En el mes de noviembre, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó el Informe Anual 2016 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP). El hecho merece ser noticia por varias razones. En primer lugar, se trata de un conjunto de datos disponible on line que se viene publicando en forma ininterrumpida y consistente desde 2002, lo cual -desgraciadamente- es una rareza en un país en el que el acceso a la información pública parece ser interpretado (hasta por la Corte Suprema) como una dádiva limitada y discrecional del detentador del poder, y no como un componente elemental de la República. Pero además de eso, se trata de información muy estimable por los investigadores de la cuestión criminal en la Argentina, ya que es la única serie estadística de fuente oficial que aporta algo de información criminológica a nivel país: el otro gran informe anual nacional, que era el llamado SNIC (Sistema Nacional de Información Criminal) se discontinuó en 2009).
Al margen de algunos problemas metodológicos, el SNEEP es una base sólida a partir de la cual construir análisis político criminal. Algo más que necesario en un campo dominado hace mucho por la demagogia, los discursos inflamados y las medidas espasmódicas tomadas más al calor de las encuestas electorales que con apoyo en datos concretos de las realidades a modificar.
De las muchas miradas posibles, hoy quiero proponer, a manera de muestra de la utilidad que brinda disponer de información seriada, una muy modesta, preliminar y opinable reflexión sobre un problema central, cual es el de la sobrepoblación carcelaria y la influencia que sobre ese fenómeno tiene la tendencia a pensar la cárcel no sólo como una solución al problema criminal (y sobran los cuestionamientos al respecto), sino -peor aún- como la única respuesta válida contra la inseguridad.
A nivel internacional, la forma de medir lo mucho -o poco- que un pais usa la cárcel es la llamada “tasa de prisionización”, que expresa cuántos presos cada cien mil habitantes hay en un momento y en una jurisdicción determinados.
En un muy interesante estudio comparativo presentado el año pasado, los investigadores Hernán Olaeta y Javier Núñez mostraron que entre el primer Censo Penitenciario Nacional producido en 1906 y el relevamiento del SNEEP 2006 hubo relativamente escasa variación de esa tasa: 141 en 1906, 139 en 2006. Esto es, en cien años, la tasa se mantuvo relativamente estable, ya que sólo bajó dos puntos.
En cambio, la tasa de prisionización del año 2016, computando sólo cárceles, como en los casos anteriores, se elevó a 175, esto es, un crecimiento de 36 puntos (25,9%).
Si se incluyen en el cálculo todos los presos en comisarías y otras dependencias de seguridad (no hay datos de 1906), en 2006 la tasa era de 156, y diez años después, de 188 presos cada cien mil habitantes. Son 32 puntos de aumento de la tasa que equivale a un incremento del 20,51%
Es necesario encontrar las explicaciones de este increíble aumento de la tasa de prisionización, y es obvio que no las hallaremos aquí. Sin embargo, podemos (siempre trabajando sobre datos y no sobre impresiones) arrojar alguna luz sobre la explicación más facilista, que es sostener que ese aumento demuestra lo mucho que ha aumentado el delito y la violencia en nuestra sociedad.
En todo el mundo se utiliza la tasa de homicidios dolosos cada cien mil habitantes como medida de violencia social (básicamente porque se trata de un delito que en casi todos los países se mide con bastante precisión, y que sin dudas expresa el grado máximo de violencia interpersonal). Y si bien no tenemos a la vista la tasa de homicidios de 1906, sí tenemos la de 2006 (entregada por el ya mencionado SNIC) que es de 5,27 homicidios cada cien mil habitantes, y la de 2016 (extraída en este caso de un reciente estudio publicado por Javier Molina, sobre datos del Ministerio de Seguridad), que es de 6.
Es decir, que en diez años la violencia social creció un 13,87%, pero el uso de la cárcel creció casi el doble.
Si bien en cualquier escenario es válido cuestionarse si el crecimiento de la violencia estatal en respuesta a la violencia social es un modo de reducir la violencia total de la sociedad (más bien parece todo lo contrario), el recurso es mucho más cuestionable en una situación de grave sobrepoblación de las cárceles.
Parece bastante contraproducente encarcelar personas sólo para maltratarlas en calabozos hacinados, y mantenerlas allí sin hacer nada más que defender sus zapatillas y su comida a punta de “faca”. Nadie en su sano juicio esperaría que esa persona mejore su relación con los derechos de los demás y aprenda a vivir una vida sin violencia e integrado en forma armónica y productiva con la sociedad.
Y el análisis comparativo 2006/2016 ratifica en buena medida este problema: si bien entre 2006 y 2016 se revirtió -otra buena noticia- la proporción de presos sin condena (era del 57% en 2006, y se redujo al 48% diez años después), no se evidencia un aumento en el uso de los dispositivos tratamentales. Por el contrario, creció más de un 7% la proporción de presos sin trabajo (56% en 2006, 60% en 2016), disminuyó un 5% la proporción de presos con actividades recreativas o deportivas (2006=81%, 2016=77%) y aumentó a más del doble (del 9% en 2006 a casi 22% en 2016) el porcentaje de presos que ni siquiera recibió atención médica. El único dato positivo verificable en estos diez años se ve en el acceso a los programas de educación y capacitación laboral (el primero pasó del 46 al 52% y el segundo del 16 al 21%). Es posible sospechar que el comportamiento de esta variable (inverso a l de los demás recursos tratamentales) responda a la sanción en 2011 de la Ley Nacional 26695, que estableció el sistema de estímulos educativos en contextos de encierro en la órbita federal, rápídamente incorporado por todas las provincias.
También puede verificarse que en diez años se han empeorado las condiciones disciplinarias: la participación de detenidos en causas con rehenes, heridos o muertos aumentó del 2 al 5%, el porcentaje de presos con sanciones disciplinarias subió del 21 al 25%, y entre esas sanciones, las faltas medias y graves crecieron a expensas de las leves.
Como último dato, contrario a lo que se cree saber, casi no aumentó el nivel de reincidencia entre la población penal (22% en 2006, 22,1% en 2016), y disminuyó a la mitad la proporción de multirreincidentes (1% al 0,5%).
Puede verse en este breve (y hasta cierto punto, superficial) análisis de datos concretos, que no es lo mismo tomar decisiones basado en los discursos televisivos que hacerlo con información concreta a disposición. Por eso, ratificamos que es una buena noticia que una política de datos establecida en 2002, se sostenga en el tiempo, y esperamos que se profundice la publicación de estudios de ese tipo.