Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentamos una impugnación ante la Legislatura de Córdoba a la candidatura de Juan Manuel Delgado como nuevo Fiscal General de la provincia realizada por el Poder Ejecutivo, ya que no cumple con los requisitos necesarios para ser considerado idóneo para el cargo.
Uno de esos requisitos para desempeñar el cargo de fiscal General radica en la autonomía que conserve su titular respecto de toda injerencia proveniente de sectores del poder político, económico, cultural, religioso, etc. Desde el 2019, Delgado trabaja como Procurador del Tesoro de la provincia de Córdoba, organismo dependiente de la Fiscalía de Estado de la provincia. Este antecedente podría generar dudas en la sociedad al respecto de la independencia con la que el postulante lleve a cabo sus funciones y por ende afectar a la legitimidad del organismo en concreto.
Además, Delgado no cumple con las exigencias de idoneidad técnicas específicas para este cargo. Su trayectoria dedicada al área comercial y la ausencia de antecedentes laborales en aspectos penales generan amplias dudas de las capacidades que pueda poseer para cumplir con su labor, siendo una de las funciones centrales de la Fiscalía General el diseño de la política de persecución penal.
Por último, en la presentación del candidato no se registra información sobre tareas vinculadas a acción social o intereses comunitarios que demuestren una real preocupación a los fines de que los/as cordobeses/as víctimas de delitos tengan acceso a la justicia. A su vez, en un contexto, donde las victimizaciones y criminalizaciones basadas en razones de géneros ocupan un lugar central e imprescindible en la agenda de cualquier Ministerio Público es preocupante que el candidato no posea conocimientos en materia de género constatables. A partir de la Ley Micaela, todo funcionario/a público debe conocer en profundidad tal perspectiva y esta exigencia es aún más relevante cuando la inclusión de parámetros de géneros tendrá incidencia directa en el efectivo acceso a la justicia y la gestión de los intereses de las víctimas en los procesos judiciales. Sólo una adecuada perspectiva de género permitirá diseñar un plan de persecución penal que responda a las actuales demandas de la sociedad.