Por Alberto Binder para “El periodismo en riesgo de silencio. Monitoreo de libertad de expresión. Informe 2025” del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)”
Desde los albores del pensamiento liberal ilustrado, la publicidad de la administración de justicia ha sido considerada un pilar fundamental de la República. No es casual esa insistencia ya que la precede el oscurantismo del sistema inquisitorial que, por siglos, incluido nuestro pasado colonial, hizo del secreto un arma especial de la arbitrariedad y la crueldad. No solo el juicio público sino la publicidad de la gran mayoría de los actos del procedimiento penal (existen unos pocos que pueden ser reservados por un tiempo determinado, siempre breve) son un principio político de inmensa importancia y, al decir de Carrara, a mediados del siglo XIX ya no podía ser tema de discusión seria en una república civilizada.
Nuestro país en las últimas dos décadas ha realizado reformas de su sistema de justicia penal para adecuarla a esos principios, que son precisamente los principios Constitucionales. Hoy la casi totalidad de ellas asumen que el sistema acusatorio, oral, público, adversarial y por jurados es el sistema que ordenan poner en marcha nuestras leyes fundamentales. Incluso algunas provincias como Tucumán y Salta, que ya tenían sistemas acusatorios, los reformaron recientemente para acentuar la adversarialidad y la publicidad que surge de realizar todos los actos a través de audiencias públicas.
¿Qué es lo que motiva, entonces, estas páginas que parecen repetir lo que ya se ha discutido y repetido hasta el cansancio? Pues algo muy simple: poco a poco van apareciendo nuevamente las prácticas del secretismo, la oscuridad, el amor de ciertos funcionarios a las tinieblas, que permiten esconder la arbitrariedad, la ineficacia y asustar a los ciudadanos que quieren intervenir en la crítica pública. En el caso de la Provincia de Tucumán se han sucedido varios hechos graves. En primer lugar, cuando un juez graba a otro juez de mayor jerarquía pidiéndole que cometa actos ilegales para complacer a las autoridades políticas, para enjuiciar y despedir, finalmente, al juez que grabó esas conversaciones y se negó a hacerlo y se premia con la Presidencia de la Corte a quien instigaba a cometer delitos. Cuando un conocido abogado penalista critica esta situación y otras por el estilo, se le impide publicar sus ideas y se lo hostiga hasta encerrarlo en una cárcel bajo condiciones gravosas. Estas avanzadas -que contaron con graves complicidades judiciales y silencios estruendosos, terminan envalentonando a los amantes de las tinieblas que pretender prohibir, mediante una resolución judicial, que periodistas publiquen críticas a fiscales, a jueces o “al sistema de justicia provincial en su conjunto”, bajo apercibimiento de ser perseguidos penalmente por desobediencia judicial. Que un juez, seguramente formado en los años de democracia y nombrado durante este período se anime a escribir esto, como respuesta de un pedido o denuncia del Fiscal General, nos muestra un grave estado de desorientación y descomposición del pensamiento republicano, construido hace siglos.
Nos vemos en la obligación de volver a escribir sobre lo ya escrito.
Nace otra pregunta: ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué se degradan las instituciones democráticas a este nivel? Y la respuesta a esos interrogantes nos debe sumergir en problemas de fondo, para no quedarnos en la cólera anecdótica o la indignación justa pero que pasa pronto al olvido.
En primer lugar, nuestras instituciones republicanas y democráticas no son fuertes, son todavía débiles. Pero no se van a fortalecer solas. Nuestro país adolece de una notoria desidia a la hora de fortalecer cotidianamente esas instituciones, como si tuviéramos una larga historia de republicanismo o democracia.
En segundo lugar, nuestras dirigencias políticas buscan permanentemente evadir y debilitar los límites. Es una tradición autocrática que hoy se alimenta con negocios, financiamiento ilegal de la política y corruptelas grandes y pequeñas.
En tercer lugar, los jueces no se sienten cómodos con la independencia judicial. Prefieren tener padrinos, compadres que los asciendan y los protejan.
En cuarto lugar, quienes no son así ni aceptan esas reglas de juego, se encapsulan en su propio trabajo y se desentienden de lo público como si pudieran preservarse en el anonimato o la rutina. Toda la historia demuestra que el abuso de poder es expansivo por naturaleza y cada límite que dejamos sobrepasar se convierte en una plataforma para el nuevo abuso.
En quinto lugar, hay un debilitamiento de la cultura de la legalidad de tal manera que todo se puede hacer porque las leyes no tienen un sentido claro, son siempre discutibles, salvo que se trate de los pequeños delitos cometidos por los mismos de siempre.
En sexto lugar porque estamos pagando el precio de un progresismo impostado, que prefirió flotar en sus zonas de confort en lugar de denunciar la grave deriva que estaba tomando nuestra república democrática desde hace ya bastante tiempo.
Entonces aparece un tercer tipo de pregunta: ¿Qué hacer? ¿Podemos hacer algo que no sea testimonial solamente?
Sin duda es tiempo para instar al coraje cívico. Nos ha costado mucho construir una democracia más o menos estable para que ella quede en manos de muchos sabandijas que sólo quieren aprovechar el Estado para su propio provecho. Estamos asistiendo en toda la región de Latinoamérica a un notorio avance de la cooptación mafiosa del Estado, esta vez incluyendo a las instituciones judiciales, que ahora ya no se buscan sólo para garantizar impunidad sino para asegurar persecución. Hemos sido, me parece, demasiado tibios a la hora de señalar la cobardía cívica que se esconde en argumentos tales como “no puedo arriesgar mi carrera”, “te lo hacen pagar”, “yo hago mi trabajo”, etc., tan comunes en las instituciones judiciales y hasta en las universitarias.
En segundo lugar, debemos reconstruir las lógicas de la acción colectiva, construyendo espacios, publicando ideas, simplemente juntando a las personas. La fragmentación de la sociedad siempre ha abierto el camino a los proyectos autoritarios.
Finalmente es necesario insistir con tenacidad. Si ciertas ideas se han cocido a fuego lento por siglos, nada nos debe hacer suponer que ahora solo nos queda disfrutar de ellas; quizás un error de época es la falta de visión histórica que entonces debilita el futuro como un horizonte de proyección de larga data, que asegurará la calidad de vida de nuestros hijos, nietos y muchas otras generaciones.
Finalmente, se ha instalado la idea de que los medios de comunicación y los periodistas son un peligro para la administración de justicia. Es todo lo contrario, sin medios de comunicación y sin periodistas no se puede hablar en la actualidad de publicidad y control de la administración de justicia. Que se debe especializar el periodismo judicial, es cierto; que se deben establecer controles dentro de cada medio de comunicación, también es cierto. Pero creer que la publicidad se satisface con una práctica que lleva a tribunales vacíos, hoy totalmente desnaturalizada al extremo porque los jueces descubrieron la comodidad de la virtualidad, que les permite trabajar “en pantuflas”, es desconocer la dinámica elemental de construcción del espacio público que sin medios, sin periodistas y con mordazas, no nos permite hablar en serio de la crítica política, el único motor eficaz para el fortalecimiento de las instituciones.