A más de 30 años de recuperación de la democracia, todavía sobreviven estructuras del Estado que no se encuentran al servicio de la población sino al de sus propios intereses.
Que los organismos de inteligencia tienen sus propias prioridades, en muchas oportunidades en función de sus vínculos con otras agencias extranjeras, no es novedad. Que el presupuesto de la ex SIDE se utiliza para operaciones políticas, tampoco sorprende. Que pueden desviar y/o frustrar investigaciones judiciales, y hasta atentar contra la estabilidad institucional, lamentablemente, ya es una realidad incuestionable.
Por eso, llama poderosamente la atención que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo de la Nación envió al Congreso, aunque presenta algunos avances, en ninguna medida resuelve aquello que constituye el núcleo del problema: el nuevo diseño institucional no evita el avance del sistema de inteligencia sobre el sistema judicial, ni garantiza mejores niveles de transparencia y control.
Esto se resume en tres cuestiones centrales:
1- Intromisión en las investigaciones criminales: El proyecto de ley no elimina la excepción, que prevé la ley actual, para que los organismos de inteligencia puedan prestar auxilio a la justicia; cuando ha sido esta la vía para que éstos avanzaran sobre el sistema judicial, desvirtuando su trabajo específico y estableciendo relaciones promiscuas entre agentes de inteligencia, jueces y fiscales.
2- Transferencia de las escuchas, no se resuelve el problema sino que se generan otros: La nueva ley debería establecer un diseño institucional que distinga entre “escuchas de inteligencia” y “escuchas judiciales”. Las primeras deben quedar en el ámbito de la Agencia Federal de Inteligencia, reguladas por la ley de inteligencia. Las segundas es razonable que sean realizadas por medio de la Procuración General y sus pares provinciales, bajo las normas procesales que correspondan. En caso de mantener el traspaso de todas las escuchas, sin distinción por tipo, al ámbito de la Procuración General de la Nación, se corre el riesgo de ampliar aún más los ámbitos de influencia de la ex SIDE.
3- Traspaso del personal: El proyecto de ley no fija ningún mecanismo para que, por un lado, se revisen los antecedentes del personal en actividad; y, por otro lado, se deje la posibilidad de su puesta a disposición para evitar que su transferencia a la nueva agencia afecte el perfil profesional que se le busca dar.
Estas cuestiones no han sido resueltas en el proyecto, ni tampoco en el dictamen del Senado de la Nación, por lo que pueden malograr la futura ley. No se trata, por ende, de perfeccionar el proyecto, sino de resolver las fallas que condujeron a la situación actual. Y eso se consigue modificando tres artículos centrales de la ley (ver documento “INECIP: Sobre la reforma de la ley de inteligencia y la necesidad de establecer límites claros entre las tareas de inteligencia e investigación criminal”).
Nuestro país no puede darse el lujo de que la nueva agencia federal de inteligencia nazca viciada, sospechada de conservar en su seno personal adiestrado en la extorsión, el espionaje político y otras destrezas en absoluto compatibles con la vida democrática.
La clase política en su conjunto debe demostrar que está a la altura de las circunstancias, permitiendo y participando de un debate necesario para un tema tan sensible como el que los convoca. Si esto no ocurre, perderemos una oportunidad inédita para mejorar nuestra democracia y contribuir a reconstruir la confianza de la ciudadanía en las principales instituciones del Estado.