Inecip se presentó como Amicus Curiae (Amigo del Tribunal) en la causa contra la periodista Irene Benito ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
En la presentación, Inecip afirma que es “un caso de acoso judicial contra una periodista especializada en temas relativos a la administración de justicia (táctica conocida como “SLAPP” en el mundo anglosajón, que tiene por objetivo impedir la participación democrática en los asuntos públicos a la luz de la prensa independiente, bajo la excusa del sistema penal de justicia)”.
A su vez, especifica: “Como órgano judicial, este tribunal debe garantizar el ejercicio de libertad de prensa y de expresión, con el fin de la persecución judicial a la que se somete a la periodista Benito. Lo contrario, además del incumplimiento de obligaciones internacionales a las que se ha comprometido el Estado argentino implicaría profundizar los perjuicios, no solo para ella, sino para el resto del periodismo y de la sociedad”.
Tomando palabras de la Corte IDH, el Amicus Curiae resalta que el público pierde voces y puntos de vista relevantes pero “en particular, voces y puntos de vista de mujeres, lo cual, a su vez, deriva en un incremento en la brecha de género en la profesión periodística y ataca el pluralismo como elemento esencial de la libertad de expresión y de la democracia. (…) en el contexto de la región …de la existencia de un ‘fenómeno extendido de exclusión de las mujeres de la vida pública’ y una ‘escasa participación de las mujeres en la agenda de los medios de comunicación'”.
Recordamos que Irene Benito, periodista de La Gaceta de Tucumán que ha puesto al descubierto la ineficacia del MPF en la persecución del delito y la protección de las víctimas como también sonados casos de corrupción judicial, fue denunciada por el abogado Alfredo Falú en noviembre de 2020 por los delitos de atentado a la autoridad pública, administración fraudulenta y amenazas agravadas.
La denuncia fue “archivada” por la fiscal Mariana Rivadeneira en marzo de 2021 por inexistencia de los delitos y por falta de prueba, concluyendo con la exhortación a “proteger de ataques desmesurados e inverosímiles a derechos de raigambre constitucional tales como la libertad de expresión y particularmente la libertad de prensa”.
Sin embargo, un mes después la misma fiscal “desarchivó” la causa para finalmente acusar a Benito, tal como se lo pidió Falú. Además aplicó al caso el procedimiento escrito y secreto del viejo código, a pesar de que la denuncia es posterior a la entrada en vigencia del nuevo código que establece audiencias orales públicas. En este marco, se ha citado a la periodista como imputada sin comunicarle los hechos y la prueba por la que se la acusa.