Las organizaciones firmantes repudiamos los ataques públicos y los pedidos de enjuiciamiento y destitución por parte del Poder Ejecutivo Nacional contra la jueza Karina Andrade. En la resolución impugnada, la jueza cumplió con la Constitución Nacional, al rechazar el intento de la Fiscalía de detener a más de cien personas sin imputar hechos ni presentar pruebas. El Gobierno Nacional, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, la comunidad jurídica y la sociedad en general deben apoyar, y no castigar, a los jueces y juezas que cumplen con las reglas básicas de un Estado de Derecho.

La resolución tuvo en consideración los derechos constitucionales y convencionales en juego, en particular, el derecho a la protesta. Además, aplicó correctamente dos reglas esenciales del modelo constitucional de juzgamiento penal: la garantía del hecho y el principio acusatorio. Si alguna de las personas cometió un delito que justificara una detención provisional, la fiscalía debía explicar cuáles eran los hechos imputados y en qué pruebas se basaba. Al no hacerlo, la única alternativa para la jueza era ordenar la libertad.

La decisión es jurídicamente indiscutible. Además, es institucionalmente remarcable, en un contexto de creciente avance del Poder Ejecutivo Nacional sobre las libertades individuales y sobre las facultades de otros poderes, en particular, sobre el Poder Judicial. Además, implica un claro límite a las restricciones arbitrarias del derecho a la protesta y al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales. Las detenciones masivas e indiscriminadas son particularmente graves en el contexto de la CABA, cuyas comisarías se encuentran desbordadas de personas detenidas en condiciones vejatorias que, paradójicamente, sólo aumentan los riesgos de fuga.

El rol del Poder Judicial es respetar las normas constitucionales y, en particular, frenar los abusos de poder por parte de cualquier actor público o privado. El fallo cuestionado cumplió cabalmente con esos deberes. El intento del Ministro de Justicia de la Nación de destituir a la jueza a través de una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad constituye un nuevo e inaceptable avance del Poder Ejecutivo sobre la independencia de un Poder Judicial cuyo único deber cumplir con la Constitución Nacional, y no con la arbitraria voluntad gubernamental de sancionar a quien piense distinto.

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)

Asociación Pensamiento Penal (APP)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 

Innocence Project Argentina

Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires