Por Irene Benito para JusTa

Las conclusiones de la segunda edición de la investigación “Eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) de la Argentina” encienden el tablero completo de las alarmas porque incluso las jurisdicciones que estarían en la cúspide de la medición (Neuquén y Río Negro con tasas respectivas del 19,99% y 14,04%) carecen de motivos para celebrar. Además, cinco provincias se negaron a proporcionar la información relativa al caudal de casos y de soluciones propuestas durante 2021. Julián Alfie, subdirector del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (INECIP), organización de la sociedad civil que elabora el estudio, ratifica esa lectura rápida negativa (ver informe completo). “Los datos sustentan la intuición popular de que la Justicia no da respuesta”, dice Alfie durante una conversación con JusTA.

-El estudio que acaba de presentar INECIP indica que la mejor tasa de eficacia de un Ministerio Público Fiscal del país no llega al 20% (Neuquén). Es un número que parece muy bajo. ¿Lo es?

Es muy bajo en términos generales. No podríamos establecer un estándar internacional y obviamente nadie pretende que un ministerio público fiscal llegue a un 100% de respuestas: eso no solo no sería posible, sino que tampoco sería deseable. Nosotros medimos a cuántas de las causas que ingresan se les da alguna respuesta de calidad, aunque sea mínima, ni siquiera profundizamos acerca de si esa calidad es la adecuada para lo que el tipo de caso en particular requiere porque no tenemos la posibilidad de hacer ese análisis en profundidad básicamente debido a que los propios ministerios públicos no están produciendo la información que sería necesaria. Entonces, nos quedamos en una pregunta mucho más sencilla que es: de los casos que recibiste, ¿a cuántos les das alguna respuesta de calidad? Entre esas posibles reacciones están las condenas, pero no sólo ellas porque tampoco queremos promover una cultura punitivista. También incluimos como salida de calidad otras alternativas con un menor nivel de violencia, como la suspensión de un juicio a prueba o un acuerdo reparatorio, por ejemplo, una conciliación o una mediación. Que la tasa máxima de respuesta no llegue al 20% y que, más allá de eso, tengamos a 23 de los 25 ministerios públicos por debajo del nivel de 10%, nos muestra que hay organizaciones donde apenas tres o cinco de cada 100 casos que ingresan reciben una respuesta con alguna calidad mínima.

-¿Podrías desarrollar esa idea?

El 3% que se ve en el Ranking de Eficacia Político Criminal (2021) lo que nos está diciendo es eso. Esto no es menor en un contexto en el cual desde hace 20 años aproximadamente se viene creando ministerios públicos fiscales, y dotándolos de mayores poderes y responsabilidades, como la representación de los intereses de las víctimas particulares y colectivas ante el sistema de justicia penal. En algunas jurisdicciones se avanzó también con atribuciones para diseñar planes y políticas de persecución penal que logren incidir sobre el control de la criminalidad y evitar, además, la impunidad. Estas importantes funciones asignadas a los ministerios públicos fiscales difícilmente podamos darlas por cumplidas con estos números. Y lo más preocupante de todo es que, cuando uno quiere construir esta información, se entera de que los ministerios públicos fiscales ni siquiera le están prestando atención a esto. Tenemos que cumplir nosotros ese incómodo rol que, la verdad, no nos satisface porque INECIP siempre ha sido una organización que ha trabajado en pos de colaborar con la mejora de los sistemas de justicia y no nos gusta señalar con el dedo. Pero el problema es que los propios ministerios públicos fiscales no están asumiendo esa responsabilidad de mirar a la sociedad y decirle “estas son las respuestas que les estamos dando”. Ese trabajo en la mayoría de los ministerios públicos fiscales no se está haciendo y esa es una de las causas de los magros niveles de desempeño que presentan.

-El ranking que ustedes elaboraron toma las denuncias y las respuestas de 2021, pero desde luego eso no implica que haya una correspondencia entre esas variables, sino que se trata de datos aislados relativos al trabajo, ¿es así?

Efectivamente porque la posibilidad de hacer una trazabilidad de qué pasa con la causa que ingresa hasta que sale en muchos ministerios públicos es inviable. Y lo cierto es que el nivel de ingresos de casos a un ministerio público, en general, se mantiene estable. Lo que estamos presentando aquí es una medición más bien básica y que demanda ciertas profundizaciones, pero ni siquiera monitoreamos cuál es el resultado que obtiene cada causa que ingresa ni hacemos muchos otros análisis que nos gustaría hacer, como, por ejemplo, si cierta categoría de casos, por ejemplo, los más graves, terminan con condenas. Si nosotros quisiéramos hacer esta misma evaluación básica que presentamos ahora con la información que publican los ministerios públicos fiscales, sólo lo podríamos haber hecho con una institución porque los 24 restantes no informan estas variables elementales: cuántas causas ingresan y cuántas reciben un tratamiento capaz de impactar en la criminalidad.

