Por Irina Hauser para Página 12
“La disputa real es por el dominio político mafioso de la justicia federal en el futuro, sabiendo que vamos a un sistema acusatorio que reconfigura las relaciones”, dice Alberto Binder, experto en derecho procesal penal, en el balance de la semana en que fracasó el proyecto que buscaba reformar la Ley de Ministerio Público Fiscal otorgándole fuerte poder de influencia a una Comisión Bicameral. El problema según el jurista, asesor de múltiples reformas de ministerio público en la región y titular del Instituto de Estudios en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), “no es Gils Carbó” sino que “se utiliza su figura” para esconder la batalla por el dominio de la estructura que ella actualmente dirige, cuyos fiscales entre muchas otras cosas interviene en causas penales, como las de corrupción y narcotráfico. “Dudo que encuentren motivo para un juicio político”, sostuvo en diálogo con Página/12.
–¿Es necesario reformar la ley de Ministerio Público como han intentado, por ahora sin éxito, el oficialismo y el Frente Renovador?
–Contra lo que plantea el Gobierno, no hace falta ninguna reforma funcional para ingresar al sistema acusatorio (donde la investigación estará a cargo de los fiscales y los jueces serán garantes) porque la ley existente ya fue diseñada para su entrada en vigencia. Desde el verano, ha habido un intento disfrazado de estructuras normativas para desplazar a Alejandra Gils Carbó. La única reforma necesaria que se viene postergando es la de fijar un plazo razonable para el mandato del procurador, pero mucho más allá de Gils Carbó. Es porque hace falta que la política del Ministerio Público Fiscal tenga armonía con la política criminal del Poder Ejecutivo, sin afectar la autonomía. El problema es que no ha sido intención del Gobierno dar una discusión seria sobre esto ni sobre la Ley de Ministerio Público.
–¿Cuál ha sido la intención?
–Se utiliza la figura de Gils Carbó para lograr un movimiento político mucho mayor, que se ha visto en todos los países de la región que pasaron al sistema acusatorio. Por un lado, se trata de echarle un manotazo al Ministerio Público desde el poder político. En nuestro país tenemos un grupo que gira alrededor de (Daniel) Angelici y (Enrique) Coti Nosiglia, denunciado dentro mismo de Cambiemos por Elisa Carrió, al que no le alcanza con los lugares que ocupa entre los servicios de inteligencia sino que quiere copar el Ministerio Público Fiscal para tener hegemonía en la investigación de los delitos federales. El otro posible movimiento consiste en el intento de convertirlo en una institución boba. Con procuradores sin jefatura ni liderazgo. La dirigencia quiere tener sus vínculos allí para garantizarse que no se convierta en una organización peligrosa, o que la ponga en riesgo. Lo que intenta es neutralizar la autonomía del Ministerio Público Fiscal. Por eso también el dictamen exigía cinco años de antigüedad a quienes dirijan una procuraduría. Era otra trapisonda para hacer caer fiscales actuales.
–Se le atribuye a Carrió el naufragio del intento de reforma, después que dijo que el dictamen de comisiones era inconstitucional. ¿Cree que fue así?
–Carrió solo puso en evidencia a los distintos sectores que se disputan el Ministerio Público Fiscal y transparentó la pelea más allá de las normas. Ella conoce perfectamente, y ha denunciado, cómo un sector del radicalismo viene ocupando posiciones en áreas de inteligencia. Sus movimientos en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el traspaso de la Unidad de Información Financiera (UIF) a la órbita del Ministerio de Economía son ejemplos de posicionamiento frente a la justicia federal. Hay una vieja interna radical, más allá de todo. Pero también la interna de Cambiemos es muy fuerte. No se puede explicar lo que sucede en términos de “el gobierno quiere controlar al Ministerio Público”. Son sectores del gobierno distintos. Angelici-Nosiglia expresan una política, el ministro de Justicia Germán Garavano expresa otra, y Carrió revela otra. La disputa real es por el dominio político mafioso de la justicia federal en el futuro sabiendo que vamos a un sistema acusatorio que reconfigura las relaciones.
–Usted habla de armonía del mandato del Procurador con el Poder Ejecutivo ¿Debe coincidir con el gobierno de turno?
–En general en todos los países de Latinoamérica el mandato del Procurador tiene un plazo porque el ejercicio de la persecución penal tiene que tener sintonía con los programas criminales del Estado. Son plazos de seis años o siete años. En algunos países los Ministerios Públicos dependen del Poder Ejecutivo. Pero no en nuestra región, donde se optó por un modelo autónomo, lo que no significa que tenga una agenda muy lejana a la agenda de política criminal de quienes ejercen la representación política. La fórmula más expresiva del equilibrio es a través de un plazo para el cargo. Para permitir, a la vez, una renovación que siga el ritmo de las discusiones sociales. En la gran mayoría de los países de América Latina no hay procuradores vitalicios. Pero insisto que esta no es la discusión real. La disputa es otra. Hay mucha hipocresía en este debate.
–El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dio el jueves un discurso contra la corrupción y la impunidad y anunció una base de datos de causas de Comodoro Py. ¿Protege a los jueces federales?
–Por lo pronto Lorenzetti se equivoca. Se olvida que es un juez y que los jueces no están para ser agentes de política criminal. Se pone al borde de una recusación. Crea órganos de persecución penal. Son cosas impropias para el trabajo de la Corte, pero que forman parte de este juego político. En los próximos años se va a configurar una nueva justicia federal en lo penal. Por eso los jueces federales juegan a ver si pueden salvarse. Lorenzetti juega a proteger sus alianzas. El gobierno busca hacerlas. La construcción de una institucionalidad sana para la república es algo que aparece en segundo, tercer, cuarto plano. La justicia federal ha sido uno de los centros mafiosos más importantes del país. Todos juegan a modificar ropajes y que las posiciones queden como antes. Yo llamaría a los fiscales que quieran un Ministerio Público Autónomo a no dejarse engañar con que la cuestión es Gils Carbó. El problema es que algunos fiscales juegan el juego mafioso.
–Lo sorprendente fue que en contra del proyecto de reforma se alzaron organizaciones y voces de todo el arco ideológico ¿A qué se debe?
–El diseño era notoriamente inconstitucional. La Comisión Bicameral puesta en marcha, después de más de 15 años de espera, no es inconstitucional pero sí las funciones que se le intentaban dar, que afectan a la autonomía del Ministerio Público. Lo que sucede es que las facultades de la Bicameral afectaban intereses de fiscales de segunda línea afectos a un modelo feudalizado. Me refiero a un modelo, característico de los fiscales de Comodoro Py, que no responde al trabajo en equipo ni a un ministerio público moderno. El proyecto en danza afectaba a esa feudalización porque volvía dependientes a esas segundas líneas de la Comisión Bicameral. Otro, claro, es el modelo de Nosiglia-Angelici, que quieren copar el Ministerio Público.
–¿Cómo cree que sigue esta pelea? ¿Habrá modificación de la ley y/o habrá juicio político a Gils Carbó?
–No tenemos claro cómo va a ser el cuarto intento de esta pelea: el primero fue cuando quisieron sacar a Gils Carbó por decreto; el segundo cuando armaron un dictamen donde querían poner cuatro subprocuradores debajo de la procuradora, que no se llegó a votar; el tercero es el que acaba de fracasar, con un plazo de cinco años para el procurador y grandes poderes a la Comisión Bicameral. En mi opinión, la única forma de salir de esto es que se construya un consenso muy amplio únicamente para modificar la ley en relación al plazo del mandato. Poniendo una duración de seis o siete años. Que la bicameral cumpla funciones de control. Hasta ahora el parlamento nunca había tenido interés en crearla, se acordaron de repente. Hay que entender que estos son los movimientos de la lucha política hacia el sistema acusatorio. El peronismo está desorientado sobre cómo jugar esta pelea, se necesitaría un acuerdo de los grandes sectores políticos.
–¿El plazo del que usted habla sería de aplicación retroactiva?
–No, eso no es posible, menos aún teniendo en cuenta los antecedentes del caso del ex procurador (Eduardo) Sosa en Santa Cruz, a raíz del cual la Corte Suprema señaló que no se puede utilizar el subterfugio de sacar una ley para evadir el proceso ordinario de remoción ya que es una forma de fraude al sistema institucional.
–El dictamen de Cambiemos y el massismo también proponía crear una procuraduría nueva de Terrorismo. Familiares de Víctimas del atentado a la AMIA plantearon temor de que se haga para absorber a la unidad que investiga el atentado.
–No es problemático que se creen procuradurías. Pero con esta en particular el Gobierno busca crear un fenómeno de terrorismo que aquí no hay. Acá se intento aplicar la ley antiterrorista en el sur del país. Y en Perú, en Chile y Ecuador se usa contra los movimientos indígenas. Tiene una gravedad enorme. Ya la ley antiterrorista de por sí era mala cuando se votó. Crear una procuraduría es crear el fenómeno para fundar una política criminal que se orienta a los sectores que libran disputas por los recursos naturales y los movimientos indígenas. No creo que el eje sea absorber a la unidad AMIA.
–Si se trata de crear procuradurías de acuerdo a los fenómenos criminales más notables, ¿cómo se entiende que la violencia contra las mujeres no estuviera contemplada de ningún modo en el dictamen?
–La lógica era que convirtiera la Unidad fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres en procuraduría, porque hay una política de persecución de una problemática que va a durar muchos años. No creo que haya sido mera desprolijidad que ni siquiera se mencionara a la UFEM o al tema. Es que no están pensando en la eficacia del Ministerio Público.
–¿Puede prosperar un juicio político contra Gils Carbó?
–Dudo que encuentren el motivo. Continuaría la guerra entre sectores. Si hay alguna chance de racionalizar el desarrollo hacia el sistema acusatorio, así no es. Acá hay que hablar de política de lucha anticorrupción en serio, de trata, de narcotráfico. Hay sectores que trabajan en serio. No todos juegan el juego mafioso. Algunos queremos un Ministerio Público distinto para el futuro. Tenemos una vocación de no ser simples espectadores. He visto esta pelea en muchos países con iguales características.