Autores: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) Asociación Pensamiento Penal (APP) Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) Fundación Poder Ciudadano Unión de Usuarios y Consumidores.

“La decisión del Poder Ejecutivo Nacional de cubrir las vacantes en la Corte Suprema por medio de nombramientos en comisión y sin el acuerdo del Senado de la Nación, representa un avance indebido del poder ejecutivo en el nombramiento de jueces de la Corte Suprema; contraría los principios definidos por la Corte Suprema de Justicia en los últimos fallos para asegurar la estabilidad e imparcialidad de los jueces; y constituye un grave retroceso en los mecanismos de participación popular para la evaluación de los candidatos”.