La falta de datos constatada en los ministerios públicos equivale a si un hospital no supiese cuántos pacientes entraron, cuántos se murieron y cuántos curó durante un año.

-¿Cómo obtuvieron los datos de los organismos que carecen de esta clase de rendición de cuentas?

A todos los demás tuvimos que estar cuatro meses pidiéndoles la información e insistiéndoles para que nos la den. Así y todo hay cinco ministerios públicos que no la mandaron, y muchos otros —y esto es casi tan preocupante como la falta de publicidad— donde la respuesta es “dejame que tenemos que construirla”. Esto es síntoma de algo tan problemático que es que no están gestionando una organización tan compleja como el ministerio público con los datos más básicos sobre la mesa, es decir, están manejándose a ciegas y esto es muy grave para una organización muy pequeña, como una PyME, y mucho más lo es para una organización estatal tan delicada como un ministerio público. La falta de datos constatada equivale a si un hospital no supiese cuántos pacientes entraron, cuántos se murieron y cuántos curó durante un año. Cualquier organización requiere de un nivel básico de información para ser gestionada y para poder mejorar su desempeño. Es cierto que el sistema de justicia está muy poco acostumbrado a pensarse como una institución que tiene que brindar un servicio de calidad y que ello implica la producción de datos, pero en el MPF eso tal vez es un poquito más grave porque tiene a su cargo justamente la representación de los intereses generales de la sociedad y, en particular, de las víctimas que son, obviamente, muchas veces parte de los sectores más vulnerables de la sociedad.

-En atención a lo que cuesta conocer los datos de entradas y de salidas, ¿es válido decir que mucho más difícil resulta saber cuánto tiempo lleva a un MPF tramitar una respuesta para las denuncias que recibe?

No estamos midiendo eso y no estamos midiendo con distinciones según el fenómeno criminal. Nuestra medición es tosca: para ella vale lo mismo una condena a un “perejil” atrapado por vender dos gramos de porro que una condena al máximo eslabón de una cadena de organizaciones criminales. Lo que buscamos con esto es mostrar que en muchas provincias no están prestando atención a estos indicadores básicos y que mucho menos toman en cuenta otros indicadores más complejos. Esto significa que, si siguen actuando así, nunca van a poder incidir sobre la sofisticación que presentan las estructuras criminales de nuestro país. Entonces, la intuición popular de que se va a la justicia y no pasa nada; de que allí no hay respuesta, o de que la respuesta llega tarde o no llega nunca, tiene un sustento empírico. Esto es lo que dicen los números.

-¿Y qué pasa si el MPF no cumple su rol?

Por un lado, empiezan a aparecer en el Estado otras instancias que ocupan la función que debería activar el Ministerio Público Fiscal: hablo, por ejemplo, de agencias de asesoría de víctimas y de defensorías públicas de víctimas, que más allá de las discusiones sobre si corresponde o no que existan, son una señal del desamparo en el que quedan quienes padecen los delitos. Por otro lado, lo más grave de todo es que si el sistema judicial no logra canalizar institucionalmente los conflictos que llegan a sus puertas, que, como sabemos ni siquiera son todos los que deberían llegar, lo que sucede es un aumento de los niveles de violencia social porque reaparece esta idea de la justicia por mano propia y de la venganza.

-Aunque bajó un poco el entusiasmo, sigue supuestamente en marcha en todo el país la implementación de sistemas procesales acusatorios o adversariales. Ante la falta de datos y la baja tasa de eficiencia de los MPF, que son los grandes protagonistas del nuevo esquema, ¿cómo ves la posibilidad de que el cambio saque a la Justicia penal del estado de postración y de impotencia en el que cayó?

