Desde La Red Argentina para Desarme (RAD) celebramos que la Cámara de Diputados de la Nación retome la discusión y tratamiento de los proyectos de ley que procuran la transformación del actual RENAR (Registro Nacional de Armas de la República Argentina)1. Las organizaciones de la sociedad civil que integramos la RAD, hace más de diez años que reclamamos una reforma institucional que tenga como objeto jerarquizar el organismo, cambiar su naturaleza (de simple registro a agencia de control) y modificar el sistema de administración financiera.
Con el propósito de aportar al debate, y bajo el total convencimiento de la necesidad de contar con un organismo que tenga capacidad real de control sobre el mercado de las armas de fuego y materiales relacionados, destacamos una serie de cuestiones que, creemos, no pueden quedar por fuera del dictamen que se pueda aprobar en el día de mañana, en la reunión conjunta de las Comisiones de Seguridad Interior, Justicia, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda:
1. Creación de un nuevo organismo de control: La actual organización y estructura del RENAR, concebida para la actividad registral, ha demostrado ser insuficiente para dar solución a los problemas vinculados a la prevención de la violencia armada. Por ese motivo demandamos la jerarquización del actual organismo y su transformación en un verdadero órgano de control. Como se ha demostrado en los últimos años, a la luz del problema de las armas en la vida cotidiana y su incidencia en la violencia, se necesita una institución capaz de llevar adelante una política integral en materia de armas de fuego, atendiendo tres aspectos claves: el control del mercado legal de armas; la persecución del mercado ilegal y prevención del uso y la violencia con armas de fuego.
2. Definición de objetivos y funciones: Es imperioso que el dictamen de comisiones contemple la definición clara de objetivos y funciones del nuevo organismo para que se supere la visión militarista por la cual el Registro Nacional de Armas era una herramienta de la política de defensa nacional.
3. Modificación del sistema de financiamiento: Actualmente, el RENAR se financia a través del cobro de formularios y aranceles que pagan los usuarios del registro. Esto conlleva incentivos negativos para el ejercicio de una verdadera política de control. Pero además, lo recaudado es administrado por un ente cooperador a cargo de los fabricantes y comerciantes de armas (AICACYP), lo cual representa un flagrante conflicto de interés. La reforma institucional del RENAR no es tal si no se deroga la ley que permite este sistema de cooperación técnico financiera (ley 23.979), absolutamente incompatible con un organismo con funciones de control. Así lo reconoció la presidenta de la Nación el 27 de abril de este año en el acto de inauguración de un nuevo depósito de armas, y por esta razón solicitó que el Congreso de la Nación se aboque a la sanción de una ley que enmiende esta situación.
4- Incompatibilidades: La futura ley debe establecer prohibiciones claras para que los funcionarios y el personal del nuevo organismo no mantengan vínculos con el mercado de armas de fuego y materiales relacionados.
5. Publicidad de los actos de Gobierno: Como todo organismo del Estado, se debe garantizar la publicidad de la información y de los actos de gobierno. En la actualidad no hay forma de conocer las dimensiones del mercado de las armas de fuego. Es importante que la nueva ley establezca la obligación del organismo de difundir periódicamente información acerca del mercado de armas y los resultados de las políticas que desarrolla el organismo.
El Congreso de la Nación se encuentra ante la oportunidad crear un organismo acorde a las demandas de un país que sufre la violencia con armas de fuego y necesita políticas públicas integrales y permanentes para su prevención. Esperamos que, así como en su momento la Política Nacional de Desarme Voluntario (ley 26.216) contó con el apoyo de todos los sectores políticos con representación en el Congreso, se logre un dictamen de consenso que atienda la prioridad de enmendar un problema institucional grave y urgente.
Desde la RAD, sostenemos el compromiso de prestar toda la colaboración necesaria para el logro de tan importante fin.
1-ˇ Expte.7226-D-14. De Ley (TP.122) JAVKIN, PERALTA Y SANCHEZ; Expte.6781-D-14. De Ley. (TP.112) BIANCHI (M.C), RIVAS, BEDANO, ARREGUI, MAGARIO Y OPORTO; Expte. 3224-D -14. De Ley.(TP.39) DE PEDRO, CLERI, FERNANDEZ SAGASTI, MENDOZA (M. S.) Y ALONSO (M.L.):