Las presiones sobre los Ministerios Públicos Fiscales no pueden ser analizadas bajo una óptica exclusivamente provincial ni nacional. Basta con ver los recientes hechos en Paraguay, Honduras, Guatemala y Ecuador, entre otros, para comprender que existe un acoso creciente y sistemático a las fiscalías de toda la región. Las reformas a los sistemas de justicia y, en particular, el paso hacia sistemas penales acusatorios, les dieron a los Ministerios Públicos un poder creciente que los convirtió en terrenos de disputa política. Cuando esas fiscalías cumplen con su deber de perseguir los fenómenos criminales más dañinos para la sociedad, los sectores de poder concentrado reaccionan con brutalidad.
En Argentina, esa tendencia regional adquiere dinámicas propias. A nivel federal, nadie parece interesarse seriamente por la implementación del sistema acusatorio, ni por superar la situación irregular en la que se encuentra sumergida la Procuración General de la Nación desde hace años. Mientras tanto, en muchas provincias se suceden situaciones de presión sobre las fiscalías. La situación de Santa Fe, que trasciende a distintos partidos políticos, cobró notoriedad incluso a nivel regional. Este año, por primera vez en su historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó, a solicitud de la Asociación de Fiscales y Funcionaries del Ministerio Público de la Acusación santafesino, una audiencia temática para analizar la situación de las fiscalías locales de nuestro país. Más recientemente, el desplazamiento de una fiscal de Entre Ríos es el último capítulo de una serie de eventos de larga data.
Esos hechos deben ser denunciados con firmeza, y se debe apoyar a quienes son perseguidos y luchar para que su valioso trabajo no sea revertido. Pero también es necesario discutir seriamente los mecanismos necesarios para prevenir y repeler esos ataques a la autonomía, no como un derecho individual de los y las fiscales, sino como un derecho de la sociedad a tener un sistema de justicia eficaz.
Entre otros aspectos, debe promoverse la duración temporal de los cargos en las Procuraciones o Fiscalías Generales, para terminar con los inaceptables mandatos vitalicios en cargos de decisión política. Los mecanismos de designación de esas autoridades deben transparentarse y democratizarse. Además, los procesos disciplinarios de sanción y remoción de fiscales deben adecuarse a los estándares internacionales, para que dejen de ser mecanismos de persecución arbitraria o protección injusta, y se conviertan en instancias eficaces de control. Y las máximas autoridades de los Ministerios Públicos deben asignar todos los recursos necesarios y respaldar a las fiscalías que estén realizando investigaciones de alto impacto o enfrentándose a casos de criminalidad organizada.
Nadie puede hacerse el desentendido. Tenemos la oportunidad de discutir seriamente qué Ministerios Públicos Fiscales pretendemos: si queremos organismos burocráticos que a duras penas logren perseguir delitos menores, o si vamos a lograr que se conviertan en fieles representantes de los intereses generales de la sociedad, incidiendo eficazmente en el control de la criminalidad, le pese a quien le pese.