El fallo del juez Julián Ercolini, a través del cual se sobreseen a empresarios de la talla de Paolo Rocca, y otros directivos de Techint en la causa “Cuadernos”, aduciendo causal de justificación a la hora de efectuar pagos ilegales, nos permite reafirmar la necesidad de llevar a cabo un cambio en la política criminal y en la Justicia Federal de forma urgente. La doctrina sentada a través de esta resolución nos lleva a un solo y peligroso camino: la impunidad de los poderosos.

Esta escandalosa resolución confirma la inmunidad de un sector en las causas penales. Se reproduce una visión en donde los/as funcionarios o ex funcionarios/as serían los únicos culpables de este tipo de delitos y los grandes empresarios serían víctimas de extorsiones o actuarían bajo causales de justificación.

No cabe ninguna duda de que quienes ejercen y han ejercido de forma corrupta la función pública deben ser investigados/as y condenados/as. Desde el CIPCE sostenemos desde hace años que los/as empresarios/as de la Patria Contratista no son víctimas sino responsables fundamentales en esta matriz criminal que continúa vigente hasta la actualidad y que se caracteriza por las fuertes presiones en materia regulatoria, el control sobre los procesos de compras públicas y la prebenda a cambio de información privilegiada.

Tanto para este caso como para cualquier otro, necesitamos una serie de reformas en las prácticas de los operadores judiciales y de los organismos de control y supervisión, como así también algunas modificaciones legales, entre ellas:

●     Implementar de manera urgente el nuevo Código Procesal Penal de la Nación para que la justicia federal abandone un sistema fundamentalmente escrito y secreto, y el Ministerio Público Fiscal pueda reorganizar la persecución penal.

●     Desarrollar políticas de prevención y persecución de la corrupción y la criminalidad económica que dejen de hacer distinciones ilegales en base al partido político involucrado en cada caso.

●     Garantizar una red de organismos de control y supervisión que actúen de forma coordinada y colaboren con las investigaciones judiciales.

●     Políticas criminales claras en materia de delitos económicos.

La conclusión es solo una: es tan corrupto/a el/la funcionario/a como las empresas y empresarios/as que corrompen.