El Congreso debe aprovechar el consenso demostrado en la media sanción del proyecto de “Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en Santa Fe” para tomar una medida más urgente: exigirle a la Procuración General de la Nación la aplicación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, vigente desde 2015, pero inaplicada.

La última sesión en la Cámara de Diputados demostró que hay un amplio consenso político sobre el mal desempeño del sistema de justicia penal federal. Sin embargo, ninguno de esos problemas se resuelve con la creación de más cargos de jueces o fiscales (como establece el proyecto), cargos que no se cubrirán en el corto plazo y que, aun cuando se cubran, no modificarán las ineficaces formas de trabajo actuales.

Una medida mucho más apropiada sería la inmediata aplicación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal Nº 27.148, que establece una reorganización de las fiscalías federales. Esa ley, aprobada en 2015, está plenamente vigente. El DNU 257/2015 suspendió la implementación del nuevo Código Procesal Penal y derogó algunos artículos de la Ley Orgánica del MPF, pero no afectó en lo más mínimo su vigencia. La reorganización de fiscalías prevista en esa ley permitiría, por ejemplo, armar nuevos equipos de investigación, que no dependen de la engorrosa y lenta designación de magistrados, sino de la reasignación de auxiliares y asistentes que amplían y potencian facultades. Esas nuevas formas de trabajo podrían mejorar las magras tasas de eficacia del MPF federal: apenas el 0,65 % de los casos que ingresan a las fiscalías federales reciben alguna respuesta de calidad político-criminal.

Es responsabilidad del Congreso constituir la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal y exigir a la Procuración General de la Nación la inmediata implementación de esa ley.