Hoy se cumple un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. La falta de respuesta estatal durante los primeros días frente a la denuncia de su desaparición y las consiguientes decisiones erradas sobre el curso de la investigación, generan enormes preocupaciones.  A un mes de su desaparición aún no hay respuestas.

Santiago fue visto por última vez en el marco del operativo de la Gendarmería en el territorio de la comunidad Pu Lof Cushamen en la provincia de Chubut. Sobre el accionar de la fuerza y la intervención in situ del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad recaen enormes sospechas que no han sido despejadas por parte de las máximas autoridades del Estado. El Comandante Balardi, a cargo del operativo, dijo además públicamente haber intervenido cumpliendo órdenes impartidas por dicho Ministerio.

El Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas conminó al Estado a adoptar medidas y esclarecer el hecho. Sin embargo, el Estado Nacional niega la hipótesis principal de la causa, caratulada como “desaparición forzada de personas”, y mantiene el rechazo a valorar y revisar el procedimiento de la Gendarmería.

No es la primera vez que en este país se sospecha del abuso de las fuerzas de seguridad en el marco de sus funciones . La historia nos ha enseñado los enormes riesgos que implica negar, silenciar, o minimizar hechos de estas características. Resulta sumamente llamativo y preocupante que desde el gobierno civil se niegue sistemáticamente la información sobre lo sucedido y se realicen defensas irresponsables amparadas únicamente en “íntimas convicciones” y en la demonización de la familia y la comunidad mapuche. Esa reacción transmite un mensaje inaceptable en democracia de desprotección del Estado a todos aquellos que en estas circunstancias reclaman por verdad y justicia.

La utilización de operativos de las fuerzas de seguridad como el que se desarrolló en la comunidad de Pu Lof, es parte de una estrategia de represión y criminalización de los conflictos por la tierra. Ésta no ha sido la primera vez que se han utilizado herramientas de distinto tipo para hostigar a los Pueblos Indígenas, en este caso al Pueblo Mapuche, criminalizando sus luchas. La justificación de la represión como respuestas a supuestas amenazas a la seguridad nacional, es realmente preocupante, en tanto que tiende a convalidar prácticas ilegales por parte de las fuerzas de seguridad.

Como INECIP hoy también nos preguntamos: ¿Dónde está Santiago? Invocamos a no silenciar la pregunta bajo argumentos mezquinos, cómplices con la indiferencia y el negacionismo de las prácticas de terror estatal. La pregunta por Santiago, la exigencia de su aparición con vida y castigo a los responsables, es un reclamo que no abandonaremos hasta tener respuestas. Acompañamos a su familia en esta búsqueda. Todos debemos saber y exigir conocer dónde está Santiago y qué pasó con él.