Desde el CIPCE manifestamos nuestra preocupación ante la aprobación del proyecto de modificación de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Ilícito en la Cámara de Diputados. La reforma propuesta es regresiva al plantear una serie de modificaciones que son preocupantes desde el punto de vista de la efectividad del sistema antilavado de dinero, además de poseer un profundo contenido antidemocrático.
Con 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa se trató de espaldas a la sociedad civil y sin permitirle participar de la discusión y realizar aportes. En este marco, le solicitamos al Senado que tenga en cuenta el informe técnico entregado a las y los diputados antes de la media sanción.
En materia de activos digitales observamos que su incorporación no está acompañada de una regulación legal integral del sector de plataformas de trading con criptomonedas. Entendemos que debería legislarse sobre aspectos claves como la exigencia de inscripción previa para operar, reglas de capitales mínimos, reglas antifraude y criterios de transparencia en la negociación y administración de billeteras virtuales, aspectos sobre los que aún no existen normativas claras de protección al inversor minoritario.
Además, vemos muy preocupante la reforma introducida al artículo 303 del Código Penal, respecto del que se propone actualizar el umbral mínimo para investigar lavado de dinero, pasando de los 300 mil pesos actuales a 150 salarios mínimos vitales y móviles (12 millones de pesos). No desconocemos que el peso de la inflación licúa las condiciones objetivas exigibles para perseguir casos de lavado de dinero, pero la solución normativa propuesta sólo servirá para el cierre masivo de causas penales abiertas por narcotráfico en virtud de la aplicación de la ley penal más benigna.
De aprobarse esta ley, el cierre de causas no tardaría en suceder comprometiéndose importantes investigaciones que hoy están en curso o incluso en instancia de debate oral.
Un segundo aspecto que vemos como muy preocupante es la asignación por ley de facultades de inteligencia a un organismo de naturaleza político criminal. La Unidad de Información Financiera (UIF) no es un organismo previsto en la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520) y su artículo 4 prohíbe expresamente a los organismos de inteligencia realizar tareas de investigación criminal. Este aspecto no se tiene en cuenta ni se explican los motivos de su inclusión en esta categoría que, poco a poco, va corriendo el arco del lavado de dinero como problema criminal hacia su interpretación como asuntos de inteligencia nacional. ¿El paso siguiente será la habilitación de espías para que trabajen en la UIF… y colaboren en las causas judiciales en trámite?
Pero más preocupa aún que la UIF rinda cuenta de su actuación ante la Comisión Bicameral de Inteligencia lo cual implica que el organismo rector antilavado dará explicaciones ante una comisión que funciona bajo estrictas reglas de secreto y sin comunicación alguna con el conjunto de la comunidad. Así, lo único que se logra es que la UIF pueda mantener su actuación fuera del ámbito de impugnación parlamentaria que el conjunto de la ciudadanía puede realizar como parte del ejercicio de participación y control de la actividad de los funcionarios públicos. Nos preguntamos si no es mejor que la UIF rinda cuentas ante una Comisión dedicada a seguir los problemas de narcotráfico y crimen organizado que cada vez ganan más presencia en la realidad nacional.
También nos preocupa sobremanera el mayor enfoque represivo que este proyecto de ley implica para las organizaciones sociales, los comedores populares, fundaciones sin fines de lucro y las ONG. Si bien la propuesta elimina su condición de sujetos obligados a informar, crea un régimen de monitoreo permanente en materia de terrorismo y su financiamiento. Lo único que logrará esto es poner en funcionamiento dispositivos policiales (y de inteligencia) de todo tipo sobre los más de 20 mil comedores que dan de comer a familias enteras que hoy están bajo la línea de pobreza. Pretender que en nuestro país la formulación de una hipótesis de terrorismo ocurra por medio de fundaciones, es desconocer que la mitad de la economía funciona en la informalidad y que segmentos enteros son directamente clandestinos.
Por último, no podemos pasar por alto que el proyecto de ley no define terrorismo o lo hace de un modo tan abierto que impide saber de antemano que casos caen dentro de ese universo. No estamos hablando de delitos de poca importancia, sino de una de las conductas más graves en el orden internacional y de uno de los principales instrumentos para criminalizar internamente la protesta social. De este modo, el proyecto de ley habilitaría de manera muy imprudente y, sobre todo, mediante formas antidemocráticas recursos fuertemente represivos, en un contexto político cada vez más inclinado a la persecución de minorías.