En casi 40 años de trabajo proactivo por la mejora del Poder Judicial argentino, pocas veces se vio una etapa como esta, en la que semana tras semana aparecen iniciativas que combinan improvisación, cultura burocrática y manipulación. Esta vez se trata del proyecto de “Código de Ética Judicial” aprobado por la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Se trata de un documento que, en gran medida, se limita a reiterar principios constitucionales, leyes vigentes y obligaciones elementales que se violan a diario sin que el propio Consejo haga demasiado para impedirlo, salvo excepciones aisladas y tardías, que muchas veces terminan permitiendo que los jueces escapen de los procesos disciplinarios mediante renuncias ignominiosas.
¿Hace falta un documento de veinte páginas para recordar que los jueces deben ser independientes, imparciales, prudentes o respetuosos? ¿Alguien realmente cree que el problema de la Justicia argentina sea la falta de declaraciones éticas? Las reglas ya existen. El problema es que quienes deben hacer cumplir las normas ni siquiera respetan las que los alcanzan.
Mientras se multiplican textos repetitivos, siguen existiendo concursos manipulados, operadores, padrinazgos políticos y judiciales, lobby informal, discrecionalidad sin control y un Consejo de la Magistratura cada vez más degradado.
Tal vez sería más honesto y productivo aprobar un Código de Ética Judicial de cinco artículos realmente exigibles:
- ARTÍCULO 1: Los jueces no tendrán padrinos ni harán lobby para sus nombramientos o los de sus secretarios.
- ARTÍCULO 2: Los concursos no podrán alterarse para beneficiar candidatos amigos.
- ARTÍCULO 3: Ningún juez podrá negociar cargos, ascensos o traslados a cambio de decisiones jurisdiccionales.
- ARTÍCULO 4: Las reuniones privadas (incluidos viajes) con litigantes, operadores, personas investigadas o servicios de inteligencia serán causal grave de remoción.
- ARTÍCULO 5: Los jueces deberán trabajar al menos ocho horas diarias, todos los días hábiles del año, y asistir presencialmente a las salas de audiencias.
Con cumplir esas cinco reglas, o al menos algunas de ellas, ya tendríamos un salto ético enorme en la justicia federal.
La ética judicial no se reconstruye con solemnidad burocrática ni copiando versiones envejecidas de códigos cuya ineficacia ya fue demostrada en toda la región. La ética judicial requiere controles efectivos por parte de instituciones serias, empezando por el propio Consejo de la Magistratura, que tiene mucho por hacer al respecto, no mediante declaraciones, sino cumpliendo eficazmente sus funciones de selección y disciplina.
Por eso, llamamos una vez más al Congreso de la Nación a sancionar con urgencia una nueva Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura. Sólo revisando su injustificable composición y su deficiente funcionamiento podremos aspirar a un Poder Judicial donde la independencia y la imparcialidad no necesiten ser repetidas en cientos de documentos para ser una realidad.