de garantizar elecciones libres, confiables y transparentes, por lo cual hacemos un llamado a los diversos sectores sociales y a la comunidad internacional a mantener una vigilancia activa sobre estos procesos y a respaldar los esfuerzos para reconstruir la institucionalidad democrática.
Finalmente, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por los derechos humanos y la construcción de un sistema de justicia independiente.
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CIVICUS, Alianza Global
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Plataforma Internacional contra la Impunidad (PICI)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
Washington Office on Latin America (WOLA)
Impunity Watch
Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC)
Abogados sin Fronteras Canadá
LAWG
Jotay
Comisión Internacional de Juristas
Robert F Kennedy Human Rights