Podemos ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Si vemos el vaso medio lleno, observamos que están mejor en cuanto a la posibilidad de dar una respuesta de calidad las provincias que han consolidado un modelo acusatorio adversarial más moderno, con oralidad plena y un Ministerio Público Fiscal que empieza a preocuparse por desarrollar una política de persecución penal estratégica. Esto es incipiente y aparecen muchas limitaciones, pero los resultados son más alentadores que los de aquellas jurisdicciones que mantienen los modelos inquisitivos mal llamados mixtos, como es el caso del Ministerio Público Fiscal de Nación. En ese ámbito, al que la reforma propiamente dicha aún no llegó, los números son paupérrimos: cualquier adjetivo se queda corto. La tasa de eficacia del 0,36% habla de un total desinterés por dar alguna respuesta a los casos que ingresan.

Si los ministerios públicos fiscales siguen actuando así, nunca van a poder incidir sobre la sofisticación que presentan las estructuras criminales de nuestro país.

-Llegó el turno del vaso medio vacío.

Sí. El vaso medio vacío se relaciona con la tarea de INECIP, que en las últimas décadas ha trabajado centralmente por la reforma de la justicia penal en la Argentina y en la región, y con esa advertencia que ha pronunciado tantas veces (Alberto) Binder: “ojo que el cambio normativo no implica un cambio de prácticas. Debemos preocuparnos por hacer las reformas organizacionales, las reformas de planificación, las reformas de gestión y las reformas de democratización”. Esto último es importante porque en los ministerios públicos fiscales seguimos teniendo máximas autoridades con mandatos vitalicios, algo que es una rareza a nivel latinoamericano. Todas estas cuestiones pendientes son las que llevan a que los resultados todavía no sean los pretendidos por la sociedad y por las propias personas que han impulsado la reforma. Es hora de empezar a prestar atención a esta agenda porque el sistema acusatorio ya está vigente en casi todas las provincias del país y, obviamente, también en América Latina. La pregunta ahora es qué resultados esperamos de los sistemas acusatorios: si un poquito más de velocidad y un poquito más de respuestas, o si realmente queremos ministerios públicos fiscales que tengan el músculo y la capacidad democrática para plantarse ante la criminalidad organizada con la vocación de ser un actor que forme parte del juego democrático.

-Esta nueva edición del estudio enfatiza la situación de secretismo que hay en algunas provincias. Es llamativo que haya instituciones que lleven el adjetivo “público” en su nombre oficial, y cuya actuación sea opaca y cerrada. ¿Podrías explayarte sobre eso?

Hay cinco ministerios públicos fiscales provinciales que todavía no enviaron la información. En la mayoría de los casos mantienen esa decisión o ese déficit desde 2019, cuando se hizo la primera edición del estudio. En dos de ellos creo que es particularmente grave porque son lugares donde ya existen sistemas acusatorios y los ministerios públicos no son meros anexos del Poder Judicial. Me refiero a los casos de Tucumán y de Catamarca. Tucumán, por ejemplo, tiene un Ministerio Público Fiscal que incluso ya recibió una segunda reforma en el contexto del sistema acusatorio donde se han puesto una enorme cantidad de recursos a disposición de ese organismo. No es válida, entonces, la idea de que los datos no están porque no se puede asignar presupuesto a una mínima área de estadística. No nos queda otra alternativa que pensar que existe una decisión deliberada de ocultar la información ya no sólo en su página web, donde si un ciudadano quiere saber qué está haciendo el Ministerio Público Fiscal de su provincia con sus recursos económicos y de administración de la violencia, como es la cárcel, ni siquiera le responden. Esto no debe quedar a merced de las autoridades, sino que se trata de la obligación constitucional de publicar y responder a pedidos de acceso a la información que es pública, y que permite el control ciudadano sobre actos de gobierno, que, insisto, son de una altísima sensibilidad democrática y republicana porque lo que está en juego es cómo el Estado administra su poder represivo.

-No hay respuesta para las denuncias ni respuesta, en algunos distritos, para los pedidos de acceso a la información…

La falta de respuesta es realmente la más grave de todas las conclusiones que podamos sacar de este estudio porque, además, les dimos un tiempo realmente considerable de cuatro meses que quintuplica cualquier plazo legal para el acceso a la información pública. La falta de respuesta es un síntoma de oscurantismo y de ausencia de comprensión de lo que implica la alta responsabilidad que tienen los ministerios públicos. Además, tal vez lo peor de todo sea que tapan el sol con las manos y que piensan que haciendo esto la ciudadanía no se va a dar cuenta de los resultados magros que obtienen estas organizaciones. La ciudadanía no es tonta y sí se da cuenta: lo que ve en las fiscalías en general es una falta de respuesta, algo que genera descrédito en la Justicia en